Si antes del COVID ya eran habituales trámites, pagos virtuales y algunos cursos de estudio online, la vida post-pandemia nos va a requerir estar todavía más conectados. En realidad, ese futuro ya llegó: la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el que se inscribieron más de 9 millones de personas, solo pudo hacerse por internet. “Las clases en la escuela, anotarse para los trámites de Anses, los turnos para el hospital… todo costó bastante, las organizaciones barriales pusimos a disposición nuestros espacios y computadoras y no dimos abasto”, cuenta Lucila, vecina de Barracas y militante social. Los abrazos postergados por el aislamiento también debieron hacerse a la distancia, unidos tan sólo por la pantalla. Jessica, lejos del Perú donde vive el resto de su familia, padeció el límite de datos en el celular que le impidió saber cómo estaban los suyos: “hablas un rato y ya se te acaba el plan”, dice, todavía con un dejo de tristeza por la distancia y la desconexión. Lo mismo cuando a los niños y niñas en edad escolar se les propone conectarse por Zoom para verse con sus compañeros y maestras: la más básica videollamada necesita de la conexión tecnológica y de un servicio adecuado.

Sin embargo, durante el año que pasó muchas familias no pudieron ni una cosa ni la otra por falta de acceso a internet. Por lo general, se trata de hogares donde también escasean otros tantos servicios básicos: a la precariedad de la vida se le suma ahora la desconexión virtual y la brecha digital (la distancia entre quienes tienen facilidades y medios de conectividad y quienes no) amenaza con agravar los ya graves indicadores de injusticia social.

Según Datos Abiertos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en Argentina, en promedio, hay más de un teléfono celular por persona (al igual que en la mayoría de los países), pero la conectividad a internet en el hogar apenas cubre el 66%, es decir, un 33% carece de ese servicio. Esta cifra se duplica en los barrios populares: según el censo del Renabap, allí el 65% no tiene acceso a internet ya sea por falta de computadoras o tablets, porque el servicio no llega o porque resulta económicamente inaccesible.

Pero a no desesperar. Ya sabemos: donde hay una necesidad nace un derecho. Desde las organizaciones sociales y desde el Estado hay quienes están trabajando para garantizar el derecho a estar conectados, especialmente a quienes más lo necesitan.

Desde el Estado

En agosto pasado el presidente Fernández firmó el decreto N° 690/20 que declaró como “servicios públicos” la telefonía fija y móvil, internet y TV por cable. Esto habilita al Estado a fijar precios, cosa que ocurrió en diciembre cuando estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU). Esta norma fija tarifas económicas para los servicios básicos de telefonía móvil (150 pesos por 200 minutos para llamadas más 500 mensajes de texto), paquetes de datos (200 pesos por 1 Gb mensual o 18 pesos por 50 Mb diarios), internet domiciliaria (700 pesos por 10 Mb en CABA y 5 Mb en el resto del país), y descuentos entre el 20 y 30% en TV por cable.

Esta regulación desató una nueva pelea entre el gobierno y las empresas oligopólicas del sector (el holding Clarín-Telecom tienen Fibertel y Cablevisión; Telefónica gestiona Movistar; completan el cuadro Telecentro, Claro y Direct TV). Además de desconocer las tarifas de referencia, apenas iniciado 2021 avanzaron en aumentos por encima del 5% autorizado (Fibertel, por ejemplo, aumentó un 20% y, a pesar de la intimación estatal, aún no retrotrajo las tarifas).

Mientras se da la pelea en el plano económico y judicial, hay otras iniciativas de impacto más focalizado y, tal vez por eso, más probables de concretar. En septiembre de 2020, el Enacom anunció el "Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a Villas y Asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)". Enacom - Renabap: la sopa de letras refiere a un ente estatal y un registro de villas y asentamientos, pero hay un tercer actor que nos resulta más familiar: las organizaciones sociales, comunitarias y cooperativas a las que está orientado el programa.

