El objetivo de la iniciativa, impulsada por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli, con el aporte de diferentes organizaciones sociales como: Proyecto 7, el Movimiento Popular Nuestramérica, el MTE y el Frente Popular Darío Santillán, es asegurar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y "en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina".

Para lograr un abordaje integral de la problemática que incluya a provincias y municipios, se dispone la creación de un espacio de articulación para coordinar su implementación en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, del que participarán también los ministerios de Salud; de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR) y todos los ámbitos universitarios, sindicales, organizaciones sociales, entre otras instancias locales.

Se establece como principio general que: "La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos". 

Según el proyecto, las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física y el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia ellas y garantizar las condiciones que permitan el ejercicio de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad.

Entre las medidas que se detallan en la ley, se encuentra la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal y el derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad.

El texto es claro en materia del uso de la fuerza pública, en este sentido establece que primero se deben agotar todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas en esta ley para evitar la coerción y la violencia.