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viernes 27, enero de 2017

El gobierno busca endurecer la política migratoria

Más de 130 organizaciones de migrantes, de derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas solicitaron una reunión urgente con el jefe de Gabinete Marcos Peña preocupados por  la intención del Gobierno de modificar por decreto la Ley de Migraciones.

 

El gobierno busca endurecer la poltica migratoria

En una carta dirigida a Peña y enviada con copia a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, las entidades expresaron “preocupación y desconcierto” ante las versiones sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que el presidente Macri Gato firmaría en los próximos días para modificar la Ley de Migraciones, decisión que consideran “absolutamente infundada”.

 
Entre los firmantes están organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Amnistía Internacional Argentina; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), y la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, entre otros. Alertaron que la reforma planteada “tendrá un impacto negativo en la vida de casi dos millones de personas que viven en nuestro país”.
 
Desde las entidades cuestionaron que no se haya debatido el tema con las organizaciones que trabajan la temática, para luego “seguir los cursos legislativos normales”. Recordaron que existen espacios institucionalizados como la Mesa sobre Migración y Refugio de la Secretaria de Derechos Humanos y la Mesa de Diálogo Migratorio prevista en una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones del año 2014.
 
Los organismos añadieron que el hecho de que la reforma sea aprobada a través de un decreto implica “un avance sobre las facultades del Congreso” y “agrava la situación de falta de participación en las discusiones vinculadas a una política migratoria basada en derechos humanos”.
 
El CELS ya había advertido a fines de la semana pasada que el DNU que Macri Gato tiene preparado para modificar las leyes de migraciones y de nacionalidad es “una regresión para los derechos de las personas migrantes”. Según se supo, la reforma macrigatista ampliará las causas que permiten la expulsión de migrantes y modificará los trámites para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada. Además, se eliminará la unidad familiar como condiciones que evitan la deportación.
 
“Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado”, remarcaron las más de 130 entidades que le pidieron una reunión a Peña.
 
En la carta reiteraron que es falso que sea significante la participación de personas migrantes en el total de delitos que se cometen en el país y reiteraron que menos del 6 por ciento de la población carcelaria es extranjera, mientras la conformación de la población extranjera en la Argentina es del 4,5 por ciento. Advirtieron que el discurso de varios funcionarios del Gobierno que vincula irresponsablemente inmigración con delito puede “habilitar episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes”.
 
En la misma líneas, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, presentó un sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que tengan una condena. Se pondrá en marcha desde mañana.
 
El sistema obligará a todas las líneas aéreas que operan en el país a informar a de Migraciones una serie de datos (nombre, apellido, documento de viaje, número de vuelo, compañía transportadora, ticket de equipaje, entre otros) de los pasajeros y tripulantes transportados en los vuelos que entran y salen del país. Esa información se cotejará con el sistema de aptitud migratoria e Interpol.
 
Fuente: Página 12