Los legisladores Gabriela Alegre, Raúl Puy y Juan Cabandié, acompañados por la también legisladora Patricia Walsh, presentaron un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad por la utilización indebida del campo de deportes de la ex ESMA por parte de diferentes instituciones educativas porteñas.

En el 2004, se firmó un convenio entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad por medio del cual se cedió el terreno donde se encuentran emplazados los edificios de la ex ESMA fue cedido a la Ciudad para la creación del Espacio para la Memoria.  Pero en la resolución no se hacía mención al  campo de deportes quedó que aún continúa en manos de la Armada.

Los legisladores insistieron en que se aclare cuál es la situación del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Deportes respecto a la utilización indebida del predio. En este sentido, Alegre y Puy le exigieron a Mauricio Macri la presentación del listado de los establecimientos educativos de gestión privada que realizan actividades deportivas y de recreación en el lugar.

El pedido se suma a la inspección ocular realizada por los diputados junto a la
defensora adjunta del pueblo, Graciela Muñiz, y a la legisladora Patricia Walsh, querellante en la causa por su padre, el escritor y periodista Rodolfo Walsh.

Según explicó Puy,  “En este predio el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, viene realizando un trabajo sobre la búsqueda de restos óseos”.

Al respecto, Alegre manifestó que “la continua actividad deportiva dificulta el hallazgo de pruebas si tenemos en cuenta que el terreno es utilizado por universidades, escuelas y empresas privadas para realizar competencias”.