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miércoles 1, febrero de 2017

Criminalizar por decreto

El Gobierno Nacional oficializó la modificación de la Ley de Migraciones a través del decreto 70/2017 que, entre otras medidas, acorta los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Amnistía Internacional advirtió que se trata de "de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y la permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas y vulnera el derecho de defensa".

Criminalizar por decreto

Con las modificaciones, el hurto, la usurpación así como cualquier hecho culposo (un accidente de tránsito, por ejemplo) son causales para la para la cesación de la residencia.  Además, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina.  

Otro de los puntos regresivos de la norma es la reducción de los plazos del procedimiento, mediante la creación de un tipo de trámite sumarísimo, que prevé tres días para cualquier recurso en la vía administrativa o judicial. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales señaló que la modificación de la legislación vigente "será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social" y que "los migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad".
 
El organismo de derechos humanos señaló que la consecuencia de la aplicación de las modificaciones esbozadas en el texto del decreto será para los migrantes de bajos recursos "trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal".
 
De este modo, el CELS alerta que el objetivo del gobierno nacional es "instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes y, al mismo tiempo, mostrar un supuesto compromiso con la prevención del delito", ya que se hace un uso engañoso de la información. 
 
En este sentido, desde la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), explicaron que los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia se basan en una serie de datos estadísticos descontextualizados y sin fuente precisa que pretenden demostrar la alta incidencia del delito entre la población migrante en Argentina instalando la idea de una situación de “naturaleza excepcional” que amerita medidas urgentes. 
 
Basta recordar algunas estadísticas para echar por tierra los argumentos del macrismo:
 
Argentina es un país con un 4,5% de inmigrantes. Es decir que aproximadamente 2 millones de personas de los 43 millones que habitan este país han nacido en el exterior.
 
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, las personas extranjeras detenidas por delitos relativos a drogas suman 1.426 (mil cuatrocientas veintiséis), esto representa el 0,06 por ciento de la población inmigrante que habita nuestro país y el 2% de los 71.464 (setenta y un mil cuatrocientas sesenta y cuatro) personas que cumplen pena privativa de libertad por cualquier delito.
 
Según información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del año 2015, la población extranjera en cárceles asciende a 4.449 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve). Este grupo representa el 6,2% del total de la población carcelaria de nuestro país.
 
Fuente: Página 12/ Asociación Civil CAREF
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