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martes 11, agosto de 2009

Se define el destino de Catalinas Norte

Finalmente, este lunes se realizó la audiencia pública para tratar el proyecto macrista que dispone la venta de predios ubicados en Catalinas Norte para financiar la compra de inmuebles para colegios en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto del jefe de Gobierno Mauricio Macri establece la desafectación del dominio público de la Ciudad de los inmuebles ubicados en Catalinas Norte, “Puerto Madero” sobre la Avenida Eduardo Madero 1014/20, Eduardo Madero1180 y Avenida Leandro N. Alem 815, se declaran innecesarios, se dispone su enajenación y se aprueba su venta en subasta pública.

La iniciativa apunta a  rezonificar la zona -de 14.155 metros cuadrados- para permitir la construcción de torres de hasta 155 mil metros cuadrados y con los ingresos de las ventas invertir en la compra de inmuebles para la construcción de escuelas.

Según las estimaciones del Banco Ciudad, el negocio podría rondar en los 70 millones de dólares, aunque cálculos privados hablan incluso de hast 500 millones de dólares.

La aundiencia incial pactada para el 3 de julio pasado, había sido suspendida por orden del juez Roberto Gallardo Gallardo a raíz de una medida cautelar presentada por el diputado Eduardo Epszteyn, quien consideró que en el decreto de convocatoria se hacía mención a los primeros cuatro artículos de la norma sancionada y no a aquellos que establecen los cambios de zonificación.

La Audiencia fue presidida por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alvaro Gonzalez, a quien acompañan los legisladores Martín Ocampo y Fernando de Andreis (PRO) y los diputados del Frente para la Victoria, Christian Asinelli y Silvina Pedreira.

También participaron  vecinos y organizaciones barriales, de los cuales hablaron 44 representantes y ocho expositores, entre los que figuraron la diputada porteña Patricia Walsh; al director General Dirección General de Administración de Bienes, Javier Ibáñez; al doctor Ezequiel Sabor; al subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, Andrés Ibarra; al subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri; al arquitecto Antonio Ledesma; al dirección General de Planeamiento, Pablo Andrés Ibáñez, y a la titular del INADI, María José Lubertino.

Las críticas apuntaron a dos ejes, por un lado, el colapso de la infraestructura urbana por la aumento vertiginoso de la población que traería aparejado el emprendimiento, alrededor de 33.400 habitante y casi dos mil vehículos circulando por hora sobre Eduardo Madero.

Por toro  lado, se objetó la venta de terrenos públicos; en este sentido el ex funcionario Javier García Elorrio sostuvo:  “Si el gobierno quiere comprar escuelas no tiene que vender tierras públicas, tiene que bajar el gasto innecesario en cargos y nuevas dependencias que esta creando para darle trabajo a sus punteros políticos”.

En la misma línea el diputado kirchnerista Juan Cabandié cuestionó la utilización del dinero, señalando que "nos quieren hacer creer que la educación necesita de esta especulación inmobiliaria", y definió el emprendimiento como "un negocio que va a beneficiar a unos pocos grupos inmobiliarios".

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alvaro González, explicó que "esta ley modifica la capacidad constructiva de esas tres parcelas, otorgándoles la posibilidad de que se desarrollen en altura y concediéndoles un destino para diversos usos. Esto le añade a estos lotes un valor agregado que quedará en manos de la Ciudad y no de dueños particulares como sucedió en otras épocas".

Desde la Unión de Vecinos de Buenos Aires también se levantaron cuetionamientos a la norma.  Una de las representantes vecinales, Susana Loria rechazó la iniciativa “porque significa la venta de tierras publicas para beneficio de negocios privados, modalidad también presente en otros sectores como la Traza Ex AU3 de Villa Urquiza y Villa Ortúzar".

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