Si a la saga Casa Amarilla le faltaba algo, era una estafa millonaria. Y ocurrió. Decenas, quizás cientos de vecinos de La Boca fueron engañados con la zanahoria de la necesidad más urgente del barrio: vivienda. Una banda de ladrones reconoció en el oscuro mundo de las adjudicaciones del IVC el terreno propicio para hacer millones de pesos. La Justicia penal ya tiene más de 500 denuncias y la enorme responsabilidad de investigar si detrás de las estafas hay funcionarios porteños. La Fiscalía 35 acumula varios sumarios, entre ellos el que se abrió en mayo pasado cuando los estafados fueron más de 300 trabajadores del subte. Al igual que en aquella denuncia, los departamentos que se ofrecían a cambio de un boleto de entre 10 mil y 100 mil pesos eran los del complejo Casa Amarilla. Algunos de los nombres señalados en las maniobras son los mismos que ahora repiten los estafados de La Boca y Barracas. Nicolás Russo, Juan Uriarte, Adriana Barrios y un hombre que se hace llamar Fabián Bento y que, según aseguran muchos denunciantes, sería un puntero PRO y el nexo con las oficinas públicas.  

Junio 2013. A Rosa Medina un compañero de trabajo le cuenta que estaban vendiendo unos terrenos en Casa Amarilla para la gente más necesitada. Había que pagar un adelanto de 10 mil pesos y luego, una vez terminada la obra, el saldo se pagaría en 376 cuotas de 538 pesos cada una. La oferta era tentadora. La conectaron con una persona, que se presentó como gestor. Su nombre era Fabián Bento. Con él se encontraba cerca de su trabajo en Floresta o venía a su casa en Villa Martelli para completar los papeles y las firmas en una carpeta con sellos y nombres de funcionarios del IVC. Sus dos hijos también se interesaron por la propuesta, lo mismo que otra compañera. Todos pagaron a Bento 10 mil pesos.

 

-¿Puede describir a Bento?, preguntó Sur Capitalino.

- Un señor de unos 40 o 50, venía en un auto gris, a veces con otra persona que decía que era su cuñado. Un día le pedimos que nos muestre su identificación y sacó un carnet de la Policía. No recuerdo si era Federal o de la Ciudad. Siempre tenía un arma en la cintura. Era difícil ubicarlo. No atendía su celular. Siempre decía que la obra iba lenta pero avanzaba. La última vez que hablé fue en marzo. Después nunca más apareció.

Rosa habló con Sur Capitalino pero no presentó la denuncia en la Justicia. “Me estafaron, nadie me devolverá el dinero. Ya fue”. El que sí fue a la Fiscalía 35 fue Gustavo Burgos.

Diciembre de 2013. Gustavo y Valeria estaban a punto de irse a vivir con sus dos hijas a Salta. En el trabajo las cosas no estaban bien. La clínica en donde Gustavo es enfermero amenazaba con cerrar y el alquiler del dos ambientes seguía subiendo. En ese contexto llegó el llamado de un familiar de Valeria. Dijo que tenía buenas noticias; que por 20 mil pesos podían entrar a un programa del IVC y así tener su ansiada vivienda. El departamento quedaba a algunas cuadras de su casa. Todo cerraba. También la explicación que le dio Juan Uriarte la primera reunión: “¿Viste que están por entregar Casa Amarilla? Bueno, el tema es que hubo muchos problemas. El Gobierno le dio a una asociación civil el derecho de adjudicar y se mandaron unos mocos terribles, empezaron a poner gente amiga, a algunos de la barra de Boca… Entonces los vecinos hicieron denuncias y ahora el Gobierno quiere desligarse de eso: está buscando familias que necesiten viviendas y están tratando de meterlos antes de que esta denuncia llegue a la justicia. Así ellos van con una lista de los verdaderos adjudicados que vendrían a ser ustedes”.

Gustavo y Valeria no tenían 20 mil pesos, pero un compañero y el papá de Gustavo les prestó. Para marzo ya tenían todos los papeles presentados y una carpeta firmada por el director del IVC, Emilio Basavilbaso, y el gerente Iván Kerr. También un acta notarial sellada por un escribano que certificaba las firmas. En la carpeta sellada y foliada decía, incluso, cuál era el número del departamento que se le adjudicaría. Igualito que en la de Rosa.

