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lunes 16, septiembre de 2013

Prioridades cambiadas

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció al  Gobierno porteño por retirar casi 90 millones de pesos de las partidas presupuestarias que destinó inicialmente a vivienda y alimentación para asignarlas a otras áreas.


Prioridades cambiadas
El organismo indicó que “durante este año se observó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reasignó de manera sistemática partidas presupuestarias destinadas a la protección de los sectores sociales de mayor vulnerabilidad social, los cuales deberían tener un tratamiento preferente por parte del Estado local”.
 
Según un informe de la Defensoría, la administración macrista le recortó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo encargado de resolver el déficit habitacional “un total de 62.500.000 de pesos”, mientras que también se “quitaron de los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social 20.000.000 de pesos, que se asignaron a la Actividad Central del Ministerio”.
 
“Como consecuencia de ello, se limitó el alcance de políticas públicas enderezadas a garantizar el derecho a la alimentación y a la vivienda, en contradicción con lo pautado por el cuerpo legislativo porteño”, añadió el informe.
 
A la hora de detallar, señalaron que, “mediante la Resolución número 337/MHGC/13, se remitieron $27.500.000 que la Legislatura había otorgado al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), bajo el programa “Hotelados”, a la Dirección General de Obras de Ingeniería y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado”.
 
“Esa norma también disminuyó en $70.000.000 los fondos del Programa Ciudadanía Porteña y en $20.000.000 el Programa de Rehabilitación y Puesta en Valor de Conjuntos Urbanos del IVC que fueron redireccionados a la Subsecretaría de Emergencias para cubrir las erogaciones correspondientes a subsidios especiales para personas afectadas por una inundación”, explicaron.
 
En el documento también se denunció que “por el mismo medio se redujo una suma de 15.000.000 de pesos del presupuesto del IVC y se incorporó al de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio”.
 
Asimismo, por intermedio de la Resolución número 582/MHGC/13, la administración porteña recortó un total de 10.000.000 de pesos del Proyecto, “ACUMAR” (el cual incluye el saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la urbanización de villas y asentamientos en riesgo ambiental) y los dispuso al denominado “Mejoramiento Entorno Distrito Gubernamental”.
 
“Es preciso destacar que los programas habitacionales en los que hubo disminuciones presupuestarias son cruciales. En ese sentido, el Programa de Conjuntos Urbanos está destinado a resolver las deficiencias estructurales y de servicios que padecen estos complejos donde habitan más de 40 mil familias y que, a su vez, se encuentran amparados por distintas leyes de emergencia habitacional”, remarcó la Defensoría porteña.
 
En tanto, según consta en el Anexo de la Resolución número 798/MHGC/13 y en el Anexo correspondiente a la Resolución 904/MDSGC/13, se restringieron 5.000.000 de pesos del presupuesto del Programa Ciudadanía Porteña, fondos que se reasignaron en distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social, y en otros $4.000.000 que fueron destinados al Programa de Asistencia Socio Habitacional.
 
“Finalmente, en el marco de esta última Resolución, el Gobierno de la Ciudad efectuó la reasignación más significativa, ya que destinó $134.800.000 correspondientes al Programa Ciudadanía Porteña a otros programas del Ministerio de Desarrollo Social que no consisten en la transferencia directa de recursos a la población destinataria de la política pública”, precisaron.
 
En ese sentido, se detalló que de ese total, 65.000.000 de pesos se destinó a Fortalecimiento de Grupos Comunitarios y 28.000.000 de pesos a Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, entre otros ítems.
 
Dado que durante el presente ejercicio “se recortaron en total $213.800.000 al Programa Ciudadanía Porteña”, se destaca que se trata de una operatoria de transferencia directa de
recursos que tienen distintos objetivos.
 
Entre ellos enumeraron el de sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios, promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos.
 
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo denunció en reiteradas oportunidades que “el Ejecutivo porteño cerró la inscripción directa de beneficiarios, situación que obligó a los ciudadanos a solicitar su incorporación al Programa de Seguridad Alimentaria Ticket Social, que otorga un monto acotado que no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de los grupos familiares”.
 
Fuente Télam
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