El programa que contempla desde subsidios y garantías hasta créditos a tasa subsidiada, fue mutando en distintas versiones (Garantía BA, Garantía +Fácil, Alquiler +Fácil, Refacción +Fácil), cada vez con menos alcance y con un sesgo creciente hacia beneficiar al mercado y no a los inquilinos. Esto se refleja en un dato contundente: mientras en el primer año se inscribieron 1650 familias, al siguiente 2035, en el último año analizado sólo 31, el número que se otorgó fue de apenas 59 familias para el primer caso, 192 para el segundo y 13 para el último.

El informe revela que no había evaluación de impacto de resultados ni seguimiento de los casos, además nunca alcanzó la cobertura mínima prevista en la normativa.  El Auditor General Lisandro Teszkiewicz de Fuerza Patria comentó: “El PRO convirtió una política social fundamental en una cáscara vacía. No es un error de gestión, es un proyecto político pensado para excluir a quienes más necesitan. Gobiernan para el mercado inmobiliario, no para las familias trabajadoras que no tienen donde vivir”.

Al solicitar los motivos, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) informó que se debía a la exigencia de antecedentes financieros y el vencimiento de los plazos de tramitación. Respecto a esto Teszkiewicz agrega: “Lo llaman alquiler social, pero es un filtro social para dejar familias sin casa. Los motivos de rechazo carecen de razonabilidad en el marco de una política social, el primero ligado a que es casi inaccesible mantener antecedentes financieros estables en una población vulnerable y el segundo motivo apunta directamente a cuestiones burocráticas de la propia gestión que terminan expulsando a los propios inscriptos”.

El informe también revela que la mayoría de beneficiarios se encuentran en zona Norte y centro (comunas 13,14,6,7,12 y 15), dejando sin cobertura a los barrios del sur donde se concentra la población más vulnerable y el mayor déficit habitacional. A pesar de que casi 4.000 familias quedaron afuera, el Gobierno porteño no realizó ningún informe de impacto que permita evaluar la efectividad de estos programas, ni seguimiento de resultados ni programación de metas, lo que confirma según la AGCBA la falta de voluntad política de dar respuesta a la crisis habitacional.

El Auditor de Peronismo x la Ciudad concluyó: “Mientras miles de familias viven con la angustia de no saber cómo pagar el alquiler, el PRO se dedica a ver con quién le conviene negociar en las próximas elecciones. Como en todas las áreas que venimos observando, la política del PRO no está hecha para resolver problemas sociales, está pensada para consolidar negocios privados sin control, sin transparencia, con errores en sus facturaciones y fallas en el cumplimiento de las normativas”.