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lunes 10, noviembre de 2014

Quince familias que iban a ser desalojadas de un conventillo de la Boca se convirtieron en propietarias

A raíz del fallo del juez Gustavo Caramelo del juzgado Civil 1 y la intervención de las Defensorías General de la Nación y de Menores, quince familias que integran la cooperativa “Crecer en Ministro Brin” se convirtieron en propietarias del edificio del que iban a ser desalojadas.  Una resolución ejemplar que priorizó el derecho a una vivienda digna.

Quince familias que iban a ser desalojadas de un conventillo de la Boca se convirtieron en propietarias

El fallo del 9 de junio del juez Gustavo Caramelo, confirmado por la Cámara Civil, es el primer precedente en la justicia civil que aplica los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desalojos establecidos por las Naciones Unidas.

"La compra del conventillo por parte de las familias que viven en el edificio de Ministro Brin (1257) hace 30 años es inédito, porque el juez logró sentar a la mesa a todos los actores para llegar a una solución definitiva", contó Sebastián Tedeschi, coordinador del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de de la Nación.

El defensor explicó que hasta este momento "el criterio que primaba era la especulación inmobiliaria, que presionaba para el desalojo de familias que alquilaban informalmente las propiedades".
Pero la resolución 1.119 de 2008, en el marco de la política impulsada por la Defensoría General, "fue ejemplar porque habilita a los defensores de menores para que intervengan en casos de desalojos donde hay niños", sostuvo.

El proceso, que comenzó en 2009 con las primeras intimaciones de desalojo, terminó el lunes pasado con la firma del boleto de compraventa y la entrega de la escritura a nombre de la cooperativa de vivienda "Crecer en Ministro Brin", creada por los vecinos para afrontar la compra del edificio.

"Estamos muy contentos, ya firmamos la escritura y ahora nos tienen que llegar los títulos de propiedad. Nosotros nacimos acá en el barrio y no nos queremos ir, esperamos que nuestra experiencia sirva para que otros vecinos que estén en situaciones parecidas puedan solucionarlas de la misma manera", dijo a Télam Osvaldo Vargas, uno de los integrantes de la cooperativa.

Vargas, quien vive en el inmueble con su hijo, contó que "gracias a que nos movimos e hicimos trámites conseguimos que nos otorgaran préstamos y subsidios y tras varias audiencias llegamos a un acuerdo. Nosotros nos movimos y conseguimos ser propietarios, pero también estamos muy agradecidos al juez Caramelo", subrayó.

Claudia, otra de las vecinas, dijo que "todavía falta mucho por arreglar, pero al menos ahora podemos dormir tranquilos: nos querían desalojar desde 2009, todavía no caemos con lo que está pasando; este edificio fue comprado en un remate y lo vendieron con nosotros adentro".

Romina, quien vive en el conventillo con sus hijos de diez meses y cuatro años, celebró que recibieron "ayuda de mucha gente, pero principalmente del juez. Gracias a él pudimos confirmar la cooperativa en menos de cuatro meses y eso fue fundamental para que nos dieran los créditos para comprar el lugar. Caramelo nos cayó del cielo y nunca permitió que fuéramos a paradores".

La defensora de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y Laboral, Ana María González de Verrastro, quien intervino en todas las audiencias, consideró que el resultado fue posible "por el compromiso constitucional del juez y la calidad y solidaridad de los propios vecinos".
"En ese fallo la justicia civil hizo lo que en general no hacen los jueces cuando hay un desalojo: obligar al Estado a garantizar una vivienda digna para las familias que quedan en situación de calle", dijo Tedeschi.

El juez convocó a todos los actores y llamó a los representantes del gobierno nacional, a través de la Secretaría de Hábitat, y de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y al Ministerio de Desarrollo Social para garantizar ese derecho.
Hábitat de Nación colaboró con la conformación de la cooperativa y el gobierno de la Ciudad debió pagar el embargo por negarse a colaborar al finalizar el acuerdo.

Así, con el dinero de dos créditos individuales (Ley 341) que habían sido adjudicados a dos familias y las diez cuotas correspondientes al subsidio habitacional del decreto 960/08 de las 13 familias restantes se logró reunir la suma y pagar el inmueble.

Fuente: Télam

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