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miércoles 8, febrero de 2017

Techo sin discriminación

Angie y Nicole, dos mujeres trans, alquilaban una pieza en el asentamiento Lamadrid. Pero, a diferencia del resto de las familias que deben ser relocalizadas en el marco de la Causa Riachuelo, el IVC les negó una solución habitacional. Habían sido invisibilizadas de los censos. Con la intervención de la Defensoría de la Ciudad lograron un crédito para vivienda. Por Cristina Pérez

Techo sin discriminacin

 Entre 35 y 40 años. Esa es la edad promedio a la que llegan las mujeres trans, la misma esperanza de vida que en la Edad Media. La plataforma básica y formal de derechos conquistados en los últimos años no logró vencer –del todo- esa lógica violenta de las instituciones y la sociedad hacia las identidades travestis y transexuales.

 
Muchas veces excluidas: de las escuelas, de la salud, de los puestos de trabajo, del mapa social. Otras, invisibilizadas: sin políticas públicas que las incluya, haciendo como que no están, negándolas, desapareciéndolas. Muy pocas con la posibilidad de hacerse oír y ejercer sus derechos, allí justo donde más se necesita.
 
Pero, a veces, las menos, sucede.
 
Angie Ramos Teruel y Nicole Zambrano son dos mujeres trans que alquilaban una habitación en el asentamiento Lamadrid, con la informalidad y la precariedad que los márgenes de la pobreza obligan, pero agravadas por su condición migrante y trans. Como otras villas que sobreviven a orillas del Riachuelo, parte del asentamiento de La Boca debe ser relocalizado por orden de la Corte Suprema, en el marco de la causa Mendoza. En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo que debe implementar las relocalizaciones es el Instituto de la Vivienda (IVC). La mayoría de las familias exige ser reubicadas en el mismo barrio de La Boca, donde trabajan, van a la escuela, a comedores, a la salita. Unas pocas, tomaron la propuesta del crédito para comprarse una nueva vivienda, por lo general fuera de la Capital. Angie y Nicole quedaron afuera de ambas opciones. Debido a la discriminación estructural que sufren cotidianamente, fueron invisibilizadas de los relevamientos y censos y, en consecuencia, el IVC les negó ser parte de una solución habitacional.
 
Al detectar la situación, de evidente discriminación, la Defensoría General de la Ciudad acompañó a las mujeres a la Justicia. Y después de presentaciones judiciales y administrativas se logró lo que se transformó en la primera respuesta concreta en favor del colectivo trans que se registra en el marco de la causa Riachuelo, un expediente en cuya planificación y abordaje la perspectiva de género está ausente.
 
“Es un sueño que se hace realidad y que además de lo que significa en lo personal, es la esperanza de algo hermoso para todo el colectivo trans. Es una puerta que se abre para nosotras; un paso importante para seguir avanzando”. Angie habla con emoción, pero con mucho ímpetu, el mismo que a fines del 2015, cuando se enteró que sería desalojada en algunas horas del lugar en el que había vivido por seis años, la llevó a luchar por la visibilidad y el reconocimiento estatal que pusiese a las personas trans en un marco de igualdad con el resto de las familias del asentamiento Lamadrid.
 
Así comenzó el camino, esta vez, menos espinoso para romper con la lógica del ninguneo, el insulto y el estigma por el que, hasta entonces, habían transitado tanto en las calles de sus barrios, como por los pasillos de un Estado que las incluye a cuentagotas.
“Los vecinos no te respetan y eso se nota tanto por lo que te dicen como porque ni siquiera te saludan. Como si mirasen a un marciano. Te discriminan sin entender que somos personas, que por eso tenemos derechos, como cualquier otra”, relata Ramos Teruel, a modo de poner en perspectiva la dimensión de una inclusión que, por excepcional, se vuelve más necesaria.
 
En este contexto, a fines de septiembre de 2016, tras un período de casi un año de notas, audiencias y explicaciones sobre la importancia de que las políticas públicas lleguen en primer lugar y puntualmente a los grupos históricamente vulnerados, el IVC reconoció la problemática habitacional de las mujeres y les acercó la herramienta prevista en el marco del “Programa de Liberación de la Traza Bajo Autopista”, un crédito de un millón y medio de pesos para la adquisición del techo propio. El mismo que se le ofrece al resto de las familias del asentamiento.
 
En el recorrido fue fundamental el trabajo territorial de la Defensoría que logró detectar el entramado de exclusión detrás de sus historias y la falta de efectividad de cualquier política pública que no contemple la realidad diferenciada de la población trans: distintos horarios, poca vinculación con vecinos, negación de su condición de sujetas de derecho. Así fue que las actuaciones del Programa contra la Violencia Institucional y del Defensor General Adjunto en lo penal, contravencional y de Faltas lograron revertir la decisión inicial del IVC. 
 
Angie ya encontró lo que puede ser su lugar, en el país en el que vive hace más de diez años. Es en Constitución en la misma zona en la que actualmente alquila una pieza y por donde “hace la calle”, para juntar el dinero que le permita vivir y enviar un poco a su familia en Perú. Piensa cómo podría decorarla y se alegra de poder tener un espacio para su “hijo” perro Braco, su compañero, mientras mira fanatizada los culebrones de Lucero y Fernando Colunga. Cruza los dedos.
 
También porque esto impacte en la problemática generalizada y profunda de falta de acceso a vivienda de las personas trans. Y se entusiasma con este viraje en la mirada de las instituciones: “Siento que se puede ampliar este proceso colectivo porque son muchas las que lo necesitan y con esto sentimos que se puede”.
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