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jueves 30, julio de 2009

Macri pretende dejar a 292 familias en la calle

El diputado de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, presentó el martes pasado un amparo colectivo para que la Justicia declare inconstitucional el decreto del Gobierno porteño que suspende el subsidio a 292 familias alojadas en hoteles de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo, presentó este martes un amparo colectivo para que la Justicia declare inconstitucional el decreto 574/09, firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que dispone el cese del Programa de Apoyo Habitacional–Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles el próximo 16 de agosto.

En la presentación ante la Justicia se reclama que se declare inconstitucional los artículos 1º, 2º, 3º y 6º del decreto 574/09 y que se mantenga ese subsidio de pago de hoteles hasta que "se  brinde una solución habitacional definitiva" a las más de 1.100 personas afectadas.

También se solicita que el Gobierno porteño "controle y garantice la habitabilidad de los hoteles" donde están alojadas las 292 familias y que cumpla con la creación del Fondo de Emergencia Habitacional, previsto en el artículo 3º de la ley 1.408, como también se declare la inconstitucionalidad del recorte de 400 millones de pesos del presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad dispuesto por Macri. 

El Gobierno porteño "ha violado el principio de no discriminación e incumplido con su obligación de proteger en forma prioritaria a un grupo de los más vulnerables de la sociedad" y  "no ha garantizado la habitabilidad y la disponibilidad de los servicios básicos y necesarios para el goce de una vivienda adecuada y una vida digna", tal como establece la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se destaca en el amparo colectivo que firman varias de las personas afectadas por el decreto de Macri.

También se señala que el decreto cuestionado "al disponer el cese del Programa de Apoyo Habitacional y el otorgamiento de un subsidio único ha lesionado el derecho a la seguridad jurídica en la tenencia de una vivienda de la que gozaban los integrantes del colectivo afectado y el derecho a la estabilidad habitacional. Ha supeditado el Programa a un límite temporal y no a la necesidad de los integrantes del colectivo".

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