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lunes 30, octubre de 2017

Un juicio contra el derecho a huelga

La Justicia elevó a juicio oral la causa abierta en 2013 contra seis delegados de la comisión interna de la Editorial Perfil, bajo la acusación de violar la libertad de prensa tras haber realizado un paro de actividades contra los despidos de trabajadores en la empresa. Desde la mañana, el SiPreBA  montó una radio abierta en las puertas de Comodoro Py para que todos puedan expresar su solidaridad.

Un juicio contra el derecho a huelga

Los delegados Rubén Schofrin (a la vez secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Sipreba), Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos "Fito" Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana deberán comparecer hoy frente al juez Walter Candela acusados de violar el artículo 161 del Código Penal por reclamar la reincorporación de 13 trabajadores despedidos en 2013.

Frente a la decisión del  empresario Jorge Fontevecchia, propietario de la Editorial, de despedir a 13 trabajadores, la respuesta de sus compañeros fue parar las  actividades y manifestarse en las instalaciones donde se imprime el semanario. El anuncio se produjo un día de elecciones de comisión interna y, entre los despedidos, se encontraban trabajadores que gozaban de inmunidad gremial por ser integrantes de la junta electoral encargada de los comicios.

"Se trató de una medida manifiestamente ilegal. La empresa nos había informado que aspiraba a reducir la planta en 150 trabajadores. Para eso estaba dispuesta a dar una pelea de fondo contra la organización gremial que nació en 1998", explicó Rubén Schofrin, quien trabaja en la empresa desde marzo de 1989 y actualmente se desempeña como jefe de Arte. 
 
Marcelo Iglesias, trabajador del archivo y delegado, subrayó que "no cometimos ningún delito, estábamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. La novedad, lo más complejo y preocupante, es la aplicación del Código Penal a un conflicto gremial. En todo caso debió resolverse en la justicia laboral". 
 
Schofrin señaló que "el artículo 161 se elaboró en función de evitar que se impida la difusión de las ideas, con la libertad de prensa entendida como libertad de expresión. Debería ser una garantía del trabajador frente a la empresa o factores externos y no al revés. No violamos el derecho de ningún periodista de decir lo que quisiera decir". Su compañero, Fito Rodríguez agregó: "La propia empresa publicó que el diario se retrasó, pero salió". Para los acusados se trata de una "provocación" que encubre una "grave persecución gremial". 
 
Fuente: Tiempo Argentino
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