Los legisladores del Frente de Todos trabajaron en el proyecto junto a la asociación “Inquilinos agrupados” con el objetivo de proteger el derecho al acceso a la vivienda digna. La medida busca garantizar frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar y contribuir a la financiación del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) para la construcción exclusiva de viviendas sociales.
 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia /ACIJ) explican que: “la ociosidad de las viviendas es el resultado de que las viviendas que se construyen y las necesidades habitacionales de la ciudad van por caminos separados. El análisis de los datos oficiales arroja que la construcción de inmuebles no está apuntada a la solución del amplio déficit habitacional porteño. Entre los años 2005 y 2018 se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas. Esta dinámica de la construcción no mantiene relación con el problema habitacional porteño donde más de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y más de 7.500 se encuentran en situación de calle. Además, más del 35% de los hogares alquila su vivienda en condiciones libradas al libre mercado y pagan de alquiler una importante porción de su salario.”
 

Ante este escenario, el proyecto promueve el arrendamiento con destino familiar y permanente de aquellos inmuebles que no se ofrecen para la venta y para ello propone un régimen de contribución especial para las viviendas que permanezcan por más de 6 meses consecutivos deshabitadas sin mediar causa justificada.
 

El impuesto será de un 20% calculado de acuerdo al evaluó fiscal y se irá incrementando a razón de un 5% por cada año adicional en que el inmueble permanezca deshabitado. 
 

Según datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2003 sólo el 23,9% de las/os porteñas/os alquilaba. El problema habitacional se fue profundizando y el porcentaje de inquilinos aumentó al 34,4% en 2018, lo que representa el 48,4% en algunas comunas.
 

En los últimos 15 años, Buenos Aires se transformó en una ciudad con mayoría de inquilinos e inquilinas.  A diferencia de Berlín o Barcelona, el Gobierno porteño no regula el mercado inmobiliario, ni se fomenta el acceso a la vivienda.  Por el contrario, se privilegian los negocios que son un resguardo financiero para los sectores privilegiados de mayor poder adquisitivo. El precio abusivo de los alquileres y la dificultad para el acceso a los créditos expulsa a las porteñas y los porteños.
 

Dentro de los fundamentos del proyecto, se considera que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas. “No es aceptable que el distrito más rico del país, sin problemas de financiación y con disponibilidad de tierras, no contemple el interés e impacto social del acceso a la vivienda para sus ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que el acceso a la vivienda es un derecho universal”, sostuvieron los legisladores de FDT.
 

Además de Andrade, acompañaron la iniciativa Lucía Campora, María Bielli, Lorena Pokoik, Ofelia Fernández, Leandro Santoro y Claudio Morresi.