Desde 2012, con la creación del Distrito de las Artes el barrio se encuentra asediado por el avance del negocio inmobiliario que aceleró el proceso de expulsión de los vecinos. Hoy hay un promedio de tres desalojos por semana. Se trata de conventillos y otras viviendas precarias, varias que terminan incendiadas, como el asentamiento consumido por el fuego en la calle Irala hace diez días, donde 15 familias quedaron a la deriva. En todo 2019 hubo 18 incendios. 

 

"Es un modelo de desarrollo extractivista del suelo urbano. Para llevarlo adelante se sustituye una población por otra de mayor poder adquisitivo, con nuevos hábitos de consumo y costumbres. Los inmuebles ocupados valen muchísimo menos que el valor de mercado", explicaron desde La agrupación La Boca Resiste y Propone.

 

Hace unos días decidieron presentar un amparo colectivo con el patrocinio del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Defensoría N° 5, para exigir el cumplimiento de la Ley 2240 de Emergencia Ambiental y Urbanística que rige en el barrio desde 2006.

 

Reclaman que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presente ante el juzgado un plan concreto que indique cómo llevará a la práctica los conceptos de la ley de emergencia ambiental y urbanística de La Boca; que se lleve a cabo un relevamiento sobre las necesidades habitacionales; y que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad otorgue soluciones de vivienda para los casos de desalojo, con acceso al crédito y refacciones de las viviendas.

 

En paralelo, la Legislatura también empezó a tratar el tema. Diputados, representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales realizaron el lunes pasado el segundo encuentro por la emergencia habitacional, que involucra no sólo los desalojos, sino el acceso a la vivienda, los alquileres y a las personas sin techo: de acuerdo al 2° Censo Popular de Personas en Situación de Calle, de julio del año pasado, hay 7251 personas a la intemperie en la Capital. 

 

El asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Gustavo Daniel Moreno, pidió también por la suspensión de los desalojos privados, "que son los que van a poner a más personas en situación de emergencia habitacional. Además, necesitamos por ley que se reformule el subsidio habitacional como una solución transitoria al problema de la vivienda. Acá no hay programas de vivienda social que no sean la orden de una sentencia".

 

Fuente: Tiempo Argentino