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miércoles 22, octubre de 2014

Nuestra tierra

Luego de años de exigir que relocalización no implique desarraigo, los vecinos de la villa 21-24 lograron que la Legislatura apruebe la transferencia de cinco predios a la Ciudad con el fin de construir viviendas para completar el traslado de 1300 familias, dentro de la misma comuna. Por Martina Noailles

 Nuestra tierra

 

El pedido se repitió en cada mesa de trabajo. “Queremos mudarnos pero dentro del barrio. Aquí tenemos nuestros trabajos, escuelas, salitas… nuestras familias”, argumentaban ante el Gobierno porteño que insistía en relocalizarlos al borde de la General Paz. Finalmente, tres años después, los vecinos que pueblan la orilla del Riachuelo, en la villa 21-24, vieron un resultado concreto a tanto reclamo: La Legislatura dio aprobación inicial a una ley que establece la transferencia al IVC de cinco predios que están cerca de la villa para que allí se construyan viviendas para las más de 1100 familias que aún no fueron relocalizadas como ordenó la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, la Ciudad mudó tan sólo a 117 de ellas al complejo Padre Mujica que está en Castañares y General Paz, a muchos kilómetros de Barracas.

El optimismo y la esperanza están”, arranca Mario Gómez, delegado de la manzana 29. Y enseguida aclara: “El Gobierno de la Ciudad no quería saber nada con que las familias se instalen en la Comuna 4. Pero nosotros no dimos el brazo a torcer y sostuvimos que la relocalización debía ser en el lugar de pertenencia. Si no, era una erradicación encubierta”. Tanta fue la convicción que pusieron vecinos y delegados en la mesa de trabajo que fueron ellos mismos los que rastrearon posibles terrenos, los relevaron –algunos eran de la misma Ciudad que los tenía cedidos a empresas- y los pusieron en valor. “Si paramos la erradicación en dictadura, en democracia más aún. Acá tenemos nuestra historia, generamos nuestra identidad, son varias generaciones…”, dice Gómez, quien desde hace 40 años vive en villa 21-24.
 
El proyecto que votó la Legislatura lleva la firma de los diputados del PRO Karina Spalla, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, y Cristian Ritondo. Pero no es más que el atrasado cumplimiento a lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada Causa Mendoza, donde el Estado porteño sólo relocalizó a menos del 20 por ciento de las familias. La obligación de la Ciudad es poner a disposición los terrenos. En tanto que el Gobierno nacional debe aportar el dinero para la construcción.
Es un avance –reconoce Sergio Lira, delegado de la manzana 29-, pero todo es demasiado lento debido a la inacción del juez de la causa que no toma resoluciones que apuren el proceso”. Lira considera que el plan debe ser integrador y “que, más allá del saneamiento ambiental de los 35 metros de sirga, se abarque hasta Osvaldo Cruz instalando los servicios como corresponde y abriendo calles. Esa es una pelea que tenemos que seguir dando”.

Mario Gómez coincide: “Esto es un triunfo histórico para nosotros y debe traer otras implicancias. Luego de la relocalización de la sirga debe generarse el impulso para trabajar de una vez por todas la urbanización con integración de la toda la villa 21-24”.

El próximo e inmediato paso es que esta ley inicial supere la audiencia pública y sea aprobada definitivamente por los diputados porteños. En tiempos razonables que resguarden los derechos de los vecinos. Y que luego, rápidamente, se comience a construir. Los plazos ya están vencidos. Y el proyecto de ley de Presupuesto 2015, enviado por el Gobierno porteño a la Legislatura, prevé destinar 780 millones de pesos para viviendas y urbanizaciones, un número aún menor al de este año, que fue de 958,08 millones, el más bajo de la historia. Los delegados lo saben y no bajarán la guardia. La pelea aún no terminó.
 
 

 

 

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