A Giovanna le llegó una factura de luz de 41 mil pesos. Ella vive junto a su familia en el complejo Ribera Iguazú, justo donde Barracas se transforma en Pompeya. Hasta hace un año vivía en la villa 21-24 en el borde del Riachuelo pero, por orden de la Corte Suprema, fue relocalizada junto a muchos otros vecinos y vecinas en estos departamentos construidos en los terrenos de Mundo Grúa. Su situación habitacional cambió. Pero la económica sigue siendo la misma o, incluso, empeoró: el 95% de estas familias tienen ingresos que están por debajo de la línea de la pobreza. La mayoría sobrevive con trabajos informales, por hora, changas o con asignaciones y jubilaciones mínimas. La pandemia profundizó esta realidad pero la desesperación llegó cuando comenzaron a recibir facturas de Metrogas y Edesur de hasta 10 mil pesos. Consumos irreales para familias que, según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo y del IVC, sólo tienen electrodomésticos básicos -el 30 por ciento tiene microondas y apenas el 12%, aire acondicionado-. Luego de los reclamos individuales, desde Metrogas aceptaron errores de facturación en 3 de cada 4 boletas. De Edesur no hubo respuesta.

Pero el problema es más grande y profundo que equivocaciones en la carga de datos o en estimaciones de consumo: en las relocalizaciones forzosas el Estado porteño no está garantizando que la incidencia de los nuevos gastos (servicios, cuota del crédito de la vivienda, expensas) no supere el 20% de sus ingresos, tal como lo establece la operatoria. La Ciudad transfiere esa responsabilidad a las empresas prestatarias que, con sus tarifas, golpean sobre la ya paupérrima situación de la mayoría de estas familias. Por eso, al igual que le sucedió a Giovanna, las facturas de las y los relocalizados se acumulan impagables, al igual que el temor del corte de suministro. Lo mismo ocurre en otros complejos de viviendas como el de Luna y Osvaldo Cruz.

Antonio es consejero y representa a sus vecines en ese complejo que se mudó hace casi un año desde la 21-24. Después de meses sin recibir facturas, el 24 de noviembre comenzaron a llegarles telegramas de Metrogas con intimaciones de pago (hay casos en el que a las familias les dicen que no llegan las facturas porque es zona riesgo, pero el telegrama de intimación sí les llega).

A Antonio, que vive con su mujer y su nieta, le llegó una factura de 7497 pesos. “Los vecinos están preocupados, cuando hay personas adultas mayores lo primero que aparece es el temor a que le corten. Muchos están pensando en cambiar los picos de la cocina, anular el suministro de gas y poner garrafa. Una factura de 7500 pesos de gas equivale a 15 garrafas ¿Qué familia gasta 15 garrafas por mes?!”. Su pregunta demuestra cómo la falta de políticas puede empujar a estas familias a la informalidad y a sus riesgos.

Al igual que las familias de Osvaldo Cruz, las de Ribera Iguazú decidieron visibilizar la situación después de meses de no lograr una respuesta adecuada. En marzo, ante los reclamos de les vecines y luego de una reunión con el IVC, Metrogas reconoció que el 71% de las facturas del primer trimestre del año tenían "errores", sin embargo en las boletas siguientes las facturas volvieron a tener montos exorbitantes que, sumado a la crisis laboral que provocó la cuarentena, hizo imposible pagarlas. Hay grupos familiares, como el de Giovanna, con deudas de hasta 40 mil pesos. Con la pandemia, las empresas no realizaron las mediciones de consumo y enviaron facturas con montos “estimados” altísimos.

Desde la Fundación Temas, Paz Ochoteco acompaña a las y los vecinos en todo este proceso desde hace largos años. “El problema es que les cambiaron el estatus social pero no el económico. Muy por el contrario: las familias fueron relocalizadas sin las unidades productivas ni los pequeños comercios que tenían cuando vivían en la villa, así que en muchos casos la situación económica empeoró por la relocalización y ahora por la pandemia. Se pretende una capacidad de respuesta que podría dar una familia de clase media no una que está bajo la línea de la pobreza”, analiza. Con la relocalización, el Estado los convirtió, de prepo, en sujetos de crédito; y las empresas, sin más, en sus clientes.

Colectivo, no individual

“Las mudanzas se diseñaron con el esquema anterior al macrismo en el que el peso de las tarifas era muchísimo más bajo. Al cambiar, no se logró que hagan una tarifa diferenciada por polígono sino que decidieron que las familias tramiten la tarifa social de manera individual”, repasa Ana Lanziani desde el Ministerio Público de la Defensa porteña, órgano representante de las familias en la causa “Riachuelo”. Y analiza: “Eso funcionó muy mal porque muchas familias no lograron hacer el trámite y otras quedaron excluidas por distintas situaciones”. Lanziani se refiere a los requisitos establecidos para obtener la tarifa social. Por ejemplo, si la familia tiene una motito para hacer delivery, no puede obtener el beneficio. Si tiene dos adjudicaciones de vivienda, tampoco. ¿Por qué una familia que sobrevive debajo de la línea de la pobreza tiene dos departamentos? Simplemente porque cuando se construyeron las viviendas no se tuvo en cuenta la composición de las familias -numerosas, con varios hijes- y sólo tienen 2 o 3 ambientes. Por eso, el IVC en algunos casos debió otorgar dos unidades a una misma familia para que puedan vivir sin hacinamiento.   

