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miércoles 28, junio de 2017

Buscan frenar el desalojo del Elefante Blanco

El Defensor público Ramiro Dos Santos Freire y la Asesora Tutelar, Norma Sas, presentaron una medida cautelar ante el juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, a cargo de Elena Liberatori, para impedir el desalojo de 50 familias que habitan la manzana 27 bis, en las inmediaciones del edificio.

Buscan frenar el desalojo del Elefante Blanco

El Gobierno porteño quiere mudar el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al edificio del Elefante Blanco.  A fines del año pasado llamaron a licitación para realizar un estudio estructural que permita demoler los pisos superiores y conservar las tres primeras plantas del legendario edificio.

La presentación de Sas y Santos Freire tiene carácter de “urgente”, ya que consideran que está en riesgo el derecho a la vivienda digna de las familias que acompañaron con su firma el pedido de amparo.  Según indicaron en la presentación judicial, la Defensoría ha recibido pedidos de manera informal (llamados telefónicos, consultas en el territorio) que dan cuenta de la preocupación de los vecinos que reciben constantemente visitas de funcionarios del Gobierno porteño “que manifiestan que deben retirarse del predio y que resultaría inminente un desalojo.”

“Las versiones sobre la posible instalación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA al Complejo Elefante Blanco, generan incertidumbre entre los vecinos, en la medida en que no se prevé una solución habitacional para quienes deban ser trasladados”, advirtieron.
 
Las familias afectadas, remarcaron los defensores, padecen una “gravísima situación  de vulnerabilidad social y de carencia de recursos, que les impide sostener derechos básicos (salud, alimentación, vivienda digna) y que necesitan imperiosamente de la asistencia estatal y el reconocimiento de sus derechos”. 
 
“El lugar no es habitable, es indigno que haya personas viviendo ahí, entre la basura y los roedores. El Gobierno tendría que sentarse a dialogar con ellos y acordar una solución habitacional acorde a cada caso”, indicó Sas a Página/12. “No se puede desalojar así de un día para el otro sin garantizar los derechos de las personas involucradas”, añadió.
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