Valeria le contó sobre esta posibilidad a su hermano que estaban  por desalojarlo de su casa. También a su prima. Se fueron sumando. Al principio les pedían 20 mil pesos, luego 30 y hasta 60 mil, que le pagaban a Adriana Barrios o a Uriarte, sin recibo ni comprobante.  

Con los meses todo avanzaba, menos el techo. Que no hay la luz; que faltan los baños. Después, la conexión del gas. Mientras la ansiedad crecía, los supuestos “gestores” les mandaban por WhatsApp fotos del interior de “sus” viviendas. “Mirá cómo está quedando”, nos decían. A Gustavo le llamó la atención que Barrios y Uriarte aparecían con autos nuevos.

Pero finalmente el llamado llegó. Fue en mayo pasado. Días después de una nota en el diario Página/12, en la que se denunciaba una estafa millonaria a trabajadores del subte, Barrios se comunicó con Valeria. No le dijo que se mudaban. La noticia fue peor: “Fue todo una estafa, yo también caí”.   

 

-¿Nunca fueron al IVC?

- Nos decían que no fuéramos ni llamáramos. Nos dieron un celular de la supuesta jefa de Adjudicaciones, Rosa Arasenchuk y hablábamos con Adriana y con Juan…

Además de estas dos personas vinculadas al barrio –Adriana Barrios vivió en La Boca y su cuñado, Uriarte, aún vive- siempre les nombraban a otra: “Nos decían que el vínculo era con Fabián Bento, un amigo de la infancia, de confianza, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad y tenía muchos contactos con el IVC y con el PRO”.

“Cuando vimos lo del subte todo nos cerró. Uno de los denunciados por los trabajadores era Nicolás Russo, supervisor de la línea C y sobrino de Barrios. Él era el nexo para la estafa en Metrovías”, recuerda Valeria. Así fue como llegaron al despacho del legislador de Nuevo Encuentro José Campagnoli, quien hizo pública la denuncia del subte, donde los trabajadores llegaron a pagar boletos de más de 100 mil pesos. “En el caso de Metrovías los involucrados –que ya fueron despedidos por la empresa- eran personal jerárquico… me extraña que lo hayan hecho sin ningún tipo de cobertura”, reflexiona el legislador y agrega: “Queremos que se investigue si las vinculaciones de estas personas llegan al IVC y si los funcionarios fueron cómplices de estas maniobras”. Los pedidos de informes que Campagnoli presentó en la Legislatura nunca fueron tratados.

 

Abril 2014. Silvia Núñez se enteró de la posibilidad de tener su propia casa a través de Valeria. Como al resto, el Plan que le ofrecieron era Viví Tu Casa, del IVC. El contacto también fue Adriana Barrios. Le cobró 30 mil pesos por la carpeta más las certificaciones de firmas, 800 pesos más. “Pasaba el tiempo y no había novedades. Hasta que salió a la luz lo de Metrovías y ahí nos dimos cuenta de que nos habían estafado… Yo no hice demanda porque no tengo dinero para pagar un abogado”, explicó a Sur Capitalino.

El 7 de julio pasado Gustavo Burgos y otros damnificados fueron a la Justicia. Patrocinados por el estudio Miramonte denunciaron por el delito de defraudación en concurso con el delito de falsificación de documento a Adriana Carmen Barrios, Juan Ramón Uriarte, Fabián Bento, Nicolás Russo y las autoridades del IVC que aparecen como firmantes de las carpetas de adjudicación.

Según informó el abogado Julián González, las carpetas aportadas como pruebas a la Fiscalía Nº 35, a cargo de Ignacio Mahiques, son 104. La causa tramita ante el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 15 y reúne denuncias que estaban dispersas. Días atrás se acumuló también la de Metrovías. Según pudo saber Sur Capitalino la fiscalía aún está en una etapa preliminar de recolección de pruebas, cotejando firmas y sellos y rastreando a los acusados.