“A nosotros nos obligaron a vivir acá”, dice Elisa Alegre, vecina del complejo Ribera Iguazú, en Barracas. Mario Gómez, vecino de la Villa 21-24 del mismo barrio, agregó: “Hay un promedio de casi 200 mil pesos en servicios que muchos no pueden pagar hoy en día”. Sus testimonios son parte del reclamo de cientos de familias que durante años vivieron a la vera del Riachuelo y fueron trasladadas a complejos habitacionales con la promesa de acceder a una vivienda digna. Sin embargo, el proceso de relocalización, impulsado por orden judicial en el marco del fallo Mendoza de la Corte Suprema, terminó abriendo un nuevo conflicto: edificios con graves problemas de infraestructura, deudas impagables y un Estado que, según denuncian los vecinos, dejó de acompañarlos apenas después de entregar las llaves.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) construyó estos complejos por obligación judicial. Lejos de lo que muchas veces algún candidato del Pro/Cambiemos expresó en campañas para beneficiarse electoralmente. Son siete en total: cinco corresponden a relocalizaciones de la Villa 21-24 y dos a la Villa 26. Hace unos seis años, la mudanza fue una conquista popular pocas veces vista, pero con el pasar del tiempo se asomó una nueva realidad: cuotas hipotecarias, expensas, ABL, servicios y responsabilidades propias de un consorcio que nunca estuvo en condiciones de sostenerse. Porque la economía de estas familias sigue igual, o peor, que antes de las relocalizaciones.

"Estas familias eran de las más vulnerables dentro de lo vulnerable. Así, una política pensada para garantizar el derecho a la vivienda termina siendo expulsiva con el paso del tiempo”.

Con el paso de los años comenzaron a aparecer filtraciones, grietas, problemas eléctricos, medidores cruzados, patios inundables y espacios comunes deteriorados. "Ufff... tendría que mostrarles el edificio completo y no me alcanzaría el tiempo", dice Elisa Alegre, vecina  del complejo que se levanta a la altura de Iguazú y el Camino de Sirga. "El patio común de las cuatro torres, específicamente de la manzana F, está mal hecho. El edificio quedó por debajo del nivel de la calle y cuando llueve entra agua y el patio queda completamente inundado. Después, los baños de los departamentos se caen a pedazos, las grietas aparecen cada día más, pareciera que al edificio lo partieran cien rayos al mismo tiempo. Los pisos explotan como si les pusieran dinamita y la humedad se va adueñando de cada departamento".

Para Elisa el deterioro de los edificios va de la mano con otro problema igual de grave: las deudas. "Los vecinos nos estamos endeudando hasta no poder. Pagamos luz, agua, gas y expensas. Además nos mudaron sin estar geolocalizados y eso nos generó muchas deudas con el ABL porque las boletas nunca llegaban. Hay familias que deben entre 700 mil y un millón de pesos. El IVC nunca pagó lo que había prometido con el ABL y hoy esas deudas son impagables con la economía que tenemos".

Mario Gómez puso números a una realidad que ya no cierra por ningún lado. "Hoy una familia paga aproximadamente 20 mil pesos de expensas, unos 80 mil entre luz y gas, alrededor de 12 mil de ABL y unos 45 mil entre internet y cable. Son cerca de 200 mil pesos por mes. A eso hay que sumarle la cuota hipotecaria para quienes la pagan”. La mora crece porque muchas familias directamente no llegan: "Hay falta de trabajo. Muchas madres crían solas a sus hijos y su único refuerzo son las asignaciones. No les alcanza para nada. Hay familias que vuelven a buscar el plato de comida en los comedores y los días que esos espacios no abren es un drama".

“Nos abandonaron por completo”

La pregunta de fondo es ¿cómo tomar estos casos como aprendizaje a la hora de planificar políticas habitacionales para las familias con menor poder adquisitivo en la Ciudad? ¿Basta con las viviendas sociales sin una planificación integral de los pagos de impuestos? ¿O es más bien un mecanismo para que, después de varios años, las familias tengan que abandonar estos lugares por no poder soportar las deudas?

Mario también cuestiona el rumbo que tomó el proceso iniciado por el fallo Mendoza: "Estamos en contra de cómo terminó todo esto. La Defensoría del Pueblo propone declarar la Emergencia Habitacional por un año, pero yo creo que hace falta más tiempo. Necesitamos una comisión técnica con la Defensoría, la Asesoría General y el IVC para pensar soluciones urgentes. Los complejos son inseguros, ya hubo incendios, los tanques de agua tienen problemas y todavía queda población sin relocalizar aunque ya existan edificios terminados".

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto para declarar la emergencia habitacional y edilicia en siete complejos construidos en el marco de la causa Mendoza: Alvarado, Mundo Grúa I, II y III, Orma I, Osvaldo Cruz, Valparaíso, Santiago de Compostela y San Antonio. “Acá nos abandonaron por completo”, insiste Elisa. Según relata, los problemas se profundizaron con el paso de los años: “Hay un hueco de ascensor que sigue abierto. Cuando llueve el patio del edificio seis queda completamente tapado de agua porque las rejillas no funcionan. Es muy importante que entiendan que a nosotros nos obligaron a vivir acá”. 

El proyecto impulsado por la Defensoría propone que el Gobierno porteño y el IVC vuelvan a hacerse cargo de la administración y los gastos comunes de los complejos mientras se ejecuta un plan urgente de refacciones. También prevé la creación de una Comisión Técnica y la exención del pago de ABL durante el período de emergencia.

"Nosotros queremos una emergencia habitacional hasta que se terminen las obras que hoy justifican esa emergencia. Los complejos ya fueron entregados y los plazos para reclamar a las constructoras están vencidos. Ahora la obligación tiene que ser del Gobierno de la Ciudad y del Instituto de la Vivienda", explicó Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Moreno advirtió que "hoy ningún complejo tiene un seguro contra incendio vigente" y que muchas familias "ni siquiera pueden juntar dinero para limpiar un tanque de agua o hacer arreglos indispensables". Y concluyó: "No olvidemos que estos fueron desalojos forzosos. Eran familias que vivían en las orillas del Riachuelo, quienes más vulnerables estaban dentro de lo vulnerable. Así, una política pensada para garantizar el derecho a la vivienda termina siendo expulsiva con el paso de los años”. 

Así mismo, expresó que un año es poco tiempo para acompañar y ordenar integralmente las necesidades de las y los vecinos. “El proyecto de ley que se presentó ahora depende de los tiempos legislativos y del acompañamiento de los vecinos. Iremos complejo por complejo porque sin el apoyo de ellos no podremos avanzar. Además hay inmuebles ya listos en Pepirí, Orma II y Lavardén que tienen que avanzar en la construcción, tanto el Jefe de Gobierno como el IVC”, cerró Moreno.

La relocalización no puede ser sinónimo de un desalojo en cuotas tapado por el abandono del Estado. Mientras las deudas crecen y los edificios se agrietan, la declaración de la Emergencia Habitacional es una necesidad urgente para que el derecho a la vivienda no termine siendo otra promesa rota en los márgenes del sur porteño. La organización y la unidad de los vecinos en cada complejo serán la llave para obligar al IVC a hacerse cargo del desastre que está dejando.