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lunes 17, noviembre de 2014

Mariano Ferreyra: el móvil económico

Una investigación sobre el papel de los dirigentes sindicales que enviaron a la patota a Barracas para garantizar un negocio millonario, amenazado por el pase a planta de los tercerizados. Más precarización, más ganancia para el gremio y las empresas. Por Ezequiel María

 

 Mariano Ferreyra: el mvil econmico

Mariano Ferreyra fue asesinado en el barrio de Barracas el 20 de octubre del 2010. El móvil del crimen contra el joven militante del Partido Obrero involucra al Estado, las empresas gerenciadoras del Roca y a la Unión Ferroviaria (UF), el gremio dirigido por José Pedraza y Juan Carlos Fernández. Cuando Mariano recibió el disparo en el pecho participaba de un corte de vías en la Línea Roca en la que se exigía el pase a planta permanente de obreros precarizados por una cooperativa que dependía, justamente, de la Unión Ferroviaria.

 
Además del lazo entre empresarios y sindicalistas, el complejo circuito de subsidios y el crecimiento exponencial de la tercerización en los ferrocarriles son claves para comprender el interés de un sindicato por acallar el reclamo de un grupo de trabajadores. Incluso a los tiros.
 
En 2010 los tercerizados representaban cerca del 30% de la masa asalariada del Roca y sus sueldos eran pagados con parte del subsidio millonario que el Estado le daba a la unión de empresas gerenciadoras del ferrocarril. Pero este es solo el comienzo.
 
La tercerización
 
En el caso de los ferrocarriles, el proceso de la tercerización como forma de organización empresarial que permite aumentar las ganancias con graves consecuencias para los trabajadores, comenzó luego del gerenciamiento en manos de empresas privadas durante la década del noventa.
 
Desde que la UGOFE -compuesta originalmente por Metrovias, Ferrovias y TBA- tomó el control del Roca en julio de 2007, la tercerización creció sin límites. La cúpula del sindicato UF participó de este proceso, por ejemplo, con la firma de un acta el 16 de octubre de 2007 según el cual se permitía la contratación de empresas tercerizadas por un plazo de 90 días, período que fue prorrogado varias veces, con el pretexto de mejorar el servicio de la línea.
 
Desde ese momento comenzarían a ser proveedoras de servicios 12 empresas (Herso SA, Confer SA, Cooperativa Unión del Mercosur, Ecocred SA, Sehos SA, entre otras) que empleaban a más de 1500 trabajadores.
 
Cooperativa Unión del Mercosur
 
Con el auge de la tercerización en el Roca, fue cobrando protagonismo la Cooperativa Unión del Mercosur como una de las principales proveedoras de la UGOFE. Con sede en el mismo edificio que la Unión Ferroviaria, la cooperativa contaba con cerca de 150 empleados. Varios de los testigos que declararon en el juicio por el crimen de Ferreyra contaron sobre los vínculos de esta cooperativa con la cúpula del sindicato. Omar Merino, trabajador del Roca, señaló que Unión del Mercosur “es de Pedraza, sabemos que el dueño es Pedraza” y agregó: “Es una contradicción enorme. Está para defender los intereses de los trabajadores, y la realidad es él que los está negreando porque los hace trabajar bajo otro convenio, con un sueldo dos veces menor al que ganan los ferroviarios”
 
Otro dato clave para entender la relación de la cooperativa con Pedraza y Fernández lo explicó el abogado querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Maximiliano Medina, quien señaló que “en ella (Unión del Mercosur) trabajaban la cuñada de Pedraza, Graciela Coria y su hijo (sobrino de Pedraza), Leandro Sorrón”. Medina también expuso en su alegato la relación como asesores de la cooperativa de Susana Planas, amiga íntima del matrimonio Pedraza y, Ángel Stafforini, contador del sindicato. Ambos, junto con Pedraza, están procesados por la causa que investiga los intentos de sobornos a la sala 3 de Casación Penal para salir en libertad.
 
Además el abogado detalló durante el juicio que varios directivos de la mesa nacional del gremio eran asociados de la cooperativa. Como señaló el sindicalista opositor a la conducción de la UF, Rubén “el pollo” Sobrero, el control de la cooperativa estaba en la cúpula de la dirección nacional del sindicato: “Eran patrón y gremio”
 
De los 66 millones mensuales (a octubre del 2010) que recibía la UGOFE para los gastos operativos del ferrocarril 1.980.000 pesos eran destinados a pagar los contratos que tenía con la Cooperativa Unión del Mercosur.
 
