Por Cristina Pérez

para la Cooperativa E.B.C.

 

Su despacho, austero, forma parte del espacio destinado a la memoria, en el edificio en el que funcionó la Esma. Lo que podría ser un dato irrelevante, en su caso se convierte en un dato político insoslayable. Martín Fresneda, el “Ñato, es hijo de desaparecidos, busca a un hermano o hermana apropiado y su abuela, Otilia Argañaraz, fue dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo hasta su muerte.

El titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación forma parte de ese grupo de jóvenes que levantaron las banderas de la verdad y la justicia ante la desaparición de sus familiares y que, desde entonces, mantuvieron viva la memoria colectiva. Hoy, como funcionario, es referente de una nueva camada de dirigentes. Desde su llegada, apuesta a profundizar la reconstrucción de la memoria colectiva pero con un anclaje en el presente.

 

- Hay una recuperación de una matriz de pensamiento y una forma de hacer política desde el sentimiento. Néstor Kirchner detectó ese espíritu en una nueva generación que nos reincorporamos después de haber estado frustrados en los ´90. Lo hicimos con muchas ganas de trabajar y con un sentido de lo público que vino a confrontar con aquel perfil de la clase política neoliberal. Al mismo tiempo es incorporar en la gestión pública un vagaje de luchas y experiencias que fueron positivas en esos años. Da cuenta que el proyecto es colectivo. Poder pensar políticas hacia los sectores más postergados y ampliar sus herramientas en el marco de un Estado diferente es nuestra tarea.

 

- Nos toca vivir una etapa que, en un punto, empieza a concluir, en términos de Justicia. Pero esta etapa no es de cierre; nos permite construir este puente de autoridad moral, ética de un Estado con fortaleza, para empezar a resolver conflictos que son propios de una democracia que tiene 30 años. Hay problemáticas que pueden tener una raigambre en estructuras que no han podido ser del todo saneadas y forma parte de la gestión de esta Secretaría avanzar en ese sentido.

 

-Otro eje es todo lo que hace a la creación e incorporación de los nuevos derechos y la estandarización, de acuerdo a los parámetros internacionales, en las provincias. Como es el caso, en materia de niños/as extraviados/as o que son víctimas de trata o en conflicto con la ley penal que exige que tengamos políticas específicas para abordarlo. Asimismo, estamos empezando a implementar proyectos con las universidades para trabajar sobre los derechos económicos, sociales y culturales en los distintos sectores y establecer mecanismos que nos indiquen alertas tempranas de posibles conflictos, entre ellos violencia institucional, violencia de género, conflictos con pueblos originarios y campesinos.

 

-El debate acerca del rol de la Justicia estuvo postergado durante mucho tiempo. Hoy tenemos más confianza en esta democracia y poner en debate qué piensa la sociedad de nuestra Justicia es oportuno y necesario. Hay una parte de la Justicia que perdió el vínculo con la sociedad, el termómetro de los conflictos sociales, de las necesidades de la gente y siguen con una biblioteca del juez distante, objetivo y con una perspectiva de imparcialidad divorciada del dolor de su gente. No hablo de todos los jueces y fiscales, sino del sistema en general, una estructura que pareciera que debe persistir en el tiempo y que debe ser intocable. Es la política, la única que puede resolver esto.

 

-Las corporaciones judiciales arrastran una matriz de pensamiento autoritario y creen que no se les puede discutir nada. ¿Pero cómo no vamos a hacerlo si sus fallos, muchas veces, son vergonzosos? Los fallos deben ser herramientas de transformación y de mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Los fallos sobre lesa humanidad deben ser herramientas pedagógicas para llevar adelante el sueño del nunca más. En cambio, el caso de Marita Verón es vergonzante. Esta es la etapa de la igualdad, en la que debemos romper las asimetrías.

 

“No tenemos vinculación con la Ciudad de Buenos Aires porque el Ejecutivo actual ha dispuesto no continuar con la política de derechos humanos que tenía la gestión anterior. La única que subsiste es el programa de niños extraviados. Es muy complejo trabajar articuladamente, incluso cuando nosotros queremos avanzar en la construcción de una perspectiva de memoria o de ampliación de derechos, nos encontramos con que en la Ciudad hay un proyecto que los sigue restringiendo desde una doctrina ya agotada incapaz de dar respuesta a los conflictos. Si no existe la colaboración y la puesta en común de los valores intrínsecos a la condición humana es muy difícil poder resolverlos. Son dos proyectos políticos antagónicos; en la Ciudad tenemos aquel que fracasó en los ´90 y que ha sido elaborado para un sector muy reducido, con fuerte injerencia de los grupos económicos que, a su vez, tienen gran injerencia en la voluntad popular”.