La causa contra el gobierno porteño fue iniciada por el dirigente de ATE, Marcelo Frondizi con intervención del asesor tutelar Gustavo Moreno como representante de los pacientes. "Pudimos demostrar que las instalaciones de la calle Brandsen –donde está el taller al que querían trasladar a los pacientes- no estaba en condiciones", dijo Marcelo Frondizi, delegado por los Talleres Protegidos.

 

A mediados del 2012, el gobierno Porteño quiso trasladar a los pacientes del hospital Borda para construir un Centro Cívico. En febrero, la jueza Andrea Danas, revocó esa medida alegando que el gobierno de Mauricio Macri había construido otro espacio (el de la calle Brandsen) para que funcione ese taller.

 

Fue precisamente en el fallo de Danas en el que el gobierno porteño se basó para demoler el lugar a fines de abril. Para ello, la policía Metropolitana gestó un violento desalojo que dejó varios heridos de balas de goma.

 

El nuevo fallo no especifica dónde debe estar el nuevo taller ni aclara si debe ser reconstruido el que fuera derrumbado, pero establece en forma taxativa que debe adecuarse a las normas de seguridad y salubridad, que no se cumplen en el taller que construyó el gobierno porteño.

 

La resolución judicial tomó en cuenta un informe de los bomberos sobre la condiciones del lugar que acompañó la causa.  Allí se detallan fallas en las bombas y un deficitario sistema de señalización mientras que en materia de salubridad alude a que las máquinas producen 87,2 decibeles contra 85 que es el que establecen las normas.

 

Los jueces Fernando Juan Lima y Esteban Centanaro se basaron en la Constitución nacional y en la porteña, y hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para concluir que los Talleres Protegidos son “ejes esenciales en la implementación de políticas de reinserción y rehabilitación” de los pacientes con padecimientos mentales.

 

Fuente: Página 12