El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó un tuit en su cuenta de X titulado "Orden en la Villa 31", en el cual festeja que su gestión cerró "todos los corralones que operaban de forma ilegal suministrando material para el crecimiento" del barrio popular.

La legisladora de Unión por la Ciudad, Maru Bielli, se hizo eco del reclamo de los vecinos que denuncian operativos ilegales y robo de mercadería y publicó en sus redes sociales, donde expresó: “Bastante vieja y vetusta la idea de construir enemigos internos y estigmatizar a los villeros”.

“Están cerrando accesos que son ingreso de ambulancias para que no “entren materiales”. ¿En qué país viven? Los vecinos no tienen un mango, ¿quién va a construir? Y al que labura como comerciante lo persiguen, lo clausuran, lo hostigan. Le piden obligaciones que no pueden cumplir por una ley de urbanización inconclusa”, explicó Bielli.

En lugar de cumplir con una la Ley de urbanización aprobada por la legislatura, persiguen a los vecinos con operativos violentos y desmedidos que no dan ninguna respuesta a las necesidades del barrio.  En este último avance, dejaron a las familias sin suministro de gas.

Desde Mundo Villa, también informaron la situación que están viviendo los habitantes y el retroceso de un proceso de urbanización que había sido consensuado entre autoridades y vecinos.  “Cierran algunos accesos, «limpian» el espacio público, llevándose todo lo que encuentran a su paso, sin importar el esfuerzo que pueda implicar cada cosa. Desde un carrito de panchos, las pocas cosas que pueden vender los mini manteros, teniendo en cuenta que el trabajo informal es parte fundamental de este barrio”.

En estos días también se llevaron parrillas, materiales, motos y todo lo que encontraron a su paso. Incluyendo los carros de los cartoneros que desde hace un año por lo menos están denunciando atropellos que los impiden trabajar. 

Frente a la agudización de la crisis, la única respuesta de Jorge Macri parece ser el amedrentamiento y la estigmatización, mientras las políticas de vivienda y empleo son desfinanciadas.