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domingo 15, enero de 2017

Destapa orejas

 Después de la audiencia del 30 de noviembre donde la Corte se negó a escuchar a los afectados por la contaminación del Riachuelo, el Poder Judicial reaccionó. Tomó la mayoría de los reclamos de los habitantes de villas y asentamientos y le ordenó a las distintas áreas del Ejecutivo porteño que cumpla con las relocalizaciones. Hasta tanto se concreten, deberá realizar obras urgentes para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por Martina Noailles 

Destapa orejas

 Aunque en la audiencia pública del 30 de noviembre la Corte Suprema de Justicia se negó a escuchar a los habitantes más afectados por la contaminación del Riachuelo; los gritos de los vecinos, sus carteles y los pedidos que presentaron a través de la Defensoría General porteña lograron ser oídos. Por contundentes, los datos sobre las consecuencias que el incumplimiento de la sentencia generan día a día en sus vidas provocaron una reacción. También ayudó a abrir las orejas de los jueces la falta de respuesta de las autoridades de la Ciudad, de Buenos Aires y de Nación, quienes hicieron agua ante cada pregunta del tribunal. Con este panorama, tanto el Juzgado Federal de Morón -que lleva la ejecución de la causa-, como la propia Corte dictaron resoluciones exigiéndoles a los condenados avances concretos.

 
Los supremos, en su última acordada del año, le ordenaron a Acumar que “intensifique” sus acciones para cumplir con la sentencia y, puntualmente, exigieron “avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, y en la relocalización de sus habitantes”, algo que debería haber sucedido hace varios años. También hablaron de la expansión de la red de agua potable y cloacas, y del plan sanitario de emergencia y calidad ambiental. Justamente, los mismos puntos que intentaron reclamar los vecinos en la audiencia del 30 pero que, como respuesta, sólo obtuvieron el desalojo de la sala por parte de Ricardo Lorenzetti.
 
En el mismo sentido actuó el juez federal Jorge Rodríguez, quien aceptó reunirse con los delegados de la villa 21-24 una semana después de la audiencia. El 6 de diciembre, los vecinos llevaron a Morón su descontento e hicieron referencia a algunos problemas concretos: su deseo de ser parte en el expediente; la falta de agua en algunas zonas del barrio; la carencia de luminaria en el sector liberado del camino de sirga, lo que se traduce en una tensión en términos de seguridad; y que unos días antes había fallecido un vecino que fue relocalizado al Barrio Padre Mugica a manos de otro por una cuestión convivencia, lo que evidenciaba que al momento de realizar la mudanza no se contempló de modo adecuado las circunstancias de algunos grupos familiares. Los delegados también manifestaron su preocupación con respecto al poco avance de las obras de las viviendas y al aumento demográfico de la población que no está siendo previsto en esa construcción.
 
En cuanto a la provisión de agua, cuya presión del servicio clandestino baja de modo notorio durante épocas de calor, produciendo que en las zonas altas no salga ni una gota de agua, el juez le ordenó a AySA que cumpla con el compromiso acordado y entregue 4 mil litros de agua en sachet, dos veces por semana en la capilla de San Blas.
 
Para buscar una solución a los problemas de seguridad en los terrenos donde fueron demolidas viviendas para la relocalización, el juez Rodríguez le ordenó al Ministerio de Desarrollo Urbano porteño que realice en un término de 72 horas todas las mejoras tendientes a garantizar la luminosidad en ese sector, y al Ministerio de Seguridad que refuerce la cantidad de personal policial en la zona. Acumar debe garantizar que todo esto se cumpla.
 
El magistrado reiteró que el mejor medio para obtener respuestas a sus reclamos son las mesas de trabajo, y que lo que allí prometan los funcionarios debe ser cumplido.
Diez días después de aquella reunión, delegados del Juzgado de Morón recorrieron el barrio para chequear el cumplimiento de las órdenes del juez. La seguridad y la iluminación en las zonas deshabitadas se habían cumplido. Pero Rodríguez debió volver a hacerse eco de los reclamos respecto al suministro de agua y a las obras en algunas viviendas en situación de riesgo.
 
Además, ordenó que no se mude ni una familia más al Barrio Padre Mugica y que la Ciudad presente un predio alternativo donde ubicar a quienes se encuentran hacinados en ese complejo habitacional.
 
Lamadrid y la 26
En el mismo sentido de lo ordenado para la villa 21-24, el Juzgado solicitó diferentes acciones respecto al asentamiento Lamadrid, con el fin de que el tiempo hasta que la relocalización se concrete transcurra guardando condiciones dignas y con respeto a los derechos fundamentales de sus habitantes.
 
Uno de los requerimientos fue la remoción de los escombros que quedaron abandonados luego de la destrucción de las viviendas de Pedro de Mendoza y Suárez con motivo de la mudanza de familias que tomaron la propuesta de los créditos. Allí deberá construirse ahora una placita. Además, ordenó que se comience a realizar un relevamiento de las viviendas con problemas críticos para llevar a cabo obras de mejoramiento.
 
El tercer punto fue pedirle al IVC que informe a la brevedad cuáles son los terrenos adquiridos por la Ciudad para construir las viviendas destinadas a la relocalización en el mismo barrio de La Boca, tal como exigen los vecinos. La respuesta del IVC detalló que el organismo “se encuentra realizando las
gestiones correspondientes a los fines de adquirir terrenos en el radio de la comuna 4. Los terrenos son los siguientes: Pinzón 916 - 922 y 942, Irala 750,  Olavarría 71/75/79, Olavarría 63, Liberti 1030 - 1038- 1050 -1068 e Irala 335/45”. Allí se mudarían unas 140 familias; y las 200 restantes serían parte de una segunda etapa de urbanización. Estos números se basan en un censo de 2012. Sin embargo, actualmente viven en el asentamiento un 18 por ciento más de familias que las relevadas hace 4 años. Con un proceso tan lento, este incremento ocurre en todas las villas que deben ser relocalizadas. Las familias crecen, otras se van; mientras nuevas llegan. Algunas, incluso, se instalan desconociendo la sentencia de la Corte que ordena liberar esos terrenos.
 
El juez también le requirió al IVC que presente un relevamiento actualizado de los grupos familiares de la villa 26 a ser relocalizados durante el presente año, con detalle de adjudicatarios y crecimientos familiares en relación al viejo censo. En la villa 26 fueron relocalizadas, hasta ahora, sólo la mitad (109) de las 215 familias censadas. Según consta en la causa, la otra mitad debería ser reubicada en el complejo de San Antonio 721/451, cuyas obras están en marcha, y en el complejo Lacarra, cuya construcción está parada.

A ocho años de la sentencia judicial de la Corte, restan relocalizar 1182 familias de las casi 1800 afectadas en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, sólo se ha avanzado en un 35%. En 2016 no hubo una sola relocalización. “Nuestra intención es ser parte de la solución y contribuir al pleno cumplimiento de la sentencia. No somos (no debemos ser) mero objeto de decisiones administrativas o judiciales, sino personas que tenemos el derecho de participar en las decisiones de política pública que impactan directamente sobre nuestras condiciones de vida”, repiten los vecinos ante quien se digne a escucharlos.

Parece que 2017 arrancó diferente. El Poder Judicial y el Ejecutivo despertaron de la extensa siesta. Sostener el grito y la organización, son las únicas herramientas que podrán garantizar que los oídos no vuelvan a cerrarse y los derechos de los más vulnerables dejen de ser violados.    

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