El veto presidencial  dejó sin efecto la ley que declaraba de utilidad pública y sujetas a expropiación las instalaciones del edificio del Hotel Bauen, y su entrega en comodato a la cooperativa de trabajo que lo gestiona desde 2003.  El decreto desconoce la larga lucha de los trabajadores y los deja una vez más ante el peligro del inminente desalojo.

La gestión empresarial del Bauen acabó en 2001, con la quiebra de la firma chilena Solari S.A., a nombre de la familia Iurcovich. El plan de autogestión de los trabajadores comenzó dos años después, cuando comenzaron a reacondicionar el espacio y lo devolvieron a la vida. En el medio, los Iurcovich intentaron un cambio de personería jurídica –a partir de la creación de la firma Mercoteles– que les sirvió para reclamar el inmueble a pesar de haber violado acuerdos judiciales tras la quiebra.