El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene entre sus próximas metas reemplazar el actual Código de Planeamiento Urbano por el nuevo Código Urbanístico. El Ministerio de Desarrollo Urbano ya puso a punto el proyecto, que en un primer momento pretendían hacer llegar a la Legislatura en marzo, pero que podría quedar para después de octubre para evitar (más) factores de discordia preelectorales. Sin embargo, el tema ya está generando rispideces. Mientras el oficialismo defiende su iniciativa por moderna, verde y sustentable, quienes abogan por una ciudad más inclusiva advierten sobre sus efectos y negociados.

 

“Queremos plantear un nuevo paradigma urbanístico que devuelva la homogeneidad al tejido urbano, instale una sana convivencia de actividades y proponga un crecimiento de acuerdo a las infraestructuras de servicios y transporte”, dijo a Clarín Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte. El cambio que impulsa el funcionario incluirá –según el proyecto- el crecimiento arquitectónico de la ciudad concentrado sobre las grandes avenidas, con el argumento de que ya tienen transporte público e infraestructuras de servicio. Además, se incorporarían “unidades de sustentabilidad”, definidas como redes de circulación primaria, con vías que prioricen la circulación de vehículos, y “macromanzanas” o unidades sustentables para la movilidad peatonal y el uso de bajo impacto ambiental.

 

Pese a la poca información y difusión oficial sobre el nuevo Código Urbanístico, el referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, consiguió y puso en circulación el proyecto, en su versión de febrero de este año, aprobada en primera instancia a las apuradas y con reticencias para ser abierto a la participación de las comunas, pese a una orden judicial en ese sentido. Drástico en su veredicto, Baldiviezo advirtió que el proyecto está “hecho a medida del mercado inmobiliario y de la mercantilización de la ciudad”.

 

¿Por qué? En diálogo con Sur Capitalino, el titular del Observatorio alerta que “este nuevo código en vez de solucionar los problemas de los porteños viene a solucionar los problemas jurídicos de las empresas. Todos los permisos ilegales que fueron entregados en años anteriores, muchos declarados por la justicia como ilegales, necesitan un nuevo código para legalizar la situación existente”. Además, señala, se apunta a “liberar en algunas zonas el mercado inmobiliario. Es lo que el mercado pide: seguridad jurídica y nuevos ámbitos de expansión”.

 

Una de las principales críticas de Baldiviezo se dirige al permiso que brindará el nuevo código para la construcción de edificios en altura en todas las avenidas porteñas, con máximos de 13 pisos. “Uno podría decir que está bien esa norma para las avenidas, pero esa permisión va a generar mucha construcción en barrios donde la infraestructura no es adecuada y donde no hubo ningún estudio técnico para ver cuál es la capacidad de la infraestructura”.

 

Por caso, ejemplifica, avenidas boquenses como Patricios o Almirante Brown tienen en su mayoría construcciones bajas, y el impacto de poblarlas de torres sería inmenso. “Con la normativa actual, que no permite construir a grandes alturas, La Boca ya sufre desalojos intensos, donde se va desplazando su población. Lo que viene a hacer este cambio es cerrar el círculo: en un primer momento los inversores empezaron a comprar tierras, luego vino la inversión del Gobierno, la política de exención impositiva para que construyeran allí, y ahora va a venir la autorización para construir a gran altura. El código cierra el ciclo, no solo para La Boca sino para toda la zona sur porteña”, alerta el especialista.

 

Desde el Observatorio concluyen: “Este proyecto no tiene normas ni herramientas urbanísticas que consideren los principales problemas de la ciudad: el aumento de familias inquilinas, la pérdida de espacios verdes, los procesos de gentrificación de los barrios, el colapso de los servicios públicos, la sobreconstrucción y la pérdida de las identidades barriales, la falta de democracia en la discusión de la planificación, la mercantilización y privatización de lo público, la disminución grave del banco de tierras públicas, el deterioro ambiental, la destrucción del arbolado público, la especulación inmobiliaria, la crisis habitacional, la distribución desigualitaria de la riqueza producida por la ciudad, entre otros”.

 

También con la mira puesta en el sur, desde el espacio Proteger Barracas advierten que, para este barrio, “las nuevas normas dejarían sin efecto muchos de los avances urbanísticos alcanzados mediante las iniciativas vecinales entre 2008 y 2013”. Como la Ley 3.954, lograda a instancias del reclamo de ese colectivo, que limita las alturas de las nuevas obras en cuadras donde hay casas bajas, con la idea de preservar las construcciones históricas del barrio. 

 

En diálogo con este medio, desde Proteger Barracas también cuestionaron que “para la elaboración del proyecto del nuevo Código Urbanístico se creó un Foro de Desarrollo Urbano integrado por representantes de las principales desarrolladoras inmobiliarias -IRSA, Consultatio, Vizora, TGLT y otras- junto con entidades que nuclean profesionales de la construcción, pero no se abrió el debate a los vecinos en particular ni a ONGs, lo cual hace sospechar que las nuevas normativas se están proyectando ‘a medida’ de los interesados en el negocio inmobiliario”.

 

El legislador Hernán Rossi de SUMA+ destaca la modificación del Código vigente, que fue impuesto en 1977 en plena dictadura, pero enciende varias luces de alerta en cuanto a su implementación. “El valor de un terreno urbano está dado por la capacidad constructiva que la normativa vigente asociada le otorga. El Estado, modificando un número referente a una altura o un factor, puede beneficiar o perjudicar, enriquecer o empobrecer al tenedor del dominio de la propiedad. En esta coyuntura, el manejo que se haga de la información es determinante: si alguien acaso contara con información privilegiada, podría comprar barato, sabiendo que determinada tierra se verá beneficiada por la nueva normativa o vender rápido, sabiendo que se verá perjudicada”. Rossi también advierte que es imprescindible la “transparencia para que el dictado de normas no beneficie a sabiendas a terrenos ligados a funcionarios o amigos del poder” y, al mismo tiempo, “obliga a pensar al Estado en cómo recuperar la plusvalía percibida por los propietarios que se verían beneficiados sin hacer más que sentarse a esperar la votación de la ley”.

 

El proyecto en discordia se debatió a fin del año pasado en el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), el organismo encargado de la formulación y actualización del Plan. Según Baldiviezo, fue aprobado en noviembre de forma fugaz “luego de sólo un día de tratamiento”. El camino seguía por los Foros participativos, por el Consejo del Plan Estratégico (COPE) y las Comunas, hasta devenir en proyecto de ley y ser tratado en la Legislatura. Pero esto no sucedió, al menos por ahora.

 

La ausencia de instancias de participación y consulta comunal, llevó al Observatorio y a la Campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad a presentar un amparo ante la Justicia porteña. El 24 de noviembre la jueza Elena Liberatori le ordenó al Gobierno que elabore un cronograma de participación, que ponga en funcionamiento canales alternativos de comunicación para la difusión de la convocatoria al Foro entre los sectores que no tienen acceso a internet y de los representantes de los barrios más vulnerados, y que ponga a disposición estudios, relevamientos y diagnósticos de la situación de la Ciudad.

 

En la sentencia, la jueza expresa que "surgen elementos contundentes que permiten afirmar que tanto la convocatoria ministerial como la efectiva integración del Foro, se halla sesgada por hacer lugar a una participación preferencial, básicamente la de los sectores del negocio inmobiliario".