Con estos artilugios legales, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, intenta dilatar la causa en la que fue intimado a presentar un protocolo específico para las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires frente a la pandemia del coronavirus, así como a entregar elementos sanitarios y de higiene y garantizar la provisión de agua potable.

El juez Reynoso dictó dos medidas cautelares en las últimas semanas para “proteger los derechos y garantías” de quienes habitan en los barrios populares que, según evaluó el magistrado, “se encuentran en riesgo inminente”. 

Los abogados del Ejecutivo porteño consideraron que el Juez se había extralimitado al ordenar dentro del mismo expediente colectivo que las autoridades provean alimento, agua y elementos de higiene y limpieza a un adolescente que quedó viviendo solo en el asentamiento Lamadrid porque su madre quedó internada con covid-19. 

El juez le ordenó al gobierno porteño que en el plazo de 6 horas provea al joven “a) viandas alimentarias que no impliquen la elaboración de comidas; b) agua potable; c) productos de higiene personal y de limpieza del hogar (se constató que no tenía prácticamente nada); y d) crédito suficiente para poder contactarse con su madre, sus referentes afectivos y/o “los organismos públicos involucrados”. Son todos aspectos, explicó, que hacen al derecho a la vida.

Su situación llegó al expediente por un planteo del asesor tutelar, Damián Corti, que a la vez invocaba una presentación del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire según la cual el Cesac de la zona había dado cuenta de las carencias y dificultades del joven. 

La recusación fue presentada ayer, cuando debían empezar a juntarse en una mesa de trabajo remota las organizaciones sociales, barriales, del ámbito del derecho, defensores y dirigentes políticos para discutir el “protocolo específico de acción y prevención” para los barrios vulnerables que el gobierno de Larreta entrego fuera de plazo y cuya primera versión fue cuestionada por quienes impulsan la demanda. 

Mientras el Gobierno intenta dejar fuera de juego al juez Reynoso para dilatar sus obligaciones, los barrios populares siguen sin protocolo y con un aumento exponencial de contagios. 

Fuente: Página 12