Los jueces del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario: Elena Liberatori, Guillermo Scheibler y Roberto Gallardo fueron denunciados por el Gobierno porteño ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por “conflicto de poderes” a raíz de las  medidas cautelares que los magistrados dictaron contra el nombramiento de la fiscal Daniela Bruno Ugolini como jueza del máximo Tribunal.

Un día antes de la Audiencia Púiblica, pautada para mañana en la sede del Tribunal,  los jueces Gallardo y Liberatori junto a legisladores de la oposición y organizaciones sociales realizarán una conferencia de prensa para denunciar las maniobras del macrismo para sacar de carrera a los jueces del Fuero Contencioso Administrativo que no han sido indulgentes con su gestión.

Bajo el lema un “día de luto de la Justicia independiente”, el gremio de los judiciales (UEJN) decorará de negro el edificio de Avenida de Mayo 761 y diferentes gremios y sectores políticos enviarán ofrendas florales al lugar donde, a partir de las 15, los jueces denunciarán un “nuevo intento disciplinador del Gobierno de la Ciudad que busca amordazar a los jueces y evitar sus tareas de control institucional”.

Los jueces habían cuestionado irregularidades en el procedimiento de designación de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Macri  para reemplazar al panelista Julio Maier en el TSJ.  El  nombramiento también había sido impugnado por organizaciones defensora de Derechos Humanos y por la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Durante su gestión en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la fiscal Ugolini emitió numerosos dictámenes favorables al PRO: se pronunció contra la remoción de las placas con los nombres de las autoridades de gobierno de facto, en contra de darles viviendas definitivas a los habitantes de Villa Cartón, a favor de la intervención de la Obsba y de los 2400 despidos con los que desembarcó Macri.

En el medio de las denuncias, el propio Macri se acercó al TSJ para zanjar las controversias en torno al nombramiento. Luego de la “visita” el máximo Tribunal ordenó secuestrar todos los expedientes y se salteó la segunda instancia de apelación, en lo que para muchos constituye el primer per saltum de la historia de la Justicia porteña.

Para asegurar su maniobra el Ejecutivo reunió los votos necesarios en el Poder Legislativo para que también se presentara como querellante y solicitaron al Alto Tribunal que los jueces de primera instancia no puedan ejercer las funciones de control y garantías en los casos de nombramientos para el TSJ.

Mañana las partes deberán verse la cara en la Audiencia Pública, donde hablarán los jueces, el procurador Monner Sans y, por la Legislatura, el docente de derecho de la Universidad Católica Alfonso Santiago. También podrán intervenir otros sectores que se presenten como amicus curiae. Diversas organizaciones territoriales se movilizarán a la sede del Tribunal y un grupo de curas villeros tienen pensado hacer una misa en la puerta del edifico  “para bendecir a los jueces acusados antes de que entren al cadalso”.

Por su parte, los diputados Julio Raffo y Rafael Gentili de Proyecto Sur presentaron un proyecto de resolución por el cual el Poder Legislativo, representado por el vicepresidente 1º de la Legislatura , Oscar Moscariello, deberá "desistir de manera incondicional de la demanda promovida contra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por conflicto de poderes", figura con la cual el macrismo pretende disciplinar a los jueces y vedarles el control de constitucionalidad de los actos de gobierno.