Desde el IVC, la gerenta del área de Abordaje Social en Conjuntos Urbanos, Mercedes Gregorini, coincide con el diagnóstico y reconoce: “El eje de la cuestión es estructural, es ver cómo hacen estas personas para sostener sus nuevos gastos. No es el problema de un vecino, el 60% de las familias mudadas tienen el mismo problema. Estamos pensando en una tarifa diferencial, que no dependa de requisitos individuales sino que tenga en cuenta el polígono, a todas las viviendas de cada complejo. Claramente es una discusión que debe dar la Ciudad con los entes y con las empresas y no la pueden dar los vecinos de modo individual”. En el mientras tanto, explica Gregorini, el IVC generó un canal directo para acercar los reclamos de los vecinos a las empresas prestatarias. En el caso de Metrogas, se lograron algunas respuestas. De parte de Edesur, nada.

Similar fue lo que ocurrió ante las consultas de Sur Capitalino. Metrogas reconoció que “hubo algunos inconvenientes con la facturación” y que desde el 28 de mayo están en contacto con el IVC “trabajando sobre estos casos, designando referentes específicos para alcanzar las soluciones lo más rápidamente posible”.

La empresa que suministra el servicio público de electricidad a quienes habitan el sur porteño optó por el silencio.

Leo vive en el complejo de Mundo Grúa. No entiende porqué, sin aire acondicionado y apenas un ventilador, el consumo pasó de 260 a 1417 Kwh de un mes a otro. “Vinimos con la promesa de vivir mejor, pero vivimos con la incertidumbre de no saber cómo vamos a hacer para pagar el departamento, los impuestos, comer. Es una locura. La mayoría de los vecinos están por debajo del salario mínimo, cobran por hora, o en la construcción. Ya reclamamos de mil maneras. El IVC nos hizo firmar un contrato de mudanza en el que prometieron que no íbamos a pagar facturas altas, que nos iban a tramitar la tarifa social pero no fue así. Ahora tomaron los reclamos pero por ahora no sabemos nada. El IVC supuestamente es árbitro, pero me parece que pita para el otro equipo porque nunca nos da una solución concreta”, se queja Leo quien fue relocalizado hace casi dos años, pagaba 200 pesos por factura y hoy recibe montos de más de 5 mil.

Elisa es vecina de Leo. Era delegada de sirga cuando vivían en la villa 21-24 y hoy es consejera del edificio F. “La incertidumbre es desesperante. A mi me vino una factura de 6 mil pesos que pagué en 3 cuotas. Yo no puedo endeudarme porque trabajo en blanco y me van a embargar el sueldo o a meter en el Veraz. Acá hay mujeres que trabajan en organizaciones con ingresos de 8500 pesos y recibieron facturas por 13 mil”, se enoja. “Los datos muestran que más del 50 por ciento de los que mudaron a estos complejos están por debajo de la línea de indigencia”, aporta Lanziani.

Los datos que relatan las y los vecinos de estos complejos coinciden con los resultados que se desprenden de la “Encuesta de gastos de las economías familiares” que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el propio IVC acaban de publicar. El relevamiento fue realizado a mitad de 2019 en dos complejos, el San Antonio y el Santiago de Compostela, a donde fueron relocalizadas familias de la villa 26, vecina a la 21-24 en Barracas. La encuesta analiza el impacto que generó en ellas la mudanza, que las obligó a afrontar nuevos gastos con el mismo ingreso y la misma vulnerabilidad.

Aunque no son los mismos complejos que denuncian la sobrefacturación en esta nota, sus realidades son, sin dudas, similares. Repasemos algunas:

• Más del 70% de las mujeres tienen empleo no formal y el 43,9% de los ingresos laborales totales provienen de trabajos no formales;
• El 85% de los jefes y jefas de hogar perciben un ingreso familiar menor a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil (que al momento de la encuesta era de 12.500 pesos);
• El 80% de los hogares gastan hasta el 10% de sus ingresos en servicios básicos, y casi el 13% entre el 21 y el 30 por ciento;
• El consumo de electricidad en estos complejos es menor a la media de los hogares de la Ciudad;
• Casi el 40% no tiene tarifa social en el servicio del gas;
• El 32,2% menciona haber tenido dificultades para garantizar el pago de los servicios básicos.

“El elevado gasto sumado en relación al bajo consumo y al equipamiento básico de los hogares, evidencia que el propósito de la tarifa social no alcanza a los usuarios con mayor vulnerabilidad”, analiza el informe en sus conclusiones y destaca: “Los elevados porcentajes obtenidos, sumado a que han transcurrido apenas dos años desde las mudanzas, revelan que los gastos asociados al nuevo hábitat podrían afectar el derecho a una vivienda adecuada por lo cual se requiere una política integral que aborde esta problemática”. Entre ellas, recomienda, “adecuaciones normativas y analizar la posibilidad de instrumentar un beneficio colectivo”.    

 “El consumo tiene que ser por polígono y la Ciudad se tiene que hacer cargo de estas deudas, así como se hace cargo de la luz en las villas. Según la operatoria los servicios no pueden superar el 20% de los ingresos, pero acá hay mujeres que pagan las facturas con la asignación”, señala Elisa. Antonio se pregunta: “¿Qué les queda para vivir por mes a algunas de las familias si cobran 17 mil de jubilación y les llega 7000 pesos de gas?”.

Errores de facturación, medidores cruzados, estimaciones de consumos que nada tienen que ver con la realidad, tarifas sociales que no llegan a los más vulnerables. La salida, está claro, no puede ser el reclamo individual de familias que ni siquiera cuentan con recursos para hacerlo. Del rol y las decisiones que tome el Gobierno de la Ciudad dependerá el éxito de este proceso. Tal como fueron las relocalizaciones forzosas, la solución hoy también es urgente y colectiva.