Urbanización inconsulta para la Villa 31
La organización Nace un Derecho presentó un amparo para frenar que el proyecto de reurbanización que el Ejecutivo porteño remitió a la Legislatura el pasado martes 18, sin la participación de los vecinos y con varios puntos que dejan abierta la puerta a los negocios inmobiliarios.
Sur Capitalino
26 de Septiembre, 2018
La presentación judicial cuenta con más de 140 firmas y fue recibida en el juzgado de Elena Liberatori. La Organización Nace un Derecho se basó en las disposiciones de ley 3343 de 2009, que contemplaba la conformación de una Mesa de Urbanización Participativa para que las obras pudieran ser consensuado con los vecinos.
Desde la Mesa criticaron que no hubo asambleas ni participación real de los vecinos. De los puntos que fueron cuestionados en los borradores el gobierno no tomó ninguno.
La propuesta del Gobierno debía contar con la firma de al menos 8 de los 11 consejeros de la villa, que constituyen el órgano administrativo pero llegó al recinto con una sola firma.
Estos son algunos de los puntos más críticos del proyecto. La Ley N° 2736-J-2018 establece que las parcelas solo pueden ser destinadas a vivienda única y de ocupación permanente, pero las autoriza a vender siempre y cuando demuestren que tienen otra vivienda definitiva y cancelen el valor total de la hipoteca constituida sobre el inmueble.
El proyecto estipula que la vivienda también debe ser vivienda única y de ocupación permanente para el comprador excepto si el nuevo propietario le paga al gobierno porteño tres veces el valor de la hipoteca por adelantado, lo cual deja abierto el terreno para la especulación inmobiliaria.
Sobre este punto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad señala que: “El proyecto tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario”.
El proyecto de ley no contempla un esquema de protección de las familias para que el peso de las deudas y los costos económicos de la formalidad no sean un arma de presión que termine en la venta de la propiedad.
El anterior proyecto de integración social y urbana del barrio (Dictamen aprobado en el año 2011 en cumplimiento de la Ley N° 3.343) establecía la construcción de 2.500 viviendas nuevas. El nuevo no establece la cantidad de viviendas nuevas pero, según informó el Gobierno el lunes 24 de septiembre en la Legislatura, las viviendas nuevas serán menos de 1.200.
Además, la iniciativa inconsulta no fija el valor que los habitantes deberán pagar por sus viviendas. Decenas de familias que ya fueron relocalizadas en el Conjunto Habitacional Containera aún no saben el precio que deberán pagar en cuotas.
El diputado Gabriel Solano (FIT) cuestionó que la Secretaría de Integración Social y Urbana realizara varios desalojos forzosos a los vecinos que no aceptaban la relocalización. Esta práctica estaba prohibida por la ley 3343, mientras en el nuevo proyecto la prohibición fue eliminada.
Fuente: Diario Z