Un negocio redondo
 
Para comprender el circuito del dinero y la forma en la que un sector del sindicalismo se veía beneficiada, se debe analizar el modo en el que ingresaba el dinero a la UGOFE.
 
En los ferrocarriles bajo la operación del UGOFE había tres tipos de trabajadores. El porcentaje más grande se encontraban bajo el convenio colectivo de ferroviarios. Los gerentes y empleados con acceso a información delicada eran trabajadores no convencionados, es decir, estaban por fuera del convenio. Al igual que estos últimos estaban los trabajadores tercerizados que representaban cerca del 30% de la masa asalariada. Los salarios de los trabajadores no convencionados y el de los tercerizados eran abonados por la UGOFE con parte de los 66 millones de pesos que recibían mensualmente de la Secretaría de Transporte de la Nación para afrontar los gastos operativos y el pago de sueldos.
 
La ganancia obtenida por las empresas que integraban en partes iguales a la UGOFE era el 6 por ciento del monto total girado por el Estado. Es decir, cada mes la Secretaría de Transporte nacional desembolsaba los 66 millones para el funcionamiento del ferrocarril y otros 3.9 millones como canon para las empresas privadas.
 
Ese círculo “virtuoso” que generaba la transferencia de subsidios estatales a la órbita ferroviaria tenía otras aristas que aumentaban aun más la ganancia de las empresas.
 
Si el número de trabajadores tercerizados aumentaba, la suma mensual girada por la entonces Secretaria de Transporte debía aumentar y con ella crecía la ganancia de las empresas que componían la UGOFE. Es decir, cuanto más tercerizados hubiese en el ferrocarril, mayor sería las ganancias que recibían las empresas.
 
Además, estas mismas empresas, eran proveedoras de servicios según se pudo acreditar en el debate oral por el crimen de Mariano Ferreyra. El testigo e integrante del comité gerencial de la UGOFE-Roca, Joaquín Arturo Acuña, señaló que la constructora del grupo Benito Roggio e hijos “había ganado una licitación pública que contratamos nosotros”. Es decir, Metrovias, una empresa perteneciente al grupo Roggio, era quien contrataba a una compañía de servicios de su propia familia empresarial. Incluso, en algunos casos, estas contrataciones podían ser directas ya que se priorizaba “la capacidad y la experiencia” ante la elección de la proveedora. Otra empresa tercerizada que también pertenece al mismo grupo empresarial es SEHOS, subcontratista que realiza tareas de limpieza en el ferrocarril. Las empresas que componían a la UGOFE incrementaban su ganancia con la autocontratación y tercerización.
 
Seis días después del crimen, según consta en una de las escuchas telefónicas de la causa, el propio Fernández le dijo al entonces subsecretario de transporte ferroviario, Antonio Luna: “Están atentando no contra la Unión Ferroviaria, están atentando contra el sistema”. Garantizar la continuidad de la tercerización era garantizar a la cúpula de la UF y a la UGOFE un negocio millonario amparado por la Secretaría de Transporte.
 
Los trabajadores tercerizados son las principales víctimas de esta estafa. Por realizar tareas ferroviarias, los trabajadores de la cooperativa Unión del Mercosur recibían entre $2760 y $3100, según las actas secuestradas durante el allanamiento a la sede de la empresa manejada por la UF. Es decir, los trabajadores empleados por el secretario general del sindicato ganaban menos de la mitad que un trabajador de planta por realizar la misma tarea. El testigo Edgardo Reynoso explicó que las tareas realizadas por los tercerizados como limpieza, mantenimiento de vías, desmalezamiento y refacciones están contempladas por el convenio ferroviario.
 
La justicia condenó a Pedraza y Fernández como instigadores del crimen de Mariano Ferreyra. Ellos debían garantizar la continuidad de un negocio que se veía amenazado con el pase a planta permanente de los tercerizados.
 
La hegemonía política que tenían sobre los casi 4500 trabajadores de planta podía tambalear con el posible ingreso de 1500 trabajadores de diversa filiación política. Hasta octubre de 2010, los ingresos a planta permanente y las recategorizaciones eran controladas por la cúpula de la UF con la complicidad de la gerenciadora. El propio Fernández dijo en su indagatoria que durante la concesión del Roca a cargo de la UGOFE, hicieron ingresar entre 800 y 900 trabajadores. Esto quedó demostrado por los listados de ingresos que contaban con la firma de Fernández y Pedraza.

 

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