 

Un tejido social activo

Ante la necesidad, como suele suceder, el tejido social de La Boca mostró sus reflejos. Fueron varias las organizaciones populares que reclamaron por la falta de acceso a internet en los momentos más difíciles de la pandemia. “Hubo muchas dificultades… El gobierno de la Ciudad no siguió dando computadoras a los chicos de las escuelas y la gente grande no sabía cómo anotarse para el IFE y hasta para tener acceso a la Garrafa Social tenías que hacerlo por internet”, cuenta Nancy, militante social del Movimiento La Dignidad. Junto con sus compañeras se organizaron para brindar asistencia usando como base el Comedor Camioneritos, en Aráoz de Lamadrid al 500. Lucila, del mismo movimiento, amplía: “Nos encontramos con casos donde en una familia la mamá tiene celular, pero si sale a trabajar los chicos ya no tenían forma de conectarse con la escuela; además, con una sola conexión, uno solo de los hijos puede usarla, ´si le doy a uno no le puedo dar al otro´, nos decían. Por suerte hemos podido ayudar”.

En algunos sectores del barrio la situación es más grave. “Una parte del Barrio Chino pasó gran parte de la pandemia con el servicio de cable caído”, cuenta Lucila. Hacia la ribera, en toda la zona de Pedro de Mendoza hasta el bajo-autopista las empresas proveedoras de internet se niegan a brindar servicio donde los vecinos no puedan acreditar residencia por medio de título de propiedad o alquiler formal. Ante el vacío de oferta legal, en los últimos meses surgieron “proveedores fantasmas”, personas que ofrecen conectar un modem de baja potencia por un cobro que resulta oneroso, igual o mayor que el que aplican las empresas. Jessica vive en la calle Olavarría entre Caboto y la autopista, la zona que el Renabap incorporó a su registro porque reconoce con falta de servicios públicos básicos. “Acá te ofrecen internet, pero no sabemos quién la da. Muchas veces la señal no aguanta para comunicarse, yo no tengo hijos en la escuela, pero quise hablar con mi familia en Perú y la llamada cae”, se lamenta. Jhonny, que vive sobre Pedro de Mendoza, explica el mecanismo de esta oferta irregular y cuánto paga: “Vienen y te conectan un modem común y te dicen que es de Telecentro o de otra empresa, pero no te dan ningún contrato ni nada, a veces anda, a veces no, y te cobran 1.200 pesos como se paga un buen servicio de 50 Megas, cuando acá el ancho de banda no es ni la mitad”.

Por ahora, la respuesta más efectiva la brindaron los movimientos sociales. Al igual que Nancy y Lucila, Candela, que vive en Brandsen y Caboto, también milita en una organización. En su caso, el Frente Popular Darío Santillán, que tiene comedores, un almacén comunitario y un Polo Productivo en La Boca. Como sabe manejarse con computadoras e internet, colabora con el área de administración. “Hay vecinos que no tienen un teléfono adecuado para bajar los archivos para hacer algún trámite, a veces son en formato PDF que el teléfono no abre; además los megas que ofrecen los planes prepagos no te sirven para nada. En casa yo pago como 2.000 pesos para tener todos los servicios, pero a pesar de eso cuando el gobierno dijo que iban a congelar los precios la conexión se deterioraba mal, no se podía. En el movimiento estuvimos brindando ese servicio a todos los vecinos que se acercaran, para el IFE, Anses, las asignaciones, turnos médicos. Sin esa ayuda no sé cómo se hubiera hecho”.

Navegar es preciso

Atendiendo a esta realidad, y en función del proyecto de conectividad que propone el Enacom, por iniciativa de la cooperativa de trabajo Nudo nació KUENK, navegar es preciso, una empresa social con el objetivo de brindar acceso a internet en el barrio, priorizando a las familias que viven en los sectores más postergados de La Boca.

“Buscamos poner en práctica lo mejor de dos dinámicas distintas, como son lo social y lo profesional”, cuenta Cristian Delicia, responsable del proyecto. “Es fundamental la articulación entre organizaciones sociales del barrio, espacios culturales, medios comunitarios, con quienes tengan experiencia en gestión. La apuesta de este programa es a generar emprendimientos sustentables en el tiempo, entonces la seriedad económica es tan importante como la integración social”, agrega.

