Denuncian la política represiva del Gobierno porteño

La Legislatura presentó un informe sobre la violencia institucional en la ciudad y reveló que la Policía fue responsable del asesinato de 43 personas durante el período de 2017 a 2019.  Casi dos personas mueren por mes en hechos vinculados a la brutalidad policial.

 

Denuncian la política represiva del Gobierno porteño

La Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, presidida por la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman, presentó los resultados del segundo informe sobre el avance de la violencia institucional en la ciudad.  El documento recoge las denuncias de las víctimas y menciona los principales ejes sobre los que se despliega el accionar represivo fuerzas de seguridad: la criminalización de la protesta, la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, el hostigamiento a lxs trabajadorxs informales y el gatillo fácil a lxs jóvenes en los barrios y asentamientos.

El informe comprueba la presencia de 282 efectivos policiales que también actuaron en las fuerzas de seguridad federales durante la dictadura para destacar la continuidad de prácticas represivas que, según el último relevamiento de la CORREPI, fueron responsables de la muerte de 43 personas en 26 meses.

Durante la presentación, Bregman estuvo acompañada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (Frente de Todos) y la directora de la Comisión Especial, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry. 

El documento da cuenta de algunos de los hechos de violencia más significativos del 2019. Uno de los primeros casos se produjo el 15 de febrero, cuando la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma a los Feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que habían convocado a “un feriazo” en Plaza Constitución y Plaza Miserere. La represión fue para impedir que instalaran sus puestos de venta.

Cinco días después ocurrió otro tanto con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf cuando repartían gratuitamente cuadernos en Congreso como denuncia de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación de la Ciudad. Hubo cuatro detenidos. Fueron golpeados trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.

Otros casos similares fueron citados en el informe:

* Represión con gases y golpes contra trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola.

* El lunes 11 de marzo, la represión llegó al barrio de San Telmo, sobre los artesanos y artesanas de la calle Defensa. La violencia policial recayó también sobre turistas y transeúntes que recorrían la feria.

* El 22 de marzo, decenas de policías amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una actividad por el Día de la Memoria. Se alegó que hubo “una denuncia anónima”, sin otra explicación.

* El sábado 23 con similares excusas, la policía de la Ciudad irrumpió en un local céntrico del PTS -FIT.

* En varias oportunidades fueron reprimidos y perseguidos los trabajadores de la agencia de noticias Télam, movilizados contra los despidos. Lo mismo ocurrió en otras movilizaciones protagonizadas por trabajadores del Hotel Bauen, Clarín, Centro Gallego, Línea 60, feriantes de la UTT, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, y estudiantes terciarios del Normal 1.

* En una conferencia de prensa conjunta, los gremios docentes UTE y Ademys denunciaron ataques y persecución a docentes por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un total de 24 docentes relataron la persecución recibida.

* La Defensoría General de la Ciudad denunció casos de discriminación racial contra extranjeros que trabajan en la vía pública. En más de la mitad de los hecho, las víctimas (el 57,5 por ciento) fueron senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes. Las denuncias comenzaron en 2018 y siguieron durante 2019.

* El periodista Martín Rodríguez fue detenido por la Policía de la Ciudad por intentar mediar ante la detención violenta de un joven por parte de ocho agentes que lo acusaban de un supuesto hurto. Este tipo de situaciones se repitió muchas veces a lo largo del período analizado.

La Comisión Especial denunció la persecución y el maltrato sufrido por vecinas y vecinos de la Villa 31 de Retiro que se opusieron a la aprobación del proyecto oficialista que dispuso la venta de terrenos en el barrio Carlos Mugica, como paso inicial de lo que fue denunciado como “un negocio inmobiliario” promovido por el gobierno porteño.

Como parte del accionar represivo y persecutorio de los grupos más vulnerables, se mencionó el intento del gobierno de Rodríguez Larreta de desalojar a 106 familias que desde hace diez años viven en el emblemático edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios. El intento fue fallido por la resistencia de los vecinos, con el apoyo de legisladores de la Ciudad y organizaciones sociales.

Durante el encuentro, repudiaron los hechos de violencia ocurridos en Chile y Bolivia, y advirtieron que el accionar de las fuerzas y el incremento de casos de violencia y asesinatos en la ciudad es coincidente con política global impulsada por Estados Unidos en la región.

Fuente: Página 12