- A ocho años de la sentencia judicial, restan relocalizar 1182 familias de las casi 1800 afectadas en la Ciudad de Buenos Aires: es decir, sólo se ha avanzado en un 35%.

- En el caso de la Villa 21-24, la más grande y representativa de la problemática, sólo se relocalizó un 12%.

- De la última audiencia de 2012 hasta la fecha se relocalizaron 280 familias, es decir, un promedio de 70 por año.

- Durante 2016 no se efectuó ninguna relocalización. 

- En la Villa 21-24 no se ha terminado una sola vivienda para dar respuesta a las más de 1300 familias afectadas por la manda judicial. Las relocalizaciones realizadas fueron a la Comuna 8, colapsada en materia de servicios de salud y educación, y a complejos habitacionales con problemas de construcción y de acceso a los servicios públicos.

- Los hogares que permanecieron en pie luego de las relocalizaciones sufren graves problemas edilicios y las autoridades se niegan a remediar las viviendas deterioradas ante la incertidumbre de cómo seguirá el proceso. Mientras tanto por la falta de información adecuada por parte del IVC, otras familias comienzan a asentarse en los lotes vacíos, retroalimentando el problema.

- Las obras para relocalizar a las familias de la Villa 21-24 en el mismo barrio de Barracas aún no han comenzado, y el IVC y las empresas constructoras pretenden hacerlas con escasa o nula participación de los vecinos y del cuerpo de delegados en su planeamiento y en su construcción.

 

Ni un minuto se les dio para hablar a los vecinos. Tampoco a quienes ellos eligieron para que defiendan, a pura adversidad, sus derechos vulnerados (Defensoría General de la Ciudad o la Asesoría Tutelar, por ejemplo). Ni los 10 minutos que se les otorgó al Cuerpo Colegiado, ni los 15 de la Auditoría General. Mucho menos los 20 que tuvieron para exponer los condenados: los gobiernos porteño, nacional, de la provincia de Buenos Aires y Acumar.

Sin embargo, un grupo de vecinos, delegados de sirga y miembros de organizaciones que trabajan en la villa 21-24 decidió hacerse presente en el cuarto piso del Palacio de Justicia (aunque para ellos debería llamarse de la Injusticia). Algunos pocos pudieron entrar al salón principal donde se desarrollaba la audiencia. La mayoría, mascó bronca en el hall donde una pantalla transmitía lo que sucedía adentro. Allí se desplegaron fotos y carteles que, en pocas palabras, intentaban transmitir lo mucho silenciado. “Nuestra villa está contaminada y no la dejan gritar”. “El plomo en sangre nos está matando”. “El Pueblito presente”. “Viviendas, trabajos, salud y educación queremos”. “Frente al Estado ausente, los vecinos gritamos presente”. “Sin vivienda, el desalojo es ilegal”.

Además, ante la pantalla, las gargantas poderosas de los vecinos, respondieron al aire las mentiras de algunos funcionarios. En ese momento, el supremo Lorenzetti hizo realidad su amenaza y desalojó a los poquitos que, de parados, intentaban ser oídos dentro del salón. Sólo se les había permitido el ingreso para escuchar, no para ser escuchados.

“Reclamamos plazos cortos para cumplir con la construcción de las obras de saneamiento y viviendas de calidad para las familias del camino de la sirga;participación de los vecinos en todos los procesos de diseño y construcción de obras y en el control de su ejecución;que las obras de reurbanización en el barrio involucren a trabajadores y cooperativas del barrio, también para asegurar la calidad de las viviendas y obras;atención inmediata de los problemas de salud de las familias;saneamiento integral del Riachuelo y del medio ambiente”, habían resumido en un comunicado de prensa que difundieron antes de la audiencia pero que ningún medio nacional publicó.

Lo que sí salió en los diarios, fue cómo hicieron agua los funcionarios cada vez que alguno de los cinco jueces les hacía una pregunta:

“El 34 por ciento de los chicos que viven en la cuenca sufren alteraciones psicomotoras, ¿qué asistencia reciben?”, preguntó Elena Highton.

“¿Dicen q hay 900 empleados en Acumar pero no tienen inspectores? ¿Q hacen con una irregularidad?”, cuestionó el presidente de la Corte.

“¿Prometieron que la semana próxima empieza a funcionar el hospital Cañuelas, no?, volvió Higthon. “No, en 3 meses”, le respondieron con la mirada baja.

"Según los datos objetivos que presentan, estos indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados. Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5.200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?", indagó Lorenzetti. Y así toda la audiencia. Ocho años, poco y nada.

 

Y quiénes mejor para relatarlo que quienes sobreviven al borde del Riachuelo esperando leyes de urbanización que no se cumplen. Como en Barrio Magaldi o El Pueblito, donde las conexiones eléctricas existen por el trabajo mancomunado de los vecinos. O quienes aguardan larguísimos procesos de expropiación-licitación-construcción de complejos de viviendas cerca de donde viven actualmente para no sufrir el desarraigo. O las familias del Asentamiento Lamadrid, en La Boca, a quienes lo único que el IVC les ofrece, en concreto, son créditos que sólo les permite adquirir bien lejos de su barrio.

Todas estas familias, que siguen contaminándose año tras año de incumplimientos, también presentaron el pedido de ser escuchados por escrito. Lo hicieron días antes de la audiencia, a través del Ministerio Público de la Defensa porteño. “Nuestra intención es ser parte de la solución y contribuir al pleno cumplimiento de la sentencia”, aclaran por si hacía falta repetir que quiénes más que ellos pueden estar interesados en agilizar y no en poner palos en la rueda. En el mismo escrito, insisten con otra obviedad: “No somos (no debemos ser) mero objeto de decisiones administrativas o judiciales, sino personas que tenemos el derecho de participar en las decisiones de política pública que impactan directamente sobre nuestras condiciones de vida”.

Otro de los puntos en que hace eje el informe que presentó la Defensa Pública, de la mano de su titular Horacio Corti y su adjunto Luis Duacastella, es la ausencia de un mapa de riesgo sanitario ambiental, a pesar del tiempo transcurrido. Sostienen que, aunque la presentación del plan de Acumar menciona centenares de veces al “riesgo” como categoría, no existe un mapa sobre las poblaciones con mayor vulnerabilidad sanitario ambiental. Y como ejemplo, basta un botón: los estudios realizados por Acumar determinaron que más del 25% de los niños y niñas tenían niveles intolerables de plomo en sangre. Sin embargo, sobre ellos jamás se hizo ningún seguimiento.

Sin ser escuchados, pero también sin recibir prácticamente información sobre el avance de la causa, la incertidumbre y la angustia aumentan. “No sabemos cuándo ni cómo ni dónde se nos relocalizará. Es como si se nos dijera: alguna vez llegará el momento de irse. Tampoco conocemos los riesgos a los que estamos expuestos, ni el sistema de prioridades generado”, señalaron los vecinos que, aseguran, seguirán abriendo sus bocas para exigir ser parte de un proceso donde son los principales afectados. Quien debe oír, que oiga.