El Estado, a través del Enacom, destinará 1.000 millones de pesos al programa para brindar conectividad en los barrios populares, ese monto se recaudará por medio del Fondo de Servicio Universal (un impuesto que se cobra a las empresas de telecomunicaciones con el fin de promover servicios donde estas no llegan). Cada proyecto elaborado, como el de La Boca, debe pasar por evaluaciones de viabilidad técnica y económica que realizan desde el organismo. La supervisión es estricta y en caso de cumplir los requisitos, el programa brinda soporte económico para los primeros 18 meses de funcionamiento; a partir de allí debe quedar en pie una cooperativa o empresa social con capacidad de seguir brindando el servicio de manera autosustentable.

Para lograr ese desafío, en KUENK elaboraron un plan en tres etapas. Cuenta Cristian: “Durante los primeros seis meses nos proponemos brindar acceso casi inmediato a internet por medio de una red de conexión aérea, wifi; en la segunda etapa, realizaremos el cableado de fibra óptica para que el servicio logre mayor calidad, y en la tercera etapa vamos a poner el foco en la generación de contenidos, dándole un sentido social a la red existente; esperamos poder poner en marcha un canal de TV comunitario”.

Para dar base social a la iniciativa ya se hicieron diversas gestiones y encuentros en el barrio: son parte de la red que se está tejiendo desde el Grupo de Teatro Catalinas Sur hasta la FM Riachuelo. “Intentamos conectar al vecino con experiencias organizadas para mejorar las condiciones de accesibilidad. Es importante que los jóvenes se involucren en cuestiones como la soberanía digital. Acá tenemos la experiencia de la Cooperativa Fray Luis Beltrán, que trabaja en reciclado tecnológico, y puede aportar mucho a un proyecto que genere mejores condiciones de conectividad”, explica uno de los coordinadores de la radio comunitaria.

“Hay otro aspecto que es muy importante”, dice, por último, Cristian Delicia; “la idea de soberanía respecto a las comunicaciones, a la tecnología. Si se trata de servicios esenciales, no pueden estar en manos exclusivas de empresas que se manejan de forma monopólica. El Estado, las cooperativas con capacidad de gestión, los movimientos sociales, tenemos el desafío de demostrar que es posible otra forma de hacer las cosas en beneficio de la comunidad; este proyecto reúne a todos esos actores y tiene todas las condiciones para empezar a cambiar la realidad”.

 

Quién es quién

• KUENK es una iniciativa de la Cooperativa de Trabajo NUDO Colectivo Audiovisual Ltda. Para más información sobre el proyecto para brindar conectividad a los barrios populares: proyectokuenk@gmail.com / 3340-8402 / 154979-8528
• ENACOM es un ente estatal creado en diciembre de 2015 para regular las comunicaciones en el país. Busca “promover la plena inclusión digital, facilitando el acceso a las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)”. Para ello, entre sus lineamientos incluye “universalizar la inclusión digital”. El Programa de Conectividad para Barrios Populares se encuentra bajo la orientación de Natalia Vinelli, subdirectora de Proyectos Especiales, quien llegó al organismo tras una larga trayectoria en medios comunitarios y alternativos.
• RENABAP es el Registro Nacional de Barrios Populares y surge en 2016, a partir de la iniciativa de organizaciones sociales de todo el país encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Se organizaron para realizar un inédito censo nacional con el siguiente criterio: dar cuenta de todo conjunto habitacional constituido por más de 8 casas contiguas sin título de propiedad y ausencia de servicios básicos (gas, luz o agua). Ese registro realizado por la militancia fue reconocido por el Estado mediante el decreto Nº 358/17, que denominó a ese censo Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. Allí figuran 4416 barrios, villas o asentamientos a los cuales el Estado se compromete a garantizar, a partir de ese registro, condiciones dignas. El proyecto del Enacom busca garantizarles pleno acceso a internet.