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jueves 16, enero de 2020

Maldita policía

Nahuel Acosta de 18 años fue asesinado de un tiro en la nuca por un oficial de la Policía de la Ciudad en la villa 21-24, tres días antes de que Macri y Bullrich dejen el Gobierno nacional. El último caso de la “doctrina Chocobar”. Por Mateo Lazcano

 

 

Maldita polica

El pasado 7 de diciembre, a las 6.30 de la mañana, todavía Mauricio Macri era Presidente y Patricia Bullrich la ministra de Seguridad. Les quedaba 73 horas y media en sus cargos de Gobierno. La “doctrina Chocobar” se cobró una ultima victima. A esa hora, en la esquina de Luna y Alvarado, en la Villa 21-24 de Barracas, un oficial de la Policía de la Ciudad le disparó en la nuca y a quemarropa a Nahuel Acosta, un vecino de 18 años de edad. El adolescente murió de inmediato y el nuevo caso de violencia institucional conmovió al barrio.
 
Como su madre había tenido que trabajar durante la noche, Nahuel aprovechó para no regresar a su casa y se juntó con amigos. A la madrugada, cuando ya había amanecido, se encontró en un paredón lindero a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur con el oficial primero Daniel Alejandro Lucero Quiroga, quien estaba uniformado porque iba a cumplir horas extras prestando servicio en el Subte.
 
De acuerdo al relato de una allegada a la familia, Eva Santillán, el adolescente se acercó para robarle al policía, pero cuando descubrió que era integrante de la fuerza, corrió para escapar. Lucero Quiroga no le dio tiempo. “Inmediatamente se preparó, sacó el arma y le dio un tiro en la nuca, desde atrás”, explica Eva, quien apoya su relato en el comentario de vecinos que vieron la situación. 
 
“El policía apuntó y podría haberle tirado a las piernas para retenerlo, pero fue directo a la cabeza”, continúa la mujer, también residente del barrio 21-24. Posteriormente, Lucero Quiroga “quedó muy nervioso, dando vueltas para todos lados con el arma en la mano”, hasta que finalmente se entregó. El oficial no vivía en el lugar, pero sí su novia, y como ella se sentía mal, la había acompañado del trabajo a su casa.
 
Para ese entonces, Mónica, la madre de Nahuel, regresaba de trabajar. Como hacía cada día, bajó del colectivo 59, a metros del lugar donde habían asesinado a su hijo. Paso al costado de una persona tirada en el piso, pero no se percató de que era él. Siguió caminando y su hijo más chico le avisó lo que había pasado con el adolescente. Era el pibe desvanecido que vio al pasar camino a su casa.
 
Mientras volvía, en la esquina de Luna y Alvarado ya habían encintado el lugar y montado la carpa para preservar el cuerpo. Cuando Mónica pidió acercarse a ver a su hijo, la Prefectura se lo impidió. “Traté de consolarla, nadie se acercaba a hablar con ella. Incluso llegó el fiscal y tampoco le dirigió la palabra”, comenta Santillán. La mujer recibió horas después la notificación oficial del crimen de su hijo. 
 
La causa judicial
La Fiscalía hizo el relato oficial del caso calificandolo como “enfrentamiento”. “Dicen que fue una persecución, que a Nahuel y sus amigos los venían siguiendo, pero es mentira. No hubo ningún tiroteo, solo se disparó un solo tiro, que fue el de Lucero Quiroga”, indica Eva. En ese sentido, agrega que al pibe asesinado “no le encontraron nada” cuando lo revisaron fallecido en el suelo.  
 
Ante este hecho de violencia institucional por parte de un integrante de la Policía de la Ciudad, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se puso en contacto con la familia para brindar asesoría en la denuncia. “Nosotros planteamos que se trató de un homicidio calificado, de acuerdo al Artículo 80, inciso 9 del Código Penal”, dice a Sur Capitalino María del Carmen Verdú, titular de CORREPI. “Fue un disparo a cortísima distancia, no más de 50 centímetros”, justifica.
 
La causa por ahora no tiene calificación legal. El juez que la instruye es Diego Slupski, titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 19. La investigación no fue delegada a la Fiscalía. En los primeros días de enero, la coordinadora que preside Verdú se presentará junto con la abogada Micaela Corzo como patrocinadora legal de la querella, que ejerce la madre de Nahuel.
 
En tanto, Lucero Quiroga es defendido por el Ministerio de Seguridad porteño, en manos de los abogados oficiales de la Policía de la Ciudad, Alejandro Bisbal y Santiago De Jesús. Este último tiene un largo historial defendiendo a policías: intervino en el caso de Nehuen Rodríguez y Lucas Cabello. Por ahora, el juez Slupski dispuso la excarcelación del oficial. 
 
¿Quién era Nahuel?
“Él era muy cariñoso y sociable, tenía muchos amigos y amigas en el barrio, donde vivió toda su vida. Hace poco me encontré con un chico que tenía puesta una de las remeras que hicieron en homenaje a Nahuel y no me conocía, lo que demuestra que tenía buenos vínculos”, contó Mónica a Sur Capitalino.
 
El pibe asesinado tenía 18 años cumplidos en agosto. Vivía con sus padres, sus tres hermanas de 21, 20 y 16 años y su hermano también de 16. El adolescente había dejado el colegio el año pasado y había comenzado a trabajar con su tío. “Estaba muy contento, se compraba sus zapatillas. Pero ese día nos mintió, dijo que se iba a trabajar y no fue así”, lamenta Mónica.
 
“A veces me da bronca, miro la foto y lo reto. Él sabía muy bien cómo sufría, yo lo lloraba en vida, lo iba a buscar por el barrio cuando se iba de casa”, describe con crudeza sobre Nahuel, quien no tenía antecedentes delictivos y nunca había estado detenido.    
 
“Todavía no hicimos movidas por el barrio, pero seguramente las hagamos a futuro”, explica Mónica. No obstante, en los primeros días de enero se realizará un mural con su rostro en una pared cercana a la casa donde el adolescente vivió. 
 
“Yo quiero justicia”, cierra la mujer, que comenzó el 2020 de una forma no deseada. Con el nombre de su hijo en el listado de los casos de violencia institucional de la Policía de la Ciudad. 

 

EL FIN DE LA DOCTRINA CHOCOBAR
 
El 20 de diciembre de 2019, con la resolución 1231/2019, el nuevo Ministerio de Seguridad de la Nación conformó el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”. El Gobierno electo derogó la llamada “Doctrina Chocobar”, que rigió desde 2018 por impulso de la exministra Bullrich. 
 
A pocos días de que finalice 2019, CORREPI había presentado su Informe de la Situación Represiva Nacional. En el mismo, hacía hincapié en que “el Gobierno de Macri fue el más represor desde la vuelta de la democracia”. Durante los cuatro años que duró Cambiemos en el Poder Ejecutivo, “hubo una muerte por parte del aparato represivo estatal cada 19 horas”, precisó el documento, mientras que al momento de asumir, el índice era de una cada 28. De hecho, de los más de 7000 fallecidos por esta causa desde 1983, el 26 % de los casos se dieron entre 2015 y 2019. Fueron en total 1833 muertos a lo largo de 1435 días
 
Inmediatamente asumio su cargo, la ministra Sabina Frederic convocó a una reunión María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, referentes de CORREPI. En la cita, el organismo sostuvo como los asuntos más urgentes para atender “las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la extrema situación carcelaria y los protocolos de lógica bélica para la intervención de las fuerzas en contexto de manifestaciones y movilizaciones”.
 

 

 

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