Los protocolos son un conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una acción, define el diccionario. Sirven para dejar bien claro cuáles son los pasos a seguir, cómo actuar ante tal o cual situación. Quién debe hacerse cargo de qué. En situaciones de emergencia, los protocolos son esenciales porque establecen qué hacer concretamente ante un acontecimiento excepcional, nuevo y, muchas veces, con consecuencias graves.

Hasta hace unos pocos días, la Ciudad de Buenos Aires no contaba con ningún protocolo sanitario que ordenara las condiciones de aislamiento, seguridad alimentaria, dispositivos de distancia social y otras tantas cuestiones para los barrios populares, las villas y asentamientos. Recién 70 días después de establecida la “cuarentena”, el Gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta presentó uno. Y lo hizo porque se lo exigió un juez.

El 14 de abril, a poco de decretar el aislamiento, el Gobierno nacional había establecido las “Recomendaciones y medidas específicas para evitar la propagación del COVID-19 en barrios populares”. Allí se les recomendaba a los gobiernos municipales (como el porteño) conformar un Comité de emergencia local y mesas de coordinación en cada barrio popular, con la participación de los actores sociales relevantes en el territorio, con la función, entre otras, de planificar e instrumentar medidas de seguimiento de la emergencia socio sanitaria teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada uno. Esto nunca se implementó en la Ciudad.

El protocolo llegó, finalmente, el 30 de mayo. Pero el texto de 11 páginas entregadas al juez no convenció a quienes presentaron el amparo en la Justicia, por lo que aún se está lejos de su aplicación: “El protocolo es un rejunte de afirmaciones genéricas y menciones vagas sobre políticas públicas, sin ningún tipo de especificación”, se quejó el presidente de la Junta de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, en la audiencia del 2 de junio.

Álvarez y su par de la Comuna 8, Miguel Eviner, se presentaron ante la Justicia sobre las acciones de prevención en villas y asentamientos, luego de pedir, sin éxito, y reunión tras reunión, que los ministerios informaran si existía un protocolo o, en su defencto, explicaran qué se estaba haciendo en villas y barrios populares. A los comuneros del FpV les preocupaban las consecuencias que podía tener la llegada del Covid-19 a los barrios más pobres de la Ciudad que se concentran, en su mayoría, en sus comunas. Al momento de la presentación del amparo, los casos en las villas del sur se contaban con una mano. Pero dada las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a los servicios básicos que sufren estas familias, quisieron prevenir o amortiguar lo que era obvio que iba a pasar. Y que, claro, ya está pasando.

La Ciudad de Buenos Aires es el territorio con más contagios y más muertes por coronavirus de todo el país. Dentro de ella, las villas concentran la mayor cantidad de casos, que crecen a un ritmo más rápido que en el resto del territorio porteño. Sus habitantes son los más vulnerables, se dice. Aunque más justo sería hablar de los más vulnerados. Esta vulnerabilidad, generada por décadas de abandono estatal, se profundiza en una crisis sanitaria y económica con la magnitud de esta pandemia. Necesitan quedarse en casa, y sus casas son piezas donde viven hacinados. Necesitan agua para lavarse las manos varias veces al día, pero de sus canillas solo salen unas gotas por la madrugada. Necesitan alimentos, más aún de los que ya necesitaban antes de la cuarentena. Así es que los comedores se multiplican y reinventan, pero las mujeres que los asisten también se enferman del virus, porque están más expuestas y los elementos de protección no llegan.

Y no son suposiciones. El 30 de mayo Ramona Collante, una vecina de la villa 21, de cincuenta y tantos años, murió esperando que llegara la ambulancia del sistema público de salud. “Se podría haber evitado”, repite el padre Toto de la parroquia Caacupé, donde asistía Ramona. Días antes, el médico que la visitó le había indicado paracetamol y quedarse en casa, que ya se pasaría. Ramona tenía problemas respiratorios e hipertensión. Murió de Covid. Fue la primera de la villa 21. "Estas situaciones demuestran el maltrato que hay hacia los vecinos del barrio", advirtió Toto de Vedia. Y demuestran, también, por qué las organizaciones de la villa exigen ambulancias desde hace años. Es que por los pasillos no pasan, argumentan. Claro, no llegan, lo mismo que ocurre con la urbanización.

En la villa 21-24 y Zavaleta había -al cierre de esta nota- 438 casos confirmados de coronavirus. El 18 de mayo comenzó a implementarse allí el operativo DetectAR. Ese día hisoparon en el Cemar a un grupo de personas que habían estado en una olla popular por donde también había pasado un “caso” positivo. Las testeadas, la mayoría mujeres con sus hijes pequeños, esperaron en la Casa de la Cultura que les dieran el resultado. Pero no llegó. Por la noche, las trasladaron todas juntas en un colectivo escolar a seguir esperando aisladas en un hospital. Pasaron por 3. Decían que no había lugar. Finalmente, bajaron en el Ramos Mejía. “Lo que vivimos fue horrible. Todo lo que dicen, que vas a estar bien, aislados y seguros es mentira”, cuenta Mari. Ella pasó la noche de ese día y todo el siguiente junto a su bebé de 10 meses, su hermana de 14 años y otras cinco familias en la sala del hospital. “Primero nos pusieron en un container y después nos fueron pasando a la sala de pediatría. Los baños estaban todos tapados y nos dieron un trapo y lavandina para que cada una lo limpiara, los médicos vinieron una sola vez y la temperatura nos la teníamos que tomar nosotros. Nos dejaban la comida en una bolsa, de lejos, y se iban rápido… para dormir me dieron una reposera y una tela azul, de esa de los camisolines, para que nos tapáramos con mi bebé... estuve 36 horas con el mismo barbijo, lo que vivimos fue horrible”, repite Mari.

De las seis familias que compartieron transporte, sala y baño, dos dieron positivo. Las demás volvieron a sus casas con el test negativo y el temor de haberse contagiado en el lugar donde las tenían que cuidar.

La ausencia de siempre

Al día siguiente de lo que vivió Mari, y gracias a la denuncia inmediata de las organizaciones y del Comité de Emergencia del barrio, las personas hisopadas ya no viajaron en un micro escolar. Fueron enviadas a un hotel en ambulancia. Algo habitual para los casos sospechosos que viven en barrios de clase media y alta.

Para casos de traslado y aislamiento es que, por ejemplo, se vuelve imprescindible un protocolo que tenga en cuenta las especificidades de cada población. Ahora bien, ese protocolo que no existía y que ahora el Gobierno presentó a la Justicia, no parece aclarar demasiado. “Nos hemos encontrado con un Protocolo que no define qué se entiende por ‘barrios populares’, ni nos dice a dónde será aplicado, no contempla los núcleos habitacionales y viviendas precarias oportunamente denunciados; no menciona cómo y dónde funcionarán las mesas de trabajo o comités de crisis barriales; no especifica el mecanismo por el cual realizarían la tarea de diagnóstico y relevamiento. Y lo mismo ocurre con los ‘trasladados’, con temas de niñez, de género, contactos estrechos, la situación de las personas mayores, la seguridad alimentaria, los programas de asistencia social directa, los desalojos, las relocalizaciones y la conectividad”, enumeró Álvarez ante el juez.

En su fallo, el magistrado había sido contundente en cuanto a que la falta de un protocolo “importa un grave riesgo en la propagación del virus” con la "posibilidad de que pueda tornarse incontrolable”. Por eso, en el mientras tanto, le ordenó al Gobierno otras medidas como la provisión de elementos sanitarios, de higiene y limpieza, agua potable, y la difusión de espacios de atención para violencia de género.

Pero todo eso tampoco llegó. “Hemos denunciado hasta con número de manzana los lugares donde, por ejemplo, el suministro de agua no está garantizado. Además, siguen sin entregarse elementos de higiene, limpieza y toma de temperatura”, denunció el comunero ante Reynoso.

Y esas provisiones no sólo no llegaron a las villas. Tampoco fueron suministradas a otros barrios “populares”. Como La Boca, que ya se acerca al centenar de contagios, y donde el hambre hace filas de varias cuadras en todos los comedores y merenderos de la zona. Desde que comenzó la cuarentena, decenas de organizaciones y vecines de este barrio se unieron en una red de cooperación para articular esfuerzos. Desde allí se realizaron distintos pedidos al Ministerio de Desarrollo porteño para que aumenten la cantidad de alimentos y raciones, y los puntos de distribución. La respuesta fue y es a cuenta gotas y más lenta que la velocidad en que sube la demanda.

Además, desde la red están alertas por posibles contagios en los conventillos donde el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias y ambientales aumentan los factores de riesgo. Al cierre de esta nota, desde el MTL reclamaron atención para doce familias, 22 adultos y diez niñes, que viven en un predio del barrio sobre la calle Suárez. Una de las vecinas que habita el lugar está internada, con confirmación de Covid. Por las condiciones habitacionales, temen que se propague el virus al resto. Lo mismo ocurre en el asentamiento Lamadrid, ubicado sobre Pedro de Mendoza, donde ya aparecieron los primeros casos en algunas manzanas.

La falta de protocolo es una muestra más del abandono a los sectores más pobres por parte del Estado porteño. Sin protocolo o con él, la clave es la prevención y la asistencia en los barrios populares. Es revertir tanta ausencia. Es garantizar los derechos más elementales para enfrentar mejor la pandemia.