En 2010 la Ciudad de Buenos Aires suscribió un acuerdo general con el Estado nacional y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), para llevar adelante -y en forma conjunta- el plan de Urbanización de Villas y Asentamientos ubicados a la vera del río y destinado a 17.711 familias.

Ese compromiso “marco” incluía 11 convenios particulares por los que el Gobierno porteño recibía fondos de Nación, que debían rendirse a través del Instituto de Vivienda local (IVC). 

Según el informe de la AGCBA sobre la participación del Gobierno porteño en el Plan Integral de Saneamiento del Riachuelo (PISA), de los 11 convenios firmados, solo uno finalizó; otros seis están en marcha, tres en vías de rescisión y del restante no se obtuvieron datos.

Con respecto a los seis convenios en ejecución, la AGCBA descubrió que “solamente dos registran avance de las obras certificados”.  Se trata del convenio para construir 780 viviendas en las Villas 21-24, Cartón y en el Asentamiento Magaldi, (zona Avenida General Paz y Castañares).  Para desarrollar esta parte del plan, la Ciudad recibió del Ministerio de Planificación de la Nación unos $ 5.230.451. La investigación reveló que, de ese total, “se certificaron y rindieron $ 4.152.822”.

El otro acuerdo (461/2011) se inició para construir 54 viviendas, más su infraestructura interna, en las Villas 21-24 y la 26 (Lacarra 2049). En este caso, las transferencias nacionales ascendieron a $ 10.179.138, de los que se certificaron y rindieron mediante el IVC unos $ 8.557.649.

En cuanto a los cuatro acuerdos con actas de inicio, pero sin certificación de avance, la Auditoría explicó que son planes para la edificación de un total de 253 viviendas, distribuidas, por un lado, en la zona de Veracruz 3459 (16 casas más infraestructura interna); Valparaíso 3564 (48 unidades), ambas de la Villa 21-24; y por el otro, en Luzuriaga 837 (125 casas) y San Antonio 721 (64 casas), estas últimas en la Villa 26.

Sobre estos últimos emprendimientos, los técnicos de la AGCBA detallaron que ambos tienen acta de inicio fechada al 15 de julio de 2011, pero en el caso de Luzuriaga “se aprobó un nuevo plan de trabajo y cronograma de desembolsos”, mientras que en San Antonio “se ejecutó el 25% sin certificación. El IVC propone cerrar el convenio con lo transferido y reformular el proyecto”, expresa la investigación.

Los tres convenios que estaban en vías de recisión son los destinados a edificar -en distintas etapas-, 320 viviendas más infraestructura en el barrio Ribera Iguazú, también de la Villa 21-24. La auditoría señala que “de estos tres convenios, hay dos que recibieron transferencias”, que suman casi $ 18 millones.

“Según lo informado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, esta situación se debe a que el Directorio del IVC -en la sesión del 28/06/2013- tomó la decisión de rescindir el contrato con la empresa Tawer S.A., encargada de la obra, y se encuentra –al momento del relevamiento- en proceso de realizar de una nueva licitación para la consecución de las tareas, razón por la cual no se han registrado las mencionadas rendiciones”.

Al margen de esta explicación, el total de los fondos no rendidos por la Ciudad asciende a $ 20.684.803.

Para completar el cuadro, la AGCBA destacó que no pudo obtener información sobre el convenio 1305/2011, pensado para construir 29 viviendas en la zona de la calle Hubac al 4700, Villa 21-24.