Un trueno, un camión que descarga basura u otro que levanta escombros, ruidos normales de cualquier punto de la ciudad, erizan la piel de los habitantes del barrio Estación Buenos Aires. La madrugada del 3 de marzo sacudió literalmente a las familias del barrio Estación Buenos Aires, ubicado en los límites de Barracas. A las 4.30 el piso del patio interno se derrumbó sobre el estacionamiento subterráneo del sector 2 del complejo de edificios del ProCreAr, ubicado en Mafalda 907. Los vecinos ya habían denunciado filtraciones de agua y acumulaciones pluviales en el sector del parque, pero nadie los escuchó. Si bien no hubo que lamentar víctimas, unas 300 familias debieron salir con lo puesto y durante largas semanas no pudieron regresar a sus viviendas. Hoy, a cinco meses del derrumbe, solo la mitad volvió a su hogar; otros vecinos eligieron no volver por temor y algunos no pueden porque su unidad no está todavía habitable. Quienes pudieron y eligieron regresar al edificio, viven en estado de alerta, pendientes de cada grieta, de cada filtración. Dormir no es fácil para la mayoría.

La causa que investiga lo que sucedió aquella madrugada aún no tiene personas procesadas. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, calificó el expediente como "estrago culposo agravado" e imputó a siete miembros clave de la Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. y a representantes del Banco Hipotecario, mientras sigue la etapa de peritajes y recopilación de documentación sobre la obra. Por ahora, la fiscalía determinó que hubo "vicios estructurales" y una sobrecarga de unos 0,70 metros de tierra y lajas en el patio central que no contaba con un sistema de drenaje eficaz, algo que aceleró el colapso.

Para la justicia, el derrumbe no fue un hecho aislado sino el resultado de una "serie de conductas concatenadas" y negligencia pese a recibir, desde 2022, reiteradas advertencias por distintos medios.

Tras el colapso, lo primero que hicieron los bomberos fue evacuar los 175 departamentos del sector 2, directamente afectado, pero también a otras decenas de familias de las torres linderas por el potencial riesgo estructural. “Justo me había levantado y me tocan el timbre, era la policía, diciendo que había que desalojar. Esperé a mi hija, agarré el gato y bajé -recuerda Alicia, vecina del sector 1 que está justo enfrente y es gemelo al del derrumbe-. Estuvimos así hasta el otro día, cuando los bomberos, después de revisar todo, nos dijeron que no había peligro de derrumbe en nuestro edificio y volvimos a entrar”.

“La verdad que es difícil volver. Yo ya estoy acá y estoy acostumbrada, pero la realidad es que es un edificio que no está para habitar, tiene un montón de fallas y de problemas”

Al igual que las familias del sector 2, en el edificio de Alicia también venían haciendo reclamos:  “Nosotros reclamamos a la constructora porque se filtraba agua a las cocheras, pero no había respuestas. Cuando pasó esto, hicimos las denuncias. La constructora vino a revisar junto a los bomberos y vieron que hay un sector del patio nuestro que estaba como con una panza hacia abajo. Por esto, desalojaron toda la cochera y se hicieron trabajos de apuntalamiento del sector. Hoy, la cochera no se puede usar, no está habilitada todavía”, indicó. 

Volver

El regreso fue paulatino, traumático y problemático, sensaciones que se mantienen vigentes hoy a pesar de ya haber transcurrido 5 meses. Anahí vive en la planta baja y el suyo es uno de los departamentos que todavía no es habitable. Francisco Rabini vive 7 pisos más arriba y desde su casa “la vista es de un cráter gigante lleno de autos destrozados”.

Volver a habitar el edificio “generó temor en todos los vecinos. En los grupos todos hablaron de dificultades de dormir, de miedo de sentir que el edificio se mueve. Ni hablar que durante un par de meses estuvieron golpeando y taladrando la losa rota para poder retirarla, removiendo escombros con una retroexcavadora gigante. Los ruidos de la obra, tan similares a los del derrumbe, fueron bravos para todos”, recuerda Francisco.

También Julio, de la unidad funcional 318 de la torre C y de la cochera 21, comentó que a dos cuadras del edificio hay una instalación del Ceamse y que “de noche se oye cuando descargan los camiones. Ante un ruido fuerte, uno se alarma porque parece que retumba en la estructura del edificio”. Y agregó que “hay varios con licencias psiquiátricas. Gran parte de los vecinos está con medicación psiquiátrica y la mayoría toma algo para dormir”.

 “La verdad que es difícil, es difícil volver. Yo ya estoy acá y estoy acostumbrada, pero la realidad es que es un edificio que si vos te pones a verlo dos segundos no está para habitar, no es un edificio habitable, es un edificio que tiene un montón de fallas, de problemas; todos los días aparece algo nuevo y tenés que andar buscando a ver quién se hace cargo”, aseguró otra vecina que prefirió preservar su nombre.

Respecto de la atención psicológica, varios de los vecinos consultados señalaron que “el apoyo fue bastante flojo. Aparecieron los de red de contención un par de veces, pero la verdad que después, cuando tenían que hacer seguimiento, no les daban los recursos; los que pudimos, tuvimos que ir a psicólogos de forma particular”.

