Noticias
Escrache a Juan José Alvarez
La Comisión por el juicio y castigo a los asesinos del Puente Pueyrredón convocó para el próximo 26 de enero a un escrache a la Jefatura del Gobierno porteño en la que pedirán la renuncia del nuevo secretario de Seguridad.
A 31 meses de los asesinatos de Kosteki y Santillán, y a días de cumplirse un mes de la masacre de Cromañón, la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón -encabezada por Alberto Santillán, padre de Darío y Vanina Kosteki, hermana de Maxi e integrada por distintas organizaciones- exigirá la renuncia inmediata de Juan José Álvarez como Secretario de Seguridad porteño.
El escrache se realizará el 26 de enero a las 16 y denunciará, a su vez, la designación de Alvarez ya que “refleja una nueva expresión del pacto Kirchner- Duhalde que sólo traerá más represión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y más impunidad para la causa del Puente Pueyrredón”.
Según advirtió la Comisión en un comunicado, el operativo del 26 de junio de 2002 donde asesinaron a Kosteki y Santillán, “estuvo bajo su mando, y finalmente se cobró las vidas de dos militantes populares y dejó más de 40 heridos con balas de plomo”, según consta en el expediente judicial y en los archivos hospitalarios.
“Fue el propio Álvarez uno de los primeros en intentar encubrir la masacre del Pueyrredón acudiendo a la hipótesis del ‘enfrentamiento entre piqueteros’”, continúa el texto.
El comunicado considera el nombramiento de Alvarez “como un nuevo paso en la garantía de impunidad que se implementa respecto de la matanza, en el marco de las maniobras combinadas entre el Poder político y el Poder judicial para postergar sin fecha cierta la iniciación del juicio a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Avellaneda”.
Los familiares de las víctimas del 26 de junio también denunciaron al subsecretario de Seguridad, Daniel Gorgal, “quien ha dirigido el área de Justicia y Seguridad del Grupo Sophia, la principal fundación de Mauricio Macri”.
“Los antecedentes de Álvarez en el manejo de la ‘seguridad’ –finaliza el comunicado- sólo prometen medidas efectistas, dureza y represión para la protesta social a través de la aplicación del Código Contravencional represivo impulsado por Ibarra en septiembre del 2004”.
