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martes 12, enero de 2016

A la Justicia por los campitos

Vecinos y organizaciones de La Boca presentaron un amparo colectivo para que se declare inconstitucional y nulo el llamado a licitación de la Corporación del Sur para vender los terrenos de Casa Amarilla al Club Boca Juniors. 

A la Justicia por los campitos
Toda transferencia del dominio de inmuebles que pertenezca al sector público de la Ciudad debe ser aprobada por parte de la Legislatura porteña. Así lo establece en su artículo 82 inciso 4, la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, las 3 hectáreas de tierras públicas conocidas como Casa Amarilla pasaron de estar destinadas a viviendas, a través del IVC, a estar en manos de la Sociedad del Estado Corporación Buenos Aires Sur, quien está a punto de vendérselas al Club Boca Juniors. Luego de marchas y festivales sin respuesta, vecinos e hinchas presentaron ante la Justicia una acción de amparo para que se frene la licitación que el 19 de enero definirá al nuevo dueño del predio.
 
El terreno es codiciado hace años por el club xeneize pero desde que coinciden quienes dirigen su destino y el de todos de los porteños, el camino parece haberse allanado. Y si bien en Boca dicen por escrito que harán museos, paseos y gimnasios, en entrevistas y plataforma de campaña, el presidente Daniel Angelici sostuvo su intención firme de adquirirlos para construir allí un estadio shopping a sólo 200 metros de la Bombonera. Los vecinos quieren que esas tierras sigan siendo del barrio y que su destino sea debatido entre quienes viven en La Boca.
 
“Allí ensayan dos murgas, un grupo de candombe, los fines de semana se juegan torneos de futbol, las familias comen asado… los campitos son del barrio, tienen un uso social y deben seguir siéndolo”, señaló Natalia Quinto militante de La Boca Resiste y Propone en la conferencia de prensa donde detallaron el planteo judicial.
 
En diciembre, el Directorio de la Corporación Sur aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 7 bajo una modalidad de Iniciativa Privada. El proyecto para comprar las 3 hectáreas a unos 180 millones de pesos fue presentado por el presidente de Boca en agosto y rápidamente pasó todas las instancias administrativas, hasta que semanas atrás se conoció el llamado a licitación con fecha de apertura de sobres el próximo 19 de enero. Las condiciones para presentarse son a pedir de Boca: como es quien presentó la iniciativa tiene prioridades importantes al momento de apertura de sobres, o sea que es muy difícil que no sea el elegido. Pero además, según los pliegos sólo podían presentarse asociaciones sin fines de lucro que cuenten con un patrimonio igual o mayor al 80% del costo del predio (180 millones de pesos) más el valor de la inversión, que tenga al menos 500 integrantes y que demuestre al menos 10 años de antigüedad en el desarrollo de actividades en la Comuna 4. Es decir, sólo el Club Boca Jrs puede cumplir con estos requisitos. Está claro que la decisión de venderle las tierras públicas ya está tomada. La palabra la tiene la Justicia.
 
“Una de las cosas más graves es que la Corporación se arrogue atribuciones que tiene la Legislatura y decida vender terrenos públicos en forma claramente direccionada al Club Boca Jrs”, explica Jonatan Baldiviezo, el representante legal de los vecinos.
 
Viviendas
Los terrenos que están a la altura de Almirante Brown al 600 fueron comprados al Estado nacional por la Comisión Municipal de la Vivienda en 1981. El objetivo, según se explicita en una resolución de la Defensoría del Pueblo, era “mejorar la situación habitacional de la zona, considerando el alto nivel de déficit habitacional que la afectaba”. Por esos años, Boca ya las miraba con cariño. Después de muchas gestiones, finalmente en 1992, la CMV le cedió dos manzanas.
 
En el resto del predio, el Instituto de Vivienda (IVC) reemplazante de la antigua CMV, pensó la construcción de 1200 viviendas y para eso abrió en 2005 la inscripción al Programa “Casa Amarilla - Viví en tu casa”. De esta manera, los fines del terreno continuaban siendo habitacionales. Sin embargo, el IVC sólo construyó 438 viviendas y en 2010 le cedió el resto del predio al Gobierno porteño a través de un acta de Directorio.
 
El artículo 6 de la Ley 1251 dispone que el IVC sólo puede transferir al Gobierno  porteño el dominio de inmuebles siempre y cuando los mismos sean destinados al desarrollo de políticas educacionales, de seguridad o de salud. Este requisito no fue cumplido.Tampoco el que establece el artículo 46 de la Ley 2095, cuando dice que toda transferencia de dominio que realice el IVC debe ser aprobada por la Legislatura.
 
Mediante el Decreto 723 de 2010, firmado por Mauricio Macri, el Ejecutivo aceptó esa cesión pero en el mismo texto transfirió la propiedad fiduciaria a la Corporación Buenos Aires Sur, que es quien ahora está beneficiando la concreción de un negocio privado que perjudica a los vecinos y que para muchos es ilegal. En los próximos días, el juez porteño Darío Reynoso, titular del Juzgado 24, será el encargado de poner un freno a la venta o permitir que el barrio siga perdiendo espacios a manos de la especulación inmobiliaria .

 

 
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