A cinco meses del derrumbe, la vecina reconoció que “los primeros meses fue quizás un poco más traumático recordar todo. Hoy en día la verdad creo que, si bien no puedo hablar por todos, lo que se hace necesario es reactivar respuestas, que se sepa quienes son los responsables, que se encuentre a los culpables”.

Julio también se refirió a lo que se vive por estos días: “Ahora, sin la losa del patio interno se siente mucho olor a humedad. Los técnicos lo llaman ‘humedad de cimiento’. Sumado a esto, con los cambios de temperatura, en decenas de departamentos y algunos pasillos, se levantaron varias baldosas al mismo tiempo. Se partieron al unísono y se escucha como varios estruendos a repetición. Otros vecinos encuentran nuevas rajaduras o grietas en sus departamentos o en partes comunes”.

La justicia

Muchas familias siguen de cerca la situación de la causa: “Ahora estamos a la espera de los peritajes, sin esos peritajes no avanza nada. Sacaron algunos autos, pero todavía hay autos ahí abajo; hay algunos peritajes que dependen de que empiecen las obras porque están abajo del apuntalamiento, entonces es como todo un gran rompecabezas que con una pieza que está mal se traba todo”, explicó a Sur otra vecina.

La causa aún no tiene personas procesadas y siguen los peritajes y el análisis de documentación sobre la obra. Hay una decena de imputados, integrantes de la constructora COSUD y del Banco Hipotecario.

Pese a que una parte de los habitantes del edificio regresaron a sus hogares, “la realidad es que nosotros sentimos, hoy en día, la necesidad de recomponer no sólo económicamente, lo que fue toda la situación y lo que generó a nivel pérdida económica y daños, sino también que lo arreglen. Que lo arreglen bien y obviamente que después se controle”, afirmó.

 

La situación económica es compleja. El Banco Ciudad y el Banco Hipotecario otorgaron prórrogas para pagar las cuotas de los créditos de las viviendas afectadas. El Hipotecario -que incluye a quienes compraron la propiedad a través del Procrear 2- pospuso su pago hasta enero, mientras que el Banco Ciudad ya en junio empezó a exigir los pagos correspondientes a las familias que tomaron crédito del Procrear original. Estas cuotas no se condonaron, sino que se postergaron sin intereses para el final del plan de pago. El gobierno porteño condonó el pago de ABL y del impuesto inmobiliario hasta diciembre, mientras que se eximió el pago del impuesto a las patentes para los propietarios de los 60 vehículos que resultaron dañados o aplastados bajo la losa. 

Lo que sí hizo el Gobierno de la Ciudad fue solicitar formalmente ser contemplado como “tercero coadyuvante” en la investigación judicial, alegando “proteger los intereses patrimoniales y operativos” de la administración, algo que se parece más a una forma de deslindar su responsabilidad en el derrumbe.

Los responsables

La fiscal Selvatici imputó a siete miembros clave de la Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. y a representantes del Banco Hipotecario. Ellos son: Rudi Boggiano (presidente del directorio de COSUD), Carlos Rubén Bertrán (arquitecto y vicedirector de la firma), Néstor Raúl Caputo (ingeniero, director titular y apoderado), Martín Cittadini (ingeniero del equipo técnico), Mónica Fabiana Rzepa (arquitecta de la constructora), Carlos Rocha (apoderado de la empresa) y Julio Momo (jefe de obra). También fueron imputados, por realizar tareas de impermeabilización sin la documentación técnica debida justo antes del derrumbe, Cristian Andrés Tejía (encargado del área técnica) y Francisco Adolfo Sierra (ingeniero).

Por otra parte, la fiscalía también les endilgó responsabilidad a los apoderados del Banco Hipotecario por el incumplimiento del deber fiduciario de control de obra. Según la acusación, el fiduciario tenía conocimiento de las filtraciones y del compromiso estructural de la viga que finalmente colapsó, pero no hizo nada para evitarlo.

Para profundizar en las últimas novedades de la causa, Sur Capitalino se contactó con Pablo Caruso, perito contador del Estudio Burlando, que representa a 400 personas que fueron víctimas del derrumbe. “El Estudio tiene la representación de las familias víctimas desde el primer momento y lo que estamos haciendo es avanzar con la pericia técnica; buscamos que se pueda encontrar a los responsables y por supuesto haya una condena”, señaló Caruso.

Además, detalló: “Las novedades concretas son dos: la primera es que pudimos avanzar para completar los siete peritos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hoy eran cuatro a los que se le sumarán dos Ingenieros Civiles y uno con orientación en hidráulica para actuar como perito especialista en hidráulica ante la justicia, precisamente. Se pudo completar así los 7 para que podamos avanzar en determinar las causas y a su vez las correspondientes responsabilidades y por supuesto las condenas del caso”.

“La segunda novedad es que se ha dado uno de los pasos más importantes en la causa en la que se investiga el derrumbe y es la de unificar querellas. Esto permite emprolijar y acelerar los tiempos de la investigación”, agregó.