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jueves 2, octubre de 2014

Presentan un amicus contra la criminalización de dos referentes sociales del Indoamericano

El CELS y la Asociación de Pensamiento Penal (APP) se presentaron como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires en la causa que investiga a Diosnel Pérez y Leonardo Nardulli por el delito de usurpación durante la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010.

Presentan un amicus contra la criminalizacin de dos referentes sociales del Indoamericano

El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires acusó a estos referentes sociales de haber planificado y organizado la ocupación del predio. A fines de 2013 la jueza en lo Penal y Contravencional, Maria Gabriela López Iñiguez, sobreseyó a Pérez y a Nardulli y señaló que el conflicto puede ser resuelto por canales institucionales sin la intervención de la justicia penal. Enfatizó que en este caso “existía un innegable reclamo de base relativo a la insatisfecha necesidad de lograr un acceso legal a la vivienda digna por parte de sectores vulnerables”. La fiscalía apeló esta decisión y la Cámara de apelaciones revocó el sobreseimiento.

El amicus del CELS y la APP resalta la necesidad de no criminalizar este tipo de conflictos y encausarlos en la mediación política y la articulación de las distintas agencias estatales y enfatiza la necesidad de que el Estado dirija sus esfuerzos a resolver la grave crisis habitacional de la ciudad y a no utilizar la vía penal para disuadir las protestas.

Mientras la justicia porteña avanza con la criminalización de Nardulli y Pérez, la impunidad por las muertes en la represión del Parque Indoamericano continúa. En julio, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el operativo de desalojo del Indoamericano en el que fueron asesinados Bernardo Salgueiro, Rossemary Chura Puña y Emilio Canaviri Alvarez.

Cuatro años después, las familias que participaron de la toma continúan sin tener garantizado su derecho a un hábitat digno. El 23 de agosto pasado, un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y Policía Metropolitana desalojó el barrio Papa Francisco y detuvo a referentes de la zona. Este hecho mostró que persisten los problemas que dieron lugar a la toma en 2010 y un retroceso en los modos de gestión política del conflicto social y la actuación policial en esas situaciones. Al igual que en el Indoamericano las autoridades de la ciudad criminalizaron la toma y el Poder Judicial detuvo a referentes barriales.

Estos hechos muestran que es necesario no criminalizar las protestas sociales y reafirman la necesidad de investigar y sancionar el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad.

Fuente: CELS
 

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