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martes 13, septiembre de 2016

Promesas

 Durante años, el Gobierno porteño sólo ofreció la salida, tan individual como inaccesible, de los créditos. Sin embargo, los vecinos del asentamiento Lamadrid sostuvieron su reclamo colectivo de ser relocalizados en el barrio. En la última mesa de trabajo, el IVC se comprometió, por primera vez, a construir a no más de doce cuadras. Dudas y expectativas. Por Martina Noailles

 

Promesas

 “Ver para creer”. Esa es la frase que, con mínimas variantes, repiten los delegados del asentamiento Lamadrid. Es que en los últimos años, la única palabra que escucharon de boca del Gobierno porteño fue “crédito”:  un laberinto que sólo aceptaron unas 30 familias, de las 173 que, según el último censo del IVC, deben ser relocalizadas por orden de la Corte Suprema de Justicia. En la mayoría de los casos, el crédito las obliga a mudarse del otro lado del Riachuelo, en un desarraigo que duele. Además, para alcanzar el préstamo deben tener ingresos en blanco de unos 15 mil pesos. Casi una quimera.

Pero en la última mesa de trabajo, los representantes de los vecinos escucharon de parte de los funcionarios del IVC lo que estaban reclamando colectivamente hace tiempo: que la mudanza obligada los lleve a sólo unas cuadras de su hogar. Según el Gobierno, las viviendas se construirán en tierras que la Ciudad está buscando, a no más de 12 cuadras del asentamiento. Mismas escuelas, mismas salitas y mejores condiciones de vida. La promesa quedó sellada en un papel que, según la Corte, implica un compromiso que debe ser cumplido.
 
“El proceso de compra recién se inicia, por eso en esta instancia no se comunica la localización. La idea es que las obras comiencen los primeros meses de 2017 (…) y que las viviendas se entreguen entre finales de 2018 y principios de 2019”, dice la transcripción de la reunión que se realizó el 3 de agosto pasado con representes del IVC, de Acumar, defensores, asesores tutelares y los delegados. Sin embargo, las malas experiencias les impide a los vecinos levantar la copa y abrazarse feliz.
 
“Hasta que no veamos los papeles de que compraron los terrenos es difícil de creer. Yo de acá sólo me voy con vivienda digna, sino no me muevo”, dice Marcela, delegada de la manzana 31 y vecina del asentamiento desde hace 15 años. Su marido trabaja a 10 cuadras y desde que se mudó a La Boca sus seis hijos fueron agrandando la familia hasta multiplicarla por tres. Teresa asiente: “Nosotros hicimos nuestras vivienda con mucho esfuerzo, ladrillo por ladrillo, y no nos iremos si no es a un lugar mejor. No queremos departamentos hechos de cartón”, asegura. La otra delegada de la manzana 31 sabe de la experiencia de algunas familias de la villa 21 que fueron relocalizadas en un complejo habitacional a kilómetros de sus hogares y que, rápidamente, dejaron en evidencia la precariedad de su construcción. “Por eso queremos que sean de ladrillos, no de durlock”, agrega Margarita.         
 
“Lo que pasa es que a los pobres nos quieren mandar a la provincia”. El que habla es Arturo, delegado de la manzana 32. Ramón se suma: “No creo que el IVC vaya a comprar esos terrenos pero con la lucha lo vamos a lograr. Con el tema del riesgo eléctrico no nos daban respuesta, cortamos calles, tomamos Edesur, fuimos al Juzgado hasta que tuvieron que venir porque quedó claro que son responsables”. El delegado se refiere a los trabajos de redistribución eléctrica que está haciendo la empresa Operis y que permitió que las fases ya no colapsen.
 
Osvaldo, de la 31, tampoco tiene confianza: “hay que ser cautelosos, ya estamos acostumbrados a que este Gobierno siempre nos mienta, y yo creo que seguirá mintiendo. Hasta ahora la única salida que ofrecen es la individual del crédito. No quieren construcción colectiva ni nada social”. David está un poco más esperanzado y también se preocupa por el presente. “La causa dice que deben mejorar las condiciones de vida de la cuenca. Generadores y cloacas son la solución”.
 
Cambios
Si bien la gestión PRO gobierna la Ciudad desde hace 9 años, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, la cúpula del IVC se mudó a Nación. Al frente del organismo fue nombrado Pablo Roviralta y Manuel Ferrari como gerente general. Pero sólo estuvieron 6 meses. Los delegados coinciden en que “los sacaron” porque se acercaron mucho a los vecinos, “pisaron” el asentamiento y les hablaron de “nuevas viviendas de ladrillos”. “Basavilbaso nunca vino e Iván Kerr siempre nos maltrató y nos mintió –dicen de sus antecesores-. Por eso tenemos miedo de que vuelva a ser como antes”.
 
También denuncian a lo que llaman “la patota del Gobierno”. “La Cooperativa La Solidaridad amenaza a los vecinos para que agarren el crédito. Nos dicen que pisan más fuerte que el mismo Gobierno”, aseguran. Una de las delegadas tiene botón antipánico porque denunció amenazas. Las tareas que debería realizar la cooperativa tienen que ver con la limpieza y el mantenimiento pero, según dicen los delegados, son una especie de seguridad civil para que no se ocupen las viviendas que fueron demolidas.
 
Semanas antes de que el IVC hiciera la promesa de la relocalización en el barrio, el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta visitó el barrio. Los vecinos le pidieron seguridad, iluminación, cámaras y el arreglo de las calles que están destruidas del paso de camiones. “Se comprometieron a que lo harían en dos meses pero ya se cumplió el plazo y nada”.
 
Sólo dos días después de que se firmó el compromiso con los vecinos, el Instituto de Vivienda cambió de presidente. Su nuevo titular, Juan Ignacio Maquieyra, tendrá el desafío de cumplir con la promesa. Mientras tanto, los vecinos seguirán alertas.  
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