El jefe de Gobierno Mauricio Macri tomó juramento como ministro de Educación al escritor Abel Posse. Las apreciaciones del ex embajador acerca de la última dictadura militar, la cultura juvenil, la educación sexual, la violencia institucional, sus concepciones acerca de la disciplina y el orden, su intolerancia y desprecio hacia quienes no comparten su pensamiento, el agravio proferido a los representantes gremiales docentes y su profundo desconocimiento de elementales aspectos del funcionamiento del sistema educativo han suscitado una andanada de críticas de importantes sectores de la sociedad en general y de la comunidad educativa en particular, cuestionando su idoneidad ética y funcional para el cargo. Podría pensarse que el flamante funcionario ignora que desde hace años se vienen implementando en las escuelas acciones tendientes a preservar la memoria sobre los aberrantes crímenes perpetrados durante la última dictadura militar (incluso existe en el ministerio que asume el proyecto Educación y Memoria), así como también hay programas destinados a la población adolescente y juvenil que Posse estigmatiza, entre ellos, el de retención escolar de alumnas madres, el Club de Jóvenes, el Centro Educativo Isauro Arancibia, o los servicios educativos que se brindan en los centros de régimen cerrado (ex institutos de menores).

Sería interesante en tal sentido que quienes impulsaron su designación le informaran al escritor sobre éstas y otras elementales nociones que hacen al funcionamiento, no ya del sistema educativo en su conjunto, sino de los programas del propio ministerio que va a conducir. Igual de importante se aprecia que pusieran en autos al ministro de que en los últimos años el “gatillo fácil” policial que parece reivindicar se llevó la vida de alumnos y alumnas de escuelas sobre las que detentará la mayor responsabilidad institucional, ello sin remontarnos al recuerdo de los estudiantes asesinados en la Noche de los Lápices, los docentes desaparecidos o el Operativo Claridad de la última dictadura en las escuelas.

Pero también encontramos elementos para pensar que no se trata sólo de un funcionario que desconoce cuestiones básicas del cargo que asume, sino que esta designación anida, se inscribe y proyecta en una línea de pensamiento y gestión que se reconoce en el nombramiento de otros nostálgicos de la represión ilegal, como el renunciante jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, la contratación de al menos un espía en el ámbito del propio Ministerio de Educación para tareas de inteligencia sobre opositores, empresarios e, incluso, un supervisor escolar, y los recurrentes exabruptos que el jefe de Gobierno suele proferir contra docentes y directivos, como cuando tildó de “vagos” a los maestros en huelga y “apendejada” a la rectora de la Escuela Mariano Acosta.

Esta designación nada aporta en términos de conocimiento, equipo y vocación para el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para la mejor atención, abordaje y resolución de los problemas que deben enfrentar diariamente las instituciones escolares: la desigualdad educativa, la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje y de la calidad educativa. En cambio, traerá aparejados niveles de conflictividad que pueden vislumbrarse a partir de la intolerancia y el pensamiento autoritario del nuevo ministro y la tradición democrática, problematizadora y participativa de los principales actores de nuestras comunidades escolares. Por todo esto nos oponemos a este infeliz nombramiento.

* Responsable del área Derecho a la Educación, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.