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viernes 16, abril de 2010

Pierini presentó un proyecto para regularizar la actividad de los cuidacoches

La defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, presentó un proyecto de ley para reglamentar el trabajo de las personas que cuidan coches mediante la implementación de un registro que regulará la actividad y evitará la formación de las mafias que lucran con el trabajo de los demás. 
 

A raíz de la polémica que desató la pretensión oficial de igualar vulnerabilidad social con criminalidad a través de la modificación del Código contravencional que legaliza la persecución de cuidacoches, limpiavidrios y piqueteros,  la defensora del Pueblo presentó un proyecto de ley en la Legislatura que apunta a la regularización de la actividad de los llamados “trapitos”.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) denunciaron que la modificación del Código es inconstitucional, viola los derechos a la igualdad y libertad y desvía la atención que merece hoy la política de seguridad en la Ciudad.  “Darle seguridad a los vecinos no es despejar de pobres al espacio público. Pensarlo así es propio de gobiernos antidemocráticos, represivos, arcaicos e ineficientes”, señalaron.

Según informó Pierini a Página 12, “el proyecto lo había trabajado antes de que el gobierno presentara el suyo, y lo único que me faltaba era pulirlo. Lo presenté ante la Comisión de Justicia de la Legislatura porque tengo atribuciones para hacerlo como un diputado más. Aunque también debería tratarse en la Comisión de Tránsito y Transporte, porque involucra a los cuidacoches”.

La iniciativa presentada por la Defensora de Pueblo propone regular el trabajo de los ciudacoches en lugares no prohibidos con pago solidario mediante la creación de un registro donde figuren los permisionarios con sus datos personales, domicilio acreditado, zonas y horarios adjudicados, la cantidad de cuidacoches que serán necesarios por cuadra  y los turnos a cubrir.

De esta forma, la norma busca acabar con los negocios que se conforman en torno a la actividad y que perjudican a la mayoría de los que la llevan adelante por falta del debido control estatal. 

El segundo de los cuatro artículos que componen el proyecto define  la actividad de los cuidacoches como “la cooperación con el automovilista o motoquero para ubicar su vehículo en zona permitida, la permanencia en las proximidades de dicho estacionamiento para impedir daños a los vehículos y el compromiso de solicitar auxilio a la fuerza pública en caso de observar riesgo de delito en la zona”.

En los fundamentos del proyecto,  Pierini deja en claro que “la penalización no puede ser la primer opción ciudadana” y, en la misma línea,  el ODH señaló que “tanto el derecho a la seguridad como el reclamo a su garantía son legítimos desde toda perspectiva, pero no debe suponer nunca que para que estos sean efectivos se deba vulnerar derechos de otros”.
 

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