Diez años después, la misma incertidumbre

 Sin la presencia de vecinos, la Corte Suprema hizo una audiencia donde Nación, Provincia y Ciudad dejaron en claro que no saben cuándo sanearán el Riachuelo ni cuándo relocalizarán a quienes viven en sus orillas expuestos a la contaminación. Por Juan Manuel Castro

Diez años después, la misma incertidumbre

 

Se cumplen diez años del histórico fallo por la Causa Mendoza. En 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó a los Estados de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, garantizar la seguridad ambiental, reubicar a las familias que viven sobre el camino ribereño y mejorar la calidad de vida de toda la población de la cuenca. El 14 de marzo pasado, el máximo tribunal hizo una audiencia pública con los funcionarios de los tres Estados y de la Autoridad de la Cuenca para escuchar sobre avances y plazos, pero solo hubo imprecisiones oficiales, la demostración de que aún son más las deudas que los progresos. Para peor, quienes más conocen sobre los efectos de la contaminación sobre sus propios cuerpos volvieron a quedar afuera de este encuentro. Tal como sucedió en la audiencia del año pasado, los vecinos solo pudieron protestar con pancartas en los pasillos de Tribunales, rodeados por efectivos de seguridad que los mantenían lejos de funcionarios y supremos. Como si no fueran parte -y parte fundamental- de este expediente, su derecho a ser oídos volvió a ser vulnerado.
 
Dentro de la Sala de Audiencias de Talcahuano 550, la presidenta de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, creada en 2008 para cumplir el fallo de la Causa Mendoza), Dorina Bonetti, dijo no saber “con exactitud” cuándo estará listo el saneamiento ni el plan de viviendas. Desde el Estado nacional, Pablo José Bereciartua dijo que Aguas y Saneamientos (AySA) entre 2021 y 2023 terminará un colector de cloacas sobre la margen porteña.
 
Luego de escuchar los argumentos de ACUMAR –organismo que desde que asumió Cambiemos, ya tuvo cuatro presidentes-, el ministro de la Corte Horacio Rosatti, dijo que se está “más lejos” de cumplir el fallo. “No planteamos mejorar el uso (del Riachuelo), sino hablamos de mantener un uso bajo (por los niveles de contaminación en aire, agua y suelo)”, lamentó. Tras preguntar y repreguntar sin lograr una sola fecha concreta, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, pidió “más seriedad” para precisar datos duros. Algunos documentos incluso se contradecían. Hizo recordar que la Auditoría General de la Nación criticó los escasos avances en este sentido y llegó a hablar de desmanejos y discrecionalidad. "¿Cuándo creen que van a terminar si en diez años se cumplió solo con el 22% de las viviendas?", preguntó Lorenzetti.
 
Quienes sí tenían certezas sobre lo ocurrido en la última década eran los vecinos del Riachuelo, muchos de los cuales presentan un desmedido porcentaje de plomo en sangre por vivir frente a la contaminación. Sin embargo, ellos, los más afectados, no fueron invitados a exponer en esta audiencia. "El gobierno porteño es un mentiroso serial. Las relocalizaciones deberían haber estado listas en 2013. Nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema, pero en el fallo de la Corte somos cosas, no se nos considera sujetos, habilitados para participar", se indignó Mario Gómez, delegado de sirga de la villa 21-24, rodeado de vecinos que exigían pasar con sus carteles en alto.
 
El Ministerio Público de la Defensa porteño, que los representa, hizo su balance: “A casi 10 años de la sentencia, 1.265 familias de las casi 2.084 aun no fueron relocalizadas, más del 65% de las relocalizaciones están incumplidas. Estas relocalizaciones y las urbanizaciones pendientes carecen de fecha cierta y de un plan integral para reducir el daño generado por el impacto del paso del tiempo y los incumplimientos de las mandas judiciales”.
 
Señalan que de los 632 barrios populares de la cuenca afectados, que fueron identificados en el mapa de riesgo, 231 se encuentran en “riesgo alto” o “muy alto”. El sector de la villa 21-24 que está fuera del camino de sirga, está ponderado de “muy alto riesgo”. También detallan que la villa 21-24 lleva más de dos años sin relocalizaciones y que “solo se han reparado (y mal)y 8 viviendas de las cientas que se necesitan de manera urgente”. Según se especifica, las urbanizaciones de los asentamientos “El Pueblito” y “Magaldi” se encuentran detenidas desde el año 2011.
 
En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid, en La Boca, recién se encuentran en instancia de diseño. Allí se demora la mudanza de pobladores a Olavarría 71, Irala 750, Liberti 1060, Pinzón 922 y Olavarría 61-63, cinco terrenos que fueron adquiridos para tal fin. Los incumplimientos tienen efectos concretos: el asentamiento Lamadrid, censado en el año 2011, arrojó un total de 373 familias. Durante el año 2016 por pedido de los delegados del asentamiento, el MPD relevó nuevamente el barrio: 441 familias. Es decir, un 31% de las familias relevadas no habían sido censadas en 2011.
 
En 2014 la Legislatura porteña aprobó la Ley N° 5.172 para expropiar terrenos y reubicar allí a las familias del Riachuelo, en su mayoría de la 21-24. Ahora pertenecen al Instituto de Vivienda porteño (IVC), que hizo llamados a licitación pública, aunque las obras no iniciaron. Se trata del Barrio Ribera Iguazú (camino ribereño e Iguazú), Barrio Alvarado (Magaldi y Alvarado), Barrio Orma (Luna y Cruz), Barrio Pepirí y Diógenes Taborda (Sáenz y Río Cuarto) (ver Recuadro Barrio por barrio).
 
Al cierre de esta edición, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a funcionarios porteños recorrieron el camino de sirga del Riachuelo, entre el Puente Bosch y Perdriel, donde está la Estación de Bombeo 5 y el comienzo de la villa 26. Fuentes oficiales señalaron que allí se desarrollan trabajos para que haya un corredor verde con casi 70 mil metros cuadrados. La relocalización de la villa 26 fue la única que se realizó en territorio porteño durante el año pasado: 118 familias fueron ubicadas en San Antonio 721, en Barracas; 54 en el Complejo Lacarra de Lugano pero aún quedan 43 familias -no censadas en 2010- que esperan a orillas del Riachuelo que el IVC apruebe sus créditos.
 
El año pasado el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte hizo un llamado a licitación por 80 millones de pesos para la obra Camino de Sirga III, que irá de la avenida Sáenz en Nueva Pompeya hasta Vieytes, en Barracas. Según los pliegos del trabajo, Ciudad va a hacer participar a los vecinos en el diseño del paseo público.
 
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Felipe Miguel, precisó: “Ya se relocalizaron 800 familias, se está trabajando para reubicar a las restantes 1.100. Vamos a cumplir con el compromiso para que a fines del 2019 no haya más personas viviendo en esas condiciones”. En 2017 y 2018, durante la apertura del periodo ordinario de sesiones en la Legislatura porteña Rodríguez Larreta revalidó este compromiso ante representantes de los tres Poderes del Estado capitalino. El plazo fijado por la Corte era 2013, cuando Mauricio Macri gobernaba la Capital Federal.
 
La gran deuda
A casi 10 años del dictado de la sentencia de Corte y a 6 de la firma de los convenios marcos para el cumplimiento del plan de urbanización, restan relocalizar 1.265 familias de las casi 2084 familias afectadas por la relocalización producto de la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires. Esto implica que solo se ha avanzado en un 35%, restando la relocalización de aproximadamente el 65% de la población afectada.
 
Barrio por barrio
Si se analizan las obras destinadas a las familias que aún esperan ser relocalizadas, revisten un cuadro muy pobre de avance que los enfrentan a un escenario de varios años de espera. Los plazos comprometidos están largamente vencidos y no se han aplicado sanciones de ninguna índole a pesar de la gravedad del incumplimiento sistemático por parte del Gobierno porteño.
El problema se agrava, si se lo conjugan con los problemas que presentan las ejecuciones de las pocas obras en marcha. Es simbólico el caso de las viviendas en el terreno de la ex Mundo Grúa, donde las obras se comprometieron para un plazo de 100 días en julio de 2011. Más allá de los retardos, la mala aplicación del sistema constructivo, el desfalco por parte de la constructora y la inobservancia de las previsiones ordenadas en los estudios de suelo, y conexión de la infraestructura, ponen en cuestión severamente la obra.
 
La situación en la 21-24
En 2011, en la villa 21-24 fueron relevadas en el sector del camino de sirga un total de 1334 familias, de las cuales solo han sido relocalizadas 165 en pésimas condiciones al Complejo Urbano Padre Mugica (según el informe Mapa de riesgo social para urbanizaciones emergentes -UREM- realizado por ACUMAR en 2017, este complejo se encuentra en situación de “muy alto riesgo” ambiental con lo cual las relocalizaciones no lograron superar mínimamente el riesgo en que se encontraban en la villa). Es decir, que el avance en este barrio llega apenas a un 12%. En los últimos 2 años no se efectuaron relocalizaciones y es probable que en 2018 tampoco. Asimismo, existen más de 10.000 familias en la villa 21-24 ubicadas fuera del camino de Sirga sin solución habitacional proyectada.