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miércoles 18, marzo de 2015

DescomPROmetidos

 

Aunque en 2013 el entonces ministro de Espacio Público Diego Santilli se comprometió a no enrejar el Parque Lezama, sus sucesores desconocieron el acuerdo y en febrero intentaron instalar el corralito bajo el argumento de supuestos robos. Ahora, la discusión está estancada, al igual que las obras que tienen inutilizable el espacio desde hace nueve meses. Por Martina Noailles

 

DescomPROmetidos

Dentro o fuera de la ley. Con o sin consulta vecinal. No importa el método o la forma, el Gobierno porteño tomó una decisión y la pondrá en marcha. Esa parece ser la lógica que la política pública del PRO está implementando en las obras que debían “poner en valor” el abandonado Parque Lezama. Obras que, en realidad, se están llevando puesto patrimonio, cultura, historia y todo lo que se le ponga enfrente. La polémica por las rejas está ahora enmarañada en reuniones de mediación entre el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, en las que los vecinos ya quedaron afuera. Sin embargo, siguen haciendo oír su voz desde asambleas, encuentros y festivales.

El Parque Lezama es Monumento Histórico Nacional desde 1997 y por tal motivo cualquier proyecto que afecte su patrimonio debe ser autorizado por los órganos de control y aplicación de las leyes de Protección de Patrimonio Arqueológico, y de conservación de Monumentos Históricos. Nada de esto pasó. Los requisitos que las leyes establecen para garantizar la preservación del patrimonio fueron desconocidos por el Ministerio de Espacio Público porteño desde donde avanzaron sin más con su plan. Concretamente, la Comisión Nacional de Monumentos que encabeza el arquitecto Jaime Sorín nunca se pronunció sobre las obras pero su decisión es “vinculante” para poder realizarlas.

 
Descontrolados, en los largos 9 meses que llevan los trabajos (ya casi más del doble del establecido en la licitación) las irregularidades se multiplican: no se utilizó luz de obra durante el proyecto como medida de seguridad para resguardar el patrimonio del Parque y de las personas que transitan por las inmediaciones; los vallados para pasos peatonales sobre las calles Defensa, Brasil, Paseo Colón y Martín García son inseguros e inestables; se removieron caminos originales del camino de Thays sin conservarlos; se realizó varias veces la misma tarea por descoordinación entre las distintas etapas del plan (por ejemplo se rompió un camino recién hecho para colocar un caño subterráneo que se habían olvidado); varios copones ya restaurados fueron mal colocados y hasta maltratados por las maquinarias; caminos recién colocados ya se encuentran hundidos; se extrajeron especies arbóreas innecesariamente y desde que comenzaron las obras no se realizó el riego de las que quedaron; se retiraron estatuas y luminarias pero no está claro a dónde fueron llevadas… y la lista continúa. Ni hablar de la promesa de realizar las obras por sector para que el resto del parque pudiera ser utilizado. Eso tampoco se cumplió.
 
Así fue como el 10 de febrero tempranito un vecino que paseaba a su perro vio cuando un grupo de obreros comenzaba a poner una reja perimetral. Gracias a su alerta, la asamblea y algunos medios de comunicación se hicieron presentes y los trabajos se frenaron. “El acuerdo de 2013 con el entonces ministro Diego Santilli era que se dejaban de lado las rejas y, como su argumento principal era la seguridad, se implementaría un plan piloto de cámaras, iluminación complementaria, seguridad policial y guardaparques”, recuerda Mauricio García, miembro de la Asamblea del Parque. Para llevar a cabo este plan, incluso, se destinó presupuesto a través de una nueva licitación. El gasto total hasta ahora se remonta a unos 30 millones de pesos.
 
Algunos hechos de vandalismo que no pudieron comprobar pero que sí se dedicaron a instalar en la opinión pública desde los diarios, fueron los argumentos de la nueva gestión del Ministerio de Espacio Público para ¿cambiar? aquel compromiso y avanzar otra vez con el proyecto del corralito. Un grupo de vecinos reunidos en la Asociación El Mirador de Lezama acompañan la postura del Gobierno porteño y sostienen que “una superficie de ocho hectáreas con pronunciadas subidas y bajadas, patrimonio arquitectónico y urbanístico, no se cuida solo con buenos propósitos”. Y en ese sentido, consideran “el enrejado de todo el perímetro como una parte esencial de las obras”.
 
Pero hay otros que opinan diferente. Además, para quienes son parte de la Asamblea del Parque las rejas no son el único punto en discusión. También se oponen a que el anfiteatro se transforme en un espejo de agua, sus gradas en rosedales y que las canchitas de futbol pasen a ser historia. Es decir que el reclamo va más allá de lo patrimonial arquitectónico y abarca lo socio-cultural y ambiental.
 
Mientras tanto, el espacio de diálogo que se alojó en la Defensoría del Pueblo y del que forman parte el subsecretario de Uso del Espacio Público porteño, Patricio Di Stéfano, y Jaime Sorín por la Comisión, sigue sin alcanzar un acuerdo. La solución parece lejana. Sin consenso, el tema amenaza con desembarcar en la Justicia.
En el parque, las asambleas continúan. Y el 10 de marzo, los vecinos se reunirán en la Legislatura para debatir las políticas de Espacio Público e insistir con su proyecto de un Plan de Manejo Participativo, iniciativa que perdió estado parlamentario porque no fue siquiera debatida en comisión.
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