La jueza Margarita Braga aceptó el pedido de desalojo presentado por el síndico Rafael Benjar y ordenó hacer efectiva hoy la medida en el edificio ubicado en la avenida Boedo 1959, a metros de la avenida Chiclana.

"Las familias tomaron la decisión de resistir la medida, ya que no tienen otro lugar para vivir y nadie se acercó a ofrecerles una solución a si situación", explicó a Télam Carlos Bénitez, comunero de esa zona.

"La Legislatura intervino y recomendó que atendieran a estas familias en el marco de la ley 341 de créditos particulares para estos casos, pero todavía eso no se hizo efectivo", agregó.
 

Entre los vecinos damnificados hay unos 37 niños, niñas y adolescentes. "Estamos realizando un censo de las familias y esperando que llegue una solución, pero por ahora la decisión es resistir el desalojo", señaló.

El edificio pertenece a la constructora San Sebastián Propiedades S.A., cuyos propietarios estafaron a más de 500 familias, hace 17 años, compradoras en varios edificios que nunca fueron terminados. Veinticuatro de esos damnificados son los que promovieron el juicio que hoy deriva en el pedido de desalojo del inmueble de Boedo. Por otra parte, muchas de las personas que habitaban el edificio eran obreros que trabajaron en la construcción del mismo y, según argumentan, fueron “autorizados por la misma empresa –en aquel momento– a permanecer en el lugar”.