El ataque contra Lucas ocurrió diez días después de que Mauricio Macri ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales e inauguró la versión del macrismo en materia de “seguridad”, anticipando lo que luego sería la “Doctrina Chocobar”, defendida a ultranza por la ministra Patricia Bullrich. Aquel 9 de noviembre, mientras Lucas luchaba por su vida en el Hospital Argerich, la vicejefa de Gobierno porteño y recién electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, justificó el accionar policial argumentando que había ocurrido a partir de un alerta de botón antipánico por supuesta violencia de género, algo que nunca existió. La versión de Vidal y la versión policial del enfrentamiento fueron desmentidas tanto por la mujer de Lucas como por los vecinos y el colectivo Ni una Menos.

 

La historia de Lucas es también la historia de un barrio que viene sufriendo las expulsivas políticas públicas del PRO en materia habitacional. Lucas fue baleado por el policía Ayala en la puerta de su casa, un hogar de “tránsito” donde desde hacía más de una década vivían varias familias reubicadas de un conventillo del IVC (Instituto de Vivienda porteño). Hacinamiento, desalojos e incendios son moneda corriente en La Boca, donde el Gobierno porteño impulsa la especulación y los negocios inmobiliarios a costa de la expulsión de los vecinos y vecinas.

 

La historia de Lucas es también la muestra de la ineficiencia de las políticas públicas para resolver conflictos vecinales. El policía Ayala estaba de consigna en la puerta del edificio por un conflicto del que nada tenía que ver la familia de Lucas. Además, el Estado envió un uniformado que no tenía la capacitación suficiente. Ayala tenía 20 años y sólo seis meses de entrenamiento. 

En enero del 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que el intento de homicidio de Ayala a Lucas Cabello representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Osvaldo Rappa que había calificado el hecho como “exceso en legítima defensa”. La apelación fue lograda por la querella de la familia de Cabello, conformada por los letrados Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del entonces fiscal titular Miguel Palazzani. Actualmente, luego de tres años de macrismo y de diversas presiones a la Justicia, la Procuvin fue desmantelada.

 

El juicio contra Ayala es el resultado de una lucha que fue sostenida en primera instancia por Lucas, su madre Carolina Vila, su familia, junto el gran apoyo de las organizaciones del barrio que se movilizaron, una y otra vez, motorizando la causa y revirtiendo la cobertura mediática de la prensa hegemónica que lo etiquetaba como “un trapito baleado” pero se negaba a contar su historia. Como dice el propio Lucas: "Yo le gané a la muerte, soy el hijo de todas esas madres que perdieron a sus hijos y por todos esos pibes voy a seguir luchando”.

 

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