Fallo favorable para los trabajadores del Garrahan
La medida fue tomada por la jueza de instrucción, Alicia Iermini, que tiene a cargo la causa por la que se investiga a los dirigentes Lerer, Agüero, Mansilla y García.
La misma, fue iniciada por supuestas amenazas a una funcionaria del Ministerio de Trabajo que debía certificar el cumplimiento de las guardias mínimas durante el conflicto.
El Código Penal establece hasta cuatro años de prisión o reclusión para "el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
Si bien, los imputados aún continúan vinculados a la causa, la falta de mérito implica una situación intermedia y marca un giro favorable para los trabajadores.
Para definir la situación judicial de los gremialistas, la justicia dispuso la realización de pedidos de informes y declaraciones testimoniales.