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miércoles 11, mayo de 2016

Razones de un ataque

El blanco de los ataques en la reunión del Consejo Comunal 4 fueron vecinos y organizaciones que se oponen a la privatización de los terrenos de Casa Amarilla y a otros negocios inmobiliarios impulsados por la gestión PRO. Herir de muerte a la participación fue otro de los objetivos. 

Razones de un ataque

El amarillo de la sede Comunal 4 se tiñó de sangre en apenas minutos. En un hecho tan violento como inédito dentro de una oficina pública porteña, una patota compuesta por empleados de la Ciudad atacó a vecinos y miembros de organizaciones sociales y políticas de la Comuna que asistieron a una reunión de Consejo Consultivo. El objetivo: desactivar toda participación que se anime a cuestionar las políticas públicas de un gobierno que abandonó el sur y lo puso en manos del mercado inmobiliario.

 
La maniobra fue ejecutada por la mano de obra de Rodolfo “El Cordobés” Corzo, un histórico puntero del PJ que cumple funciones como Agente de Poder de Policía en la Comuna 4 que preside el PRO, Jorge Apreda. En la patota que reclutó desde temprano en su camioneta Amarok blanca, también estaba su hijo Rodolfo, ese joven desencajado que se ve en las fotos empuñando un tramontina y autor del corte en el cuello a Matías Scínica. El otro herido pero a golpes fue Fernando Abal Medina, de la JP Descamisados, quien había salido del lugar a buscar una ambulancia para que asista a Scínica y, en pleno cruce de las avenidas Perito Moreno y Centenera, recibió una piña que lo desmayó. Aunque estaba inconsciente, la patota siguió pegándole en el piso.
 
Todo ocurrió en una sede comunal liberada de seguridad y sobre un terreno sembrado de violencia desde el inicio.
 
Silenciar
“Cuando la demanda es la defensa del espacio público, el Gobierno de la Ciudad ve un negocio. Cuando los vecinos y organizaciones vemos un espacio de participación ciudadana, el Gobierno de la Ciudad ve enemigos”. Así terminaba el comunicado que repudió el ataque y al que adhirieron unas doscientas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. El párrafo sintetiza el motor de las agresiones que tuvieron como blanco a vecinos y militantes que, justamente, vienen visibilizando desde hace tiempo el avance del mercado inmobiliario sobre los barrios de la Comuna 4, abandonados a la buena de Dios por las gestiones PRO.
 
Reunidos en un colectivo multisectorial llamado La Boca Resiste y Propone estos vecinos se movilizaron reiteradas veces en el barrio en reclamo por derechos básicos como la vivienda, la educación y la salud que no están ni cerca garantizados para los habitantes del margen sur de la Ciudad.
 
También fueron ellos los que marcharon a oficinas del Gobierno porteño y a la Corporación del Sur para exigir el freno de la privatización de tres hectáreas de tierras públicas, en una licitación que denunciaron como “ilegal e inconstitucional” dado que no fue tratada por la Legislatura porteña.
 
Sus reclamos buscaron que se respete la opinión de los habitantes de la Comuna cuando a principios de año solicitaron a la Junta Comunal que convoque al Consejo Consultivo haciendo cumplir la ley 1777 que establece que esas reuniones entre vecinos deben realizarse una vez por mes. La Comuna 4 pasó casi dos años sin encuentros de este tipo. Sobre la carta, enviada a los 7 miembros de la Junta, nunca obtuvieron respuesta.
 
Así fue que decidieron realizar una auto convocatoria –también prevista en la ley- para tratar el tema de la venta de los terrenos de Casa Amarilla. Esa reunión se concretó el 16 de marzo en la sede de Bomberos Voluntarios de La Boca y contó con la participación de 110 vecinos, quienes votaron por unanimidad pedirle a la Junta Comunal que llame a una audiencia pública para debatir sobre el destino de las tierras.
 
La decisión de ese centenar de vecinos era lo que se intentaba refrendar en el Consejo Consultivo del 4 de mayo. Es decir, que el Consejo aprobara el acta de aquella auto convocatoria para que luego el pedido de audiencia fuera elevada a los comuneros. Con mayoría de Cambiemos, la Junta Comunal seguramente no aprobaría la iniciativa. Además, el Club Boca Jrs ya ganó la licitación y los terrenos de Casa Amarilla están en sus manos.
 
Así y todo, quienes encabezaron el Consejo buscaron desde su inicio silenciar la propuesta. Primero, se impuso una lista -armada el día anterior por los miembros de la Junta- para coordinar la reunión. Esa lista fue votada a mano alzada por un cuarto de los presentes, en su mayoría empleados de la Comuna ubicados detrás de los escritorios. Sin embargo, se la dio por válida. La maniobra, que contó con el aval de todos los comuneros, fue denunciada por varios de los presentes como ilegal, dado que justamente el espíritu de los Consejos Consultivos es promover la participación de los vecinos y no la de los Comuneros a quienes hasta se les prohíbe votar en estas reuniones.
 
Presidida por Roberto Gorza (Cambiemos), la mesa coordinadora también decidió aprobar la fecha de la próxima convocatoria para el 1 de junio, a pesar de que las manos levantadas a favor de esta moción no superaban las 15. En simultáneo, Gorza negó sistemáticamente la palabra a los integrantes de La Boca Resiste y Propone quienes, las pocas veces que lograron tomar el micrófono, fueron insultados por la patota de Corzo. Quienes atinaron a pedir que se dejara escuchar, fueron amenazados por los miembros de la banda.
 
En ese contexto de provocación constante, y mientras tenía la palabra un integrante de la Organización Los Pibes, fue que comenzó la violencia que casi termina con dos muertos.
 
Liberada
Según puede verse en la serie de fotos que se difundieron públicamente, apenas unos segundos después de iniciada la trifulca, Corzo hijo aparece en escena con un cuchillo y se abalanza al cuello de Scínica, quien mide más de 2 metros de altura. Es decir, buscó darle en el cuello y si hubiera cortado unos centímetros más a su izquierda, acertaba en la aorta y seguramente el militante de Boca es Pueblo hubiera muerto. Con el corte que sufrió, Scínica también podría haberse desangrado pero una médica que participaba del encuentro logró hacer un torniquete hasta que llegó la ambulancia del SAME, 25 minutos después.
 
Tampoco había seguridad –ni policial ni privada- en toda la oficina pública a pesar de que había una lista con más de 200 inscriptos para participar del Consejo. En esa lista deberían figurar los nombres del resto de los miembros de la patota ya que todos estaban desde el inicio. El responsable de la sede es el presidente de la Comuna, Apreda, quien ese día había delegado su lugar a Diego Weck porque se encontraba de viaje.
 
A pesar de los llamados al 911 y de que la Unidad 36 de Gendarmería se encuentra a sólo 10 cuadras, el primer patrullero llegó a los 15 minutos. Era un móvil de gendarmería no identificado (no tenía patente según se ve en una foto) cuyo conductor subió la ventanilla y aguardó adentro. Con ese móvil en la puerta, la patota, con fierros en la mano, no dejaba ingresar ni salir a nadie, manteniendo de rehenes a los que estaban adentro.         
 
Recién llegaron otros gendarmes y oficiales de la Metropolitana cuando los agresores ya se habían ido a bordo de la Amarok blanca, al grito de “a esta la seguimos a los balazos en La Boca, en el barrio cobran”. En el piso aún yacía desmayado Fernando Abal Medina. Y algunos metros más allá, en el medio del hall de la comuna, un cuchillo tramontina sin mango y manchado de sangre.    
Al cierre de esta edición, los dos heridos estaban fuera de peligro. Y aunque dos de los agresores fueron reconocidos con nombre y apellido por las organizaciones, aún no hay un sólo detenido. El Gobierno porteño, por su parte, sólo sumarió y suspendió a sus empleados Corzo -padre e hijo- pero nada dijo sobre las responsabilidades de los comuneros en los intentos de homicidio ocurridos en la sede que encabezan.
 
Si el objetivo del ataque fue amedrentar a los vecinos para que abandonen la participación y cualquier tipo de cuestionamiento a las políticas públicas de la Ciudad, cabe preguntar si la Junta Comunal volverá a convocar al Consejo Consultivo. Y, en ese caso, quién será el encargado de garantizar la seguridad de los vecinos.
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