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lunes 29, diciembre de 2008

Medida anticrisis en la administración pública

El diputado de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, presentó un proyecto para declarar emergencia ocupacional en la administración pública porteña por seis meses con el objetivo de evitar despidos y cesantías anticipadas de contratados.

La iniciativa del vicepresidente del bloque Coalición Cívica de la Legislatura porteña, diputado Facundo Di Filippo, cuenta con el apoyo de los diputados Diana Maffía del mismo bloque, Silvia La Ruffa, Juan Cabandié y Alicia Bello del Frente por la Victoria, Patricia Walsh por Nueva Izquierda, Raúl Puy de Diálogo por Buenos Aires y Gabriela Cerruti.

El proyecto tiene la finalidad de evitar que el Ejecutivo porteño concrete despidos y cesantías anticipadas de contratados por el lapso mínimo de seis meses.

"He recibido denuncias de que, ante la crisis, autoridades y otros funcionarios jerárquicos del Gobierno porteño anunciaron la posibilidad de que se decidan despidos o la finalización anticipada de la labor de contratados, tal como sucedió cuando a poco de asumir (Mauricio) Macri cesanteó a 2.200 trabajadores", explicó el legislador en un comunicado.

Di Filippo destacó que "la crisis mundial ya se hizo sentir en nuestro país y tendrá graves consecuencias si desde los distintos estamentos estatales no se adoptan medidas que permitan resguardar el nivel de empleo y de consumo, especialmente de los sectores económicamente más desfavorecidos".

"El Estado tiene un rol fundamental para contener y no profundizar la crisis, para evitar la incertidumbre que afecta a los asalariados, quienes ven amenazados sus empleos y con ello sus condiciones de inclusión social, su calidad de vida y la de sus familias”, destacó el diputado.

En esta línea, el proyecto establece en su artículo 1º: "Declárase el estado de emergencia en el empleo público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de seis meses a partir de la sanción de la presente ley".

En los siguientes artículos precisa que todos los trabajadores efectivos o contratados del Gobierno porteño quedan amparados por ese estado de emergencia ocupacional, con excepción de aquellos casos que resulten de la aplicación de medidas disciplinarias.

En los fundamentos de la iniciativa, Di Filippo advierte que "resulta imprescindible que esta Legislatura asuma su rol en materia de definiciones estratégicas para la ciudad, restringiendo la posibilidad de que el Gobierno local profundice la crisis económica y afecte la situación de sus trabajadores".

Además destaca que es necesario "hacer cesar la incertidumbre que padece gran parte del personal de la administración pública local, así como prevenir cualquier alternativa que busque reducir la cantidad de trabajadores a través del empeoramiento de sus condiciones laborales actuales".