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miércoles 14, octubre de 2009

El Observatorio de Derechos Humanos reclama la disolución de la UCEP

Luego de presentar una denuncia penal contra la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la inmediata disolución del grupo por considerar que se trata de “un organismo clandestino y violatorio de los derechos humanos que funciona de forma ilegal en el ámbito del gobierno de la ciudad”.

La denuncia fue radicada el 8 de octubre en la Fiscalia de Instrucción 13 - Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría 169, en el marco de una causa ya existente caratulada "Macri Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos".

La presentación fue acompañada por cinco casos testigos donde se evidencia el violento accionar del organismo: un desalojo de familias en Parque Lezama, el desalojo de la Huerta Orgazmika en Caballito, el desalojo de puestos ambulantes en Costanera Sur, un desalojo de personas indigentes en San Cristobal y el desalojo de una persona indigente en Constitución.  El video puede verse en la página del Observatorio (www.observatorioddhh.org.ar).

La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP),fue creada el 29 de octubre de 2008 por intermedio del decreto 1232/08 firmado por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El organismo, fuera de nivel, comenzó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad a cargo de Juan Pablo Piccardo con el objetivo de liberar el Espacio Público. Al parecer,  a cualquier precio.

La mayoría de sus violentas intervenciones, caracterizadas por métodos patoteriles,  ocurren por la madrugada y en la zona sur de la ciudad.  Los integrantes de la UCEP se maneja con un absoluto desconocimiento de los más elementales derechos humanos de sus víctimas, casi siempre  personas vulnerables en situación de calle u ocupantes de viviendas intrusadas.  Actuando como grupo de tareas clandestino del Gobierno porteño, los desalojos en espacios privados se llevan a cabo sin orden judicial.

Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 y 248 del Código Penal de la Nación: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se han registrado quince denuncias de víctimas de la UCEP.

Desde el  Observatorio de Derechos Humanos solicitan la inmediata disolución del  organismo. Para ello, están sumando firmas al petitorio que será enviando al Jefe de Gobierno, exigiendo que haga efectiva la disolución. Todos aquellos que quieran firmar pueden escribir a observatorio@observatorioddhh.org.ar

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