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domingo 20, agosto de 2017

Frente a la inseguridad social, más violencia policial

 COLUMNA DE OPINIÓN DEL CLUB VANULEN / USINA VILLA 21-24

A un mes del asesinato de Cristian Toledo, en manos de un policía de la Ciudad.

Frente a la inseguridad social, ms violencia policial

 Nuevamente un caso de gatillo fácil en el barrio de Barracas. Esta vez un bombero, sobre armado y sobre legitimado, mató a un pibe de 22 años de un balazo en el pecho, tras una discusión que escaló en una persecución vehicular a los tiros sobre Av. Vélez Sarsfield. Con 22 años, Cristian Toledo se convirtió en una víctima letal de la violencia Estatal.

 
Hablamos de una violencia que se acumula; ya sea por acción o inacción, la ausencia del Estado posibilita todo tipo de prácticas sobre lxs vecinxs de determinada comuna, de determinadas manzanas. La Villa 21-24 del barrio de Barracas, al igual que otros barrios, padece de violencias funcionales para restringir el ejercicio de derechos. La educación vulnerada con una falta sistemática de vacantes, la salud rodeada de un medio ambiente contaminado, el trabajo no registrado como premisa y viviendas no integradas a la ciudad con sus fachadas pintadas de promesas.
 
La postergación e indiferencia del Estado que no apura las respuestas integrales necesarias en el barrio parece consentir interpretaciones de que algunas personas pueden ser ignoradas, violentadas y acribilladas sin explicación y sin sentido.
 
La reacción del Estado local es lenta e insuficiente. A través del maquillaje mediático empezó tibiamente a hablar de procesos de re-urbanización “participativos”, pero las mesas que se conforman entre agencias del Estado y vecinxs parecen ser sólo para justificar los plazos eternos que siempre se truncan, las viviendas no llegan. La irregularidad que avala el estado se “contagia” hacia las empresas que deben trabajar en su nombre . ¿Quién certifica la obra pública del tendido de agua y cloaca para un barrio del cual poco se sabe de su devenir? Mientras que entre AySA, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Subsecretaría (cada vez con rango más bajo) de “hábitat e inclusión” ya llevan un “doctorado” en esquivar conflictos, los pasillos se inundan, y el agua no es segura. El Riachuelo crece, el plomo en sangre también.
 
Lo único que permanece es la policía, con distintos nombres, pero siempre reflejando la expresión violenta del Estado. De manera activa y cruda se relaciona constantemente con lxs vecinxs del barrio, pero no para proteger. Primero se dispara, después se pregunta. Parecerían preguntarse, ¿quién necesita una orden para allanar una vivienda que no existe en el catastro? ¿por qué respetar un derecho de quien no tiene acceso a la justicia?
 
El escenario de violencia que genera la ausencia del Estado propicia que sus fuerzas de seguridad cuenten con un escenario de impunidad y desidia para apretar, violentar y gatillar, aunque los medios hegemónicos de comunicación lo vendan como “seguridad”. El acceso a la vivienda es una piedra angular en el acceso igualitario a otros derechos, para que la luz llegue sin riesgo, el agua sin plomo y la policía sin